Barberá ya maquina la 'vendetta': exigirá una reparación si se archivan todas sus causas

En menos de 15 días, el Tribunal Supremo ha tumbado dos de las tres causas que le habían llegado desde los juzgados valencianos contra la senadora Rita Barberá. La semana pasada, la Sala de lo Penal dio carpetazo a la denuncia por un posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por la negativa de la exalcaldesa a retirar símbolos franquistas durante su etapa al frente del consistorio. También el pasado 30 de junio, la Fiscalía del alto tribunal firmó el documento por el que archivaba las diligencias por el llamado caso Ritaleaks, una causa en la que se investigaba si Barberá vulneró la ley en los gastos de representación en viajes, restaurantes, alojamientos o regalos institucionales, casi 500 facturas por importe de 278.000 euros.

En su escrito, el fiscal Carmelo Quintana sostiene que no observa infracción penal, "sin perjuicio de que pudiera considerarse la existencia de algún déficit en la justificación de alguno de los viajes, cuestión cuya determinación procedería efectuarla en el ámbito de la jurisdicción contable", según el texto que ayer adelantó El Mundo y que fue confirmado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

"Sabemos el carácter que tiene. Es de las que les gusta ganar cinco a cero. Pero debe ser prudente; todo su grupo está imputado", dicen desde el PP valenciano

En estos momento, el futuro judicial y político de la que fuera símbolo del Partido Popular en Valencia y también en España (la "alcaldesa de España", la definía Mariano Rajoy en público) pende de la decisión que la Fiscalía del Supremo adopte con respecto a su implicación en la trama de blanqueo de la denominada operación Taula. El juez instructor en Valencia, Víctor Gómez, elevó al TS una exposición razonada en la que pedía que continuase con una investigación que él no puede legalmente realizar, dada la condición de aforada de la senadora. El escrito justificaba su petición, no por las pruebas indiciarias contra ella, sino por la relación de superioridad que la exalcaldesa tenía con el grupo municipal del PP, en especial con su secretaria, Mari Carmen García-Fuster, considerada la 'cajera' en B de la trama.

Así lo argumentaba el juez Gómez:

"Barberá ostentaba una efectiva posición como superiora jerárquica de la principal investigada, García-Fuster, tanto por ser alcaldesa de Valencia en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Existiendo, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del grupo desde el año 1991 en que fue designada por aquella".

Un cheque de Bankia de 1.000 euros y suposiciones difusas sobre el nivel de conocimiento de la exalcaldesa, surgidas de testimonios de los testigos, que han declarado que García-Fuster y otros asesores implicados les conminaron a hacer una donación al partido para la campaña para después devolverles el dinero en negro (el delito de blanqueo), son todos los indicios contra la senadora que aparecen en la exposición razonada.

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En el PP valenciano, están convencidos de que, con esa base, es muy probable que Barberá salga indemne también de esta causa y el alto tribunal dé carpetazo al asunto. De ser así, la senadora, que ya maquina su particular 'vendetta' desde su actual soledad política, no tardará en romper su silencio y exigir una reparación pública. "Todos sabemos el carácter que tiene. Es de las que les gusta ganar cinco a cero. Ahora está muy callada, pero seguro que saldrá a hacer declaraciones públicas y exigirá disculpas a los que la han atacado", explican a El Confidencial desde las filas populares.

Barberá no podrá evitar llevar sobre sus hombros la sospecha permanente de haber sido la señora X de los pecados cometidos por su grupo municipal

Como una veterana tigresa enjaulada, el animal político que es evita ahora los actos públicos, se lame las heridas y guarda silencio. Pero en su memoria están grabadas a fuego las declaraciones que han hecho, no solo desde formaciones contrarias, sino también algunos valores de su propio partido. Es fuerte la tentación de reclamar venganza y usar su influencia para pasar factura a los que han hecho fuerza para jubilarla (su relación personal con Rajoy es lo que la mantiene en su escaño). Sin embargo, ya hay quien desde el PP valenciano le pide "prudencia": "No hay que olvidar que todo su grupo municipal está imputado. Si se archiva su parte, debe ser prudente".

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Ciertamente, al margen de la decisión que adopte el Supremo con las pruebas que tiene encima de la mesa, el juez instructor de Valencia sigue adelante con la causa de blanqueo, a la que acaba de añadir además una investigación por delito electoral contra el equipo de Barberá y el PP de Valencia, al apreciar indicios de financiación ilegal en las campañas municipales de 2011 y 2015.

Así que puede que la senadora aparte de sí el cáliz de la investigación judicial, pero no podrá evitar llevar sobre sus hombros la sospecha permanente de haber sido la señora X de los pecados cometidos por un grupo municipal que siempre manejó con mano de hierro.