Una asociación israelí se querella contra Colau por un delito de incitación al odio

A una semana y dos días de las elecciones, la candidata de Barcelona en Comú (BeC) a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, se ha encontrado con una sorpresa inesperada: una querella interpuesta ante la Fiscalía por la entidad Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM)l, que la acusa de incitación al odio (en ella se habla de antisemitismo) y de prevaricación. El motivo último fue la publicación de un decreto de alcaldía el pasado 9 de febrero por el que la alcaldesa suspendió el acuerdo de amistad y colaboración entre Barcelona y Tel Aviv y anunció la “ruptura de relaciones con el Estado de Israel”. Basándose en una decisión posterior del pleno municipal en el que se rechazaba esa medida, ACOM interpuso en el mes de marzo un pleito contencioso-administrativo contra la decisión de la alcaldía y ahora ha interpuesto querella criminal contra la munícipe. La demanda discurrirá de forma paralela al pleito contencioso-administrativo.

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“Nosotros somos una organización que vela por la defensa de las relaciones de España con Israel y por erradicar los mensajes de antisemitismo. Tras el decreto de alcaldía, respondimos a la iniciativa por un cauce clásico, interponiendo un recurso contencioso, pero en el Ayuntamiento no nos han hecho caso”, explican a El Confidencial fuentes de ACOM. Un comunicado de esta entidad señala que “la actuación de la actual alcaldesa, plenamente arbitraria y alejada del derecho ha llevado a que ACOM presente una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona para que se investiguen los hechos por parte del Ministerio Público”.

Esos hechos se resumen en tres actuaciones que se denuncian: “La ruptura de relaciones fue una decisión unilateral de la alcaldesa. Luego, en el pleno le pidieron la revocación de la medida e hizo caso omiso. De forma arbitraria, mantiene el veto. Pero, además, Colau no tiene competencias porque la ruptura es una cuestión que sólo puede realizar el Estado español. Por tanto, se escapa a sus competencias”, explican las fuentes. De hecho, la querella recuerda que la alcaldesa “ignoró la propia resolución plenaria que anulaba esa suspensión de relaciones”.

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El 8 de febrero, Colau anunció la “suspensión temporal” de relaciones entre Barcelona e Israel y envió una carta a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí en la que le decía: “Le hago saber que he decidido suspender temporalmente las relaciones con el Estado de Israel y con las instituciones de dicho Estado -incluyendo los acuerdos de hermanamiento con el Ayuntamiento de Tel Aviv- hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina y cumplan plenamente las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las distintas resoluciones de Naciones Unidas”, asegurando, no obstante, que la medida afecta sólo a las relaciones institucionales “y en ningún caso afecta a su ciudadanía”.

En la misiva, Colau apelaba a que “reconocidas organizaciones” denunciaban “que las prácticas del Estado de Israel contra la población palestina pueden constituir crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución. Por lo que respecta a Cataluña, el propio Parlamento aprobó por mayoría una resolución que calificaba las prácticas de ocupación israelíes como ‘equivalentes al apartheid’ el pasado mes de junio”.

Todos los judíos, interpelados

En la querella, se afirma que las manifestaciones contenidas en el decreto del 9 de febrero “constituyen un ataque directo a toda persona judía, con independencia de su nacionalidad o residencia, cuyos efectos más cercanos se circunscriben con relación a los residentes en España”. Fuentes municipales resaltan que el decreto aludido se dedicaba escuetamente a anular el acuerdo de hermanamiento de Barcelona con Tel-Aviv y Gaza. Otra cosa es la carta enviada a Netanyahu, pero ésa es una misiva que hay que entender “en términos de posicionamiento político”.

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En los círculos israelíes se ve el tema de otra manera: se considera que la actitud de la alcaldesa “contribuye a la promoción, difusión y propagación de un discurso de odio frente al pueblo judío y lo hace invadiendo competencias reservadas al Estado, como son las relaciones internacionales". Se trata, asegura ACOM, de “un acto arbitrario y contrario a derecho, lo que era conocido por la denunciada”. También incide la querella en que el decreto aprobado por la alcaldesa “constituye un acto xenófobo y antisemita, por cuanto no se viene sino a discriminar a los ciudadanos de Tel-Aviv por razón de su origen, así como a cualquiera de los ciudadanos israelíes que vivan en España, quienes, obviamente, han de sentirse perjudicados por tales hechos, que no hacen sino propagar un mensaje contrario a valores fundamentales de nuestra Constitución”.

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Es cierto que hay un dato que no ha de escaparse en el análisis de la interposición de la querella: falta poco más de una semana para la celebración de las elecciones, por lo que se puede interpretar el asunto como una medida electoralista. Pero, para ACOM, Colau ya anunció la ruptura de relaciones con una idea preconcebida de darle mucho eco mediático. Había un objetivo claro y estratégico de poner el foco en las comunidades israelíes y en los ciudadanos israelíes españoles”. Por tanto, la querella es una consecuencia de una iniciativa de la alcaldesa en periodo preelectoral. De hecho, Ada Colau recogió el testigo que le entregaban un centenar de organizaciones que acusaban a Israel de practicar un genocidio con los palestinos de los territorios ocupados. Y a nadie se le escapa que la gran mayoría del electorado de los comunes está alineado con las posiciones palestinas.

La segunda querella en la historia

No obstante, las fuentes israelíes consultadas por este diario aseguran que la medida de denunciar penalmente es extraordinaria. “En toda la historia, es la segunda vez que acudimos a los tribunales. La primera fue como consecuencia del Premio Goya dado a un documental cuyo director lo había basado en una serie de fake news que denigraban al pueblo israelí. Acudimos a los tribunales y la justicia amparó al director en aras de la libertad de expresión. Acatamos la sentencia, pero ahora nos encontramos con un caso que no es de libertad de expresión, sino que tiene unas connotaciones específicas, como la aprobación unilateral de un decreto, el no respeto a las decisiones de un pleno municipal o la elección de unas medidas de ruptura que llevan a difundir un relato de odio y discriminación muy potente. Creemos que el tema es lo suficientemente importante como para tener que recurrir a la justicia”.

La entidad pone en el cómic pone al mismo nivel a ERC, Barcelona en Comú, el PSC y JxCat

Por otro lado, ACOM presentó la pasada semana un cómic dentro de una campaña de sensibilización “porque Cataluña, y en especial su capital, se han convertido en un foco de hostilidad contra Israel, registrándose un incremento de las acciones antisemitas. La razón de que dicha lacra se haya normalizado es la connivencia de los principales partidos catalanes (y sus grupos municipales de Barcelona). Una connivencia que va de la acción al silencio cómplice. El último ejemplo, pero no el más grave, fue la cancelación del acuerdo de hermanamiento Barcelona-Tel Aviv por decisión de Colau. Pero antes ha habido financiación de la discriminación contra los judíos desde las instituciones locales, la criminalización de Israel, la glorificación del terrorismo que asesina a judíos…”. En el cómic pone al mismo nivel a ERC, Barcelona en Comú, el PSC y JxCat. Acusa a los cuatro principales candidatos a las elecciones de exhibir “un largo historial de silencio, cuando no de complicidad, frente a los actos y declaraciones que han hecho de Barcelona un triste modelo del antisemitismo europeo con apoyo institucional, creando un caldo de cultivo para la proliferación de ataques contra las comunidades judías locales”.