La consejera de Exteriores de Cataluña admite y justifica la desobediencia al TC

La consejera de Exteriores de la Generalitat de Cataluña Meritxell Serret se reafirmó en sus acciones y convicciones en el juicio que este miércoles se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Serret se fugó con Carles Puigdemont a Bélgica, pero volvió a España el 11 de marzo de 2021, en una acción que fue duramente criticada tanto por el expresident como por los otros huidos. “Los miembros del Govern, en 2017, tuvimos que sopesar un juicio ponderativo entre seguir el mandato del Parlament y los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional. Yo, como miembro del Ejecutivo, siempre miré de ser coherente y eso significa ser leal al Parlament y dar respuesta a un mandato democrático y parlamentario”, aseguró Serret.

De hecho, su juicio tenía que haberse celebrado junto al de otros exconsejeros como Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que fueron condenados en su momento por hechos similares. Pero, con su fuga, fue declarada en rebeldía y no se la pudo sentar en el banquillo. Curiosamente, solo 24 horas antes del inicio del juicio, su compañera de huida, Clara Ponsatí, había aterrizado en Barcelona. Las acusaciones que pesan sobre ambas son idénticas: petición de inhabilitación de un año y 12.000 euros de multa.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo abre juicio a la 'exconsellera' Serret y envía la causa a Cataluña

Beatriz Parera

En la vista de este miércoles, no quiso contestar a ninguna pregunta, pero hizo un alegato político ante el tribunal. “Hemos vivido cómo se ha judicializado este conflicto. Se quiso criminalizar un proyecto legítimo que es el independentismo y el republicanismo y se quiso anular la vía política impidiendo y negando el debate político en instituciones parlamentarias. Me reafirmo en las decisiones que tomé como miembro del Govern, porque siempre estuvieron ligadas a esta visión de ser leal y obedecer los mandatos que provienen de mayorías parlamentarias. Me reafirmo en que el 1-O no fue un delito y también me reafirmo en que el proyecto independentista y republicano es legítimo. Tengo derecho a defenderlo políticamente y de ganarlo democráticamente”.

La consejera hizo un mitin en su turno de palabra. “Las convicciones que tenía entonces, las conservo hoy. Defiendo una república catalana y un proyecto independentista. Tengo la convicción de que el derecho de autodeterminación está vigente y se basa en una reivindicación sostenida por una parte importante de la sociedad para poder decidir y determinar su futuro político. Como Govern, el deber que tenemos es cumplir con el mandato parlamentario, lo que nos dice la mayoría del Parlament de Cataluña. Había un Ejecutivo que debía cumplir lo que le decía la mayoría parlamentaria”, dijo. Y, luego, zanjó: “Estamos viviendo un conflicto político de raíces democráticas, que vivió una escalada con la sentencia del TC que recortó el Estatut con una sentencia que menospreció la voluntad del legislador y la de la soberanía de la ciudadanía de Cataluña que lo había votado y menospreciaba la propia vía política y democrática para discernir estas cuestiones”.

“No criminalizamos ideas ni proyectos”

La fiscal Neus Pujal se reafirmó en las peticiones de inhabilitación y multa y corrigió a la consejera. “La acusación de Fiscalía se basa en los informes técnicos y jurídicos. Aquí no venimos a hacer electoralismo. Aquí no se criminalizan ideas, ni un proyecto político. Fíjese que no se ha sentado en el banquillo ni uno solo de los votantes el 1-O. Votar no es delito. Por eso, el fiscal sólo acusa de hechos. El pensamiento no delinque y no vamos a acusar a nadie por sus ideas. En este caso, acusamos por una actitud reiterada, contumaz, infringiendo las resoluciones judiciales que le habían sido trasladadas. Las resoluciones públicas se han de cumplir”.

La representante del Ministerio Público desgranó todas las resoluciones que le habían sido comunicadas personalmente y que la entonces consejera de Agricultura desobedeció una por una. También se refirió a otro detalle que alega el informe de la defensa: Serret puso como excusa para desobedecer el programa electoral que los partidos independentistas habían presentado a las elecciones. “Usted pone como prueba los programas electorales —ironizó la fiscal—. Y dice que si se admite legalmente ese programa, se admite el desarrollo de esos programas. Independientemente de que el cumplimiento de un programa electoral es muy relativo, lo que debemos mirar es la línea de punición. Uno puede tener anhelos o deseos, pero si no los canaliza por vías legales, cometerá un delito. Y si los canaliza por vías ilegales, se sentará en el banquillo”.

Por último, la fiscal le recordó que “se ha olvidado usted, como hacen siempre, de citar la Comisión de Venecia. Pues bien, el presidente de la Comisión de Venecia rehusó por escrito dar apoyo al referéndum y les advirtió por carta que todo referéndum debería realizarse de acuerdo con la Constitución y sin vulnerar la ley. Eso no lo nombra usted. Además, hay otra cuestión: todos los países de nuestro entorno han aprobado sus Constituciones protegiendo la integridad territorial del Estado”. Y terminó con otra andanada: “Alega en su escrito de defensa que en 2005 se despenalizó el referéndum y eso quiere decir que es legal. Pues no. Aproximarse a una persona no es un delito. Pero ni un juez dicta orden de alejamiento, entonces sería delito acercarse a ella. En otras palabras: si un juez dice que ese referéndum es ilegal y no se puede realizar, usted comete delito de desobediencia si ayuda a realizarlo”.

También la Abogacía del Estado reiteró que Serret, “como autoridad y consejera, fue destinataria de requerimientos en los que se le imponía una actuación clara, que era no apoyar acuerdos fuera de los cauces legales, constitucionales y estatutarios. Pese a todo, los omitió de forma contumaz, voluntaria y conscientemente. Esos son los únicos hechos que se enjuician. No estamos aquí para enjuiciar ideas políticas, sino hechos”.

"El referéndum era legítimo"

Iñigo Iruín, letrado defensor de Serret, justificó la celebración del referéndum. “En 2015 [fecha de las elecciones que permitieron a JxS, la coalición de ERC y CiU ganar exiguamente las elecciones], había una mayoría social a favor del referéndum. En concreto, el 56% del Parlament a favor de la independencia y el 81% a favor del referéndum. Y solo el 1% de los municipios estaban en contra de la celebración. Por tanto, la legitimación democrática de un referéndum era indudable”.

TE PUEDE INTERESAR

Meritxell Serret admite que desobedeció al Constitucional, pero niega pagos para el 1-O

EFE

Admitió el letrado que “es cierto que había requerimientos del TC, pero hay doctrina que dice que el TC pasa de lo que es su terreno a adoptar poderes ejecutivos que no poseía para garantizar coactivamente el cumplimiento de sus decisiones. Es evidente también que es una modificación ad hoc ante el conflicto político de Cataluña”. Sí se refirió a la Comisión de Venecia, “que dice que no hay un estándar común en materia de cumplimiento de resoluciones de los tribunales constitucionales, pero que en muchos países de Europa no hay normas concretas sobre qué hacer. Solo en Moldavia se imponen multas coercitivas”. O sea, “se ha arrastrado al TC al campo de la acción político abandonando su terreno propio en el derecho comparado”.

Iruín terminó subrayando que “Serret no ha venido aquí a atenuar o a disimular lo que hizo. Reconoce que recibió los requerimientos. No hemos venido a tratar de camuflar nada ni a confundir. Lo dijo en su declaración: reconoce su actuación y la mantiene”. Y reiteró lo que la consejera había dicho: “Cuando era consejera de Agricultura, se encontró ante una colisión de deberes, un conflicto. Desde su perspectiva, entendía que debía apoyar los decretos de convocatoria del referéndum y consideró que ese mandato era vinculante para ella, al mismo tiempo que sabía que ya no estaba prohibido el referéndum. Pero, en definitiva, se enfrentó a un conflicto de deberes”. Ahora será la sala del TSJC la que debe dictaminar sobre su culpabilidad o inocencia.