Colau mete en las listas al Congreso a los concejales ‘quemados’ del Ayuntamiento

Tres de los concejales más cuestionados en el Ayuntamiento de Barcelona copan puestos de salida en la lista de Sumar del 23-J. Entre los cinco primeros nombres figuran Gerardo Pisarello, Gala Pin y Eloi Badia. Todos ellos dejaron un reguero de polémicas y un sabor amargo a los vecinos de la ciudad condal durante su etapa como munícipes. De número 4 aparece la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, sin relación con la política municipal, pero a la que había que encontrar acomodo en las listas de alguna provincia para compensar su dedicación al partido.

Así pues, de los cinco primeros puestos, tres son dirigentes cercanos a Ada Colau. Es más: el abandono del cabeza de lista, Jaume Asens, que en 2019 ya salió erosionado del gobierno municipal, salpicado por diversas polémicas, ha implicado la entrada de otros dos dirigentes locales también cuestionados.

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El número 2 de las listas es Gerardo Pisarello (en 2019 había concurrido como número 3), cuyo rol como primer teniente de alcalde durante el primer mandato de Colau fue muy criticado. Además de sus modos ásperos con la oposición, los desprecios hacia todo lo que no comulgase con el ideario de los comunes y sus ausencias de plenos o de comisiones clave le granjearon no pocas críticas y una aureola de político arisco. Pisarello fue quien promocionó la retirada de los símbolos monárquicos de los espacios públicos de Barcelona (fue famosa la retirada del busto del Rey del salón de plenos), su empeño en que no se colgase la bandera española en el consistorio o la reivindicación de que el Gobierno central ceda la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana para instalar en ella un ”museo de la tortura”.

Una de sus primeras iniciativas en cuanto fue elegido primer teniente de alcalde fue hacer que su esposa, Vanesa Valiño, fuese contratada como asesora por el Ayuntamiento. Valiño era compañera de fatigas de Colau en el Observatorio DESC, la entidad en la que también colaboraba Pisarello. Bajo los mandatos de los comunes, la entidad ha recibido más de 250.000 euros en subvenciones públicas municipales.

Un viaje sospechoso

En 2018, Pisarello viajó a Uruguay y Argentina en pleno agosto. Fue un supuesto viaje de trabajo. Se vio con el expresidente Pepe Mújica, tuvo algunas reuniones y recaló luego en su país, Argentina, donde se vio con la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, visitó la Esma (la escuela de Marina, donde torturaron a miles de personas durante la dictadura) y tuvo una reunión con juristas que denunciaban los crímenes del franquismo. Luego, visitó el San Lorenzo de Almagro y nada más. En su cuenta, publicó una foto de él con sus hijos en la puerta de su casa familiar, donde se quedó un par de semanas más. “¿Trabajando para Barcelona? Lo que parece es que está de vacaciones pagadas”, le recriminaron desde la oposición. El viaje costó a las arcas municipales 10.500 euros y eso porque el billete de vuelta fue sufragado por el Universidad de Rosario.

El número 3 de las listas de En Comú Podem lo tiene, en esta ocasión, Gala Pin, una antigua okupa que durante su mandato se granjeó la animadversión de colectivos, gremios y vecinos dado su posicionamiento radical en temas ciudadanos. Pin no repitió en las listas municipales de 2019 por la polémica desatada por sus comportamientos. Es amiga íntima de Ada Colau (ambas compartieron trabajo en el Observatorio DESC y en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH) y se ha dejado ver con ella durante los últimos meses en paseos por diferentes barrios de la ciudad. Una de sus últimas polémicas fue fotografiarse, casi a finales del año pasado, con un carrito de bebé ante una pintada que rezaba ‘Mamá, estoy bien’. La frase se había escrito sobre el Palau Centelles, considerado patrimonio histórico de la ciudad.

Pin no se mordió la lengua durante su último mandato: “Definitivamente, Collboni es tonto de remate y vive en el año 1995… ¡Qué cruz!”. El socialista había pedido ampliar el aeropuerto de El Prat para ganar en conectividad intercontinental, atraer empresas y crear empleo. Pin añadió: “Yo lo único que pido es que nos toquen políticos inteligentes, porfa. Incluso cuando son adversarios. O, sobre todo, cuando no lo son. Que los políticos huecos son una cruz insoportable y peligrosa (nadie celebraría más que yo un divorcio con el espacio de los socialistas)”. En aquel momento, Collboni era primer teniente de alcalde y sostenía con sus votos el Gobierno municipal de Colau.

"Actitudes inquisidoras"

Gala Pin llegó a concejala de Ciutat Vella, el distrito más duro de la ciudad y donde ella fue okupa. Batalló contra los pisos turísticos, calificó a los visitantes de “plaga de langostas”, suspendió las licencias relacionadas con el sector y el ocio en cuanto tomó posesión de su cargo. Vivió los días duros de los manteros campando a sus anchas mientras ella pedía permisos de trabajo y papeles. Los restauradores y vecinos la acusaron de “actitudes inquisidoras, decisiones arbitrarias y falta de sensibilidad y valentía, de hacer sufrir a los trabajadores y a sus familias” cuando decidió restringir las terrazas en el barrio. Las asociaciones le acusaban de haber retirado mesas y sillas “y su lugar lo han ocupado manteros y bicicletas abandonadas”. De más de 100 escritos de alegaciones, sólo contestó a una decena y, aún así acusaban: “No responde a nada de lo que se le pregunta”.

Tras salir por la puerta falsa del consistorio en 2019, Gala Pin pasó a trabajar para la Fundación Goteo, una entidad que había tenido subvenciones por 287.000 euros del Ayuntamiento. El comité de ética del consistorio reprobó esa acción y la definió como “un caso flagrante de puertas giratorias”. Tras saltar el escándalo, aseguró que nunca había participado en la concesión de las subvenciones, pero renunció al empleo.

La novia enchufada

El tercer candidato vinculado con el Ayuntamiento de Barcelona es Eloi Badia, que hasta su incorporación fue uno de los responsables de Enginyeria Sense Fronteres (ESF), una de las entidades que ha recibido subvenciones y contratos públicos municipales. Estas concesiones están siendo investigadas judicialmente. Badia colocó a su novia, Tatiana Guerrero, como asesora por más de 51.000 euros (actualmente percibe más de 56.000).

Badia tiene varias querellas pendientes de resolución. Una de ellas es como consecuencia de la gestión al frente de la empresa pública TERSA, investigada por lanzar a la atmósfera sustancias cancerígenas. Después de años de hacer oídos sordos a plataformas vecinales y ecologistas, la justicia admitió una querella contra Badia y altos cargos de la compañía pública en 2022.

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Entre sus iniciativas se puede señalar la intención de montar una funeraria pública o la de municipalizar la gestión del agua. De hecho, Badia era el responsable de Cementerios de Barcelona cuando se derrumbó, en 2017, un bloque de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc. La gestión municipal acabó con querellas de los familiares de los fallecidos, que fueron rechazadas por el juez, y con la indignación de las familias al haber mezclado restos de fallecidos.

Por otro lado, su labor al frente de ESF también tenía mucho que ver con el agua, puesto que una de las entidades con las que colaboraba era Aigua és Vida, una plataforma cívica que aboga por la gestión pública. Esta implicación le llevó a una guerra sin cuartel con Agbar, que es la empresa que tiene la gestión del agua de la demarcación del área metropolitana de Barcelona hasta el año 2047. Colau y Badia desplegaron un auténtico arsenal de acusaciones contra Agbar. Hubo fake news y guerra sucia del Ayuntamiento contra la empresa, hasta que el Tribunal Supremo avaló los términos del actual contrato de gestión.

Badia tuvo también que ver con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), dirigida a restringir el tráfico y reducir la contaminación. En marzo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia tumbó la ZBE. Y tiene pendiente una querella de vecinos por delito ecológico al destinar una zona verde en Vallcarca a la construcción de dos bloques de viviendas. Su gestión al frente del Instituto Municipal de Parques y Jardines no está exenta de polémica: tras varias denuncias por acoso sexual contra dos trabajadoras, que acabaron en condena judicial, Badia ascendió de categoría al protagonista.