Anticorrupción pide cuatro años de cárcel y 29 millones para la cúpula de Banco Valencia

La antigua cúpula del Banco de Valencia se enfrenta a una posible condena muy importante: la Fiscalía Anticorrupción considera que cometió un delito continuado de administración fraudulenta o desleal y que su antiguo consejero delegado, Domingo Parra, debe cumplir cuatro años de prisión por ello. Los exdirectores de auditoría interna, Carlos Zafrilla​, y de participadas​, Celestino Aznar, afrontan una pena de tres años por el mismo delito. También solicita para los tres la pena de inhabilitación especial para el desempeño de las funciones de administrador de cualquier entidad financiera.

Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal José Miguel Alonso Carbajo pide que los tres indemnicen solidariamente a Caixabank como sucesora de Banco de Valencia con 29,1 millones de euros, cantidad en que cifra el perjuicio causado por la quiebra, rescate y garantías públicas concedidas a la entidad valenciana. En caso de que su comprador renuncie a ella, pasaría al FROB.

La entidad valenciana fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank, con un generoso EPA (esquema de protección de activos, garantía contra pérdidas de su cartera) sobre 4.350 millones. El Tribunal de Cuentas calcula la inyección total en 19.000 millones, lo que supone el récord de mayor volumen de ayudas públicas en relación a su tamaño, de los que da por perdidos 6.000. Eso, sin contar el traspaso de sus activos tóxicos a Sareb.

En la presente causa estuvo imputado el exministro del Interior entre 1993 y 1994 Antonio Asunción, fallecido en 2016, así como su exsocio Társilo Piles, por delitos de administración fraudulenta y apropiación indebida. Asunción y Piles, siempre según la Fiscalía, pretendieron expandir sus negocios de piscifactorías, que detentaban a través de varias sociedades, mediante la aportación de fondos y la participación en dichos negocios del Banco de Valencia a través de la adquisición de un porcentaje.

La operación de Maremar

Con el objetivo de inyectar fondos en la nueva sociedad de explotación de peces que se iba a constituir, los exdirectivos de la entidad financiera hoy acusados dieron los pasos necesarios para entrar "a todo trance" en el accionariado. Zafrilla logró que Banco de Valencia adquiriera el 20 % de Maremar por seis millones de euros, aunque en su escrito la Fiscalía relata que esta valoración de 30 millones de euros quedó fijada tras una "negociación", ya que en teoría su valor real ascendía a 51,8 millones.

Además de no haber realizado la 'due diligence' o análisis en profundidad de la situación de la compañía, Anticorrupción señala que la información entregada al consejo de administración del banco fue sesgada y escasa, sobre todo porque "afectaba fundamentalmente a la valoración de la compañía que se quería comprar".

Los exdirectivos de Banco de Valencia plantearon la operación de inversión con un pago de la mitad "no a la sociedad en cuestión, sino a sus socios", ello para la compra de un porcentaje en un negocio "que no había producido beneficio alguno desde su inicio y en el que tales socios habían invertido no más de 1,04 millones de euros", cantidad que no se puede descartar que correspondiese "total o parcialmente a alguna subvención".

Para valorar Maremar se hicieron unas "previsiones desorbitadas" de ventas para los cuatro años siguientes, con un incremento exponencial de hasta más de seis veces las conseguidas en 2006. Se previeron 15,8 millones 2007; 22,1 millones para 2008; 34,9 millones para 2009 y 36,7 millones para 2010, cuando en realidad en 2010 las ventas fueron de 13,3 millones.

Desde un primer momento los acusados conocieron las cifras reales, pero ninguno de ellos trasladó "información veraz y objetiva" a los órganos sociales del banco, sostiene el escrito. Pese a ello, y a que el desvío patrimonial se mantuvo en el tiempo, los acusados optaron "arbitrariamente, sin apoyatura ni criterio económico lógico alguno, y con perjuicio muy previsible para el banco, en aumentar el porcentaje de participación hasta el 68 %".