La Sagrada Familia encara la gran polémica de sus obras: ¿a cuántas familias se expropiará?

Tras 140 años en construcción, la Sagrada Familia está a tan solo cuatro de verse al fin completada. Con el retraso por la pandemia, las obras que debían acabar en 2026 se alargarán hasta 2027. Será cuando el templo se remate en altura, con la finalización de las torres de los evangelistas, pero entonces llegará el verdadero problema: ¿qué hará Barcelona con el acceso al monumento? La junta rectora del templo quiere que se respete el proyecto original de Gaudí, que supondría el derribo de dos manzanas enteras para la creación de una gran avenida que desemboque en el edificio. El Ayuntamiento, sin embargo, apuesta por otra solución, menos agresiva, pero que también implicaría la expropiación de viviendas, unas 200.

La Sagrada Familia es una de las principales atracciones turísticas y culturales de Barcelona, pero tras ella late un conflicto que marcará la próxima legislatura. El actual equipo de Gobierno en la Ciudad Condal, que se propuso resolver esta legislatura el dilema, no ha querido responder a El Confidencial las preguntas planteadas sobre su propuesta. Lo que se recoge son los detalles que han ofrecido los vecinos afectados a raíz de lo que a ellos les ha trasladado el Consistorio.

Actualmente, el principal acceso habilitado y el reconocible para cualquiera que haya visitado el templo es el de la fachada del Nacimiento. Pero el proyecto de Gaudí situaba la entrada principal de la Sagrada Familia en la fachada de la Gloria, la que da a la calle Mallorca. Y, para salvar la diferencia de altura de la construcción con el nivel de la vía y otorgar majestuosidad a la entrada, proponía la construcción de una escalinata y una gran avenida que desembocase en el edificio.

Este planteamiento entra en conflicto directo con la organización actual de la ciudad. En el lugar en el que se debería construir, se levantan dos manzanas con unas 3.000 viviendas. La propuesta, que los vecinos rechazan por completo, es la que defiende la junta constructora del templo. Desde el órgano aseguran que su objetivo "es acabar la obra de Gaudí, siempre siguiendo sus directrices". "Jamás renunciaremos a la escalinata", añaden.

El plan del Ayuntamiento

Según cuentan los vecinos, el Gobierno de Ada Colau es partidario de optar por otra propuesta. Como se puede observar en la infografía que acompaña a este artículo, la iniciativa pasa por crear un pasillo de 60 metros de largo entre las calles Mallorca y Valencia. Las familias afectadas ascenderían a 200 y serían reubicadas en unos terrenos contiguos, propiedad del templo. A diferencia de la propuesta de Gaudí, únicamente se vería afectada una de las manzanas y solo de manera parcial. El Pórtico de la Gloria quedaría enmarcado entre los edificios que se mantendrían de pie.

Los pisos en la manzana afectada rondan los 400.000 euros

Desde la junta constructora del templo, defienden que no tienen constancia de la propuesta municipal, y eso que la reubicación de los vecinos implicaría llegar a un acuerdo con ellos, ya que los terrenos donde podrían construirse los nuevos pisos les pertenecen.

Desde 1976, los afectados por la edificación de la Sagrada Familia viven con "una angustia permanente", asegura el portavoz de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia, Gabriel Mercadal. En aquel año, los edificios comprendidos en esa franja de 60 metros (y a lo largo de las dos manzanas, no solo la primera) pasaron a quedar afectados, según el Plan General Metropolitano, y lo que antes era zona urbanizable pasó a ser considerada verde, aunque los inmuebles ya estuviesen levantados.

Las familias afectadas ascenderían a 200 y serían reubicadas en unos terrenos contiguos, propiedad del templo

El malestar entre los vecinos es notorio. "El Ayuntamiento debe hablar con el Templo, pero pasan los meses y no lo hacen", declara Mercadal. Los avances que se han hecho en las negociaciones no han sido trasladados a la junta constructora, que mantiene que lleva años esperando a que el Ayuntamiento se ponga en contacto con ellos. El director general, Xavier Martínez, lo deja claro: "No se nos ha vuelto a convocar desde el Ayuntamiento". La Asociación de vecinos ratifica las palabras del directivo. Lo único que existe actualmente es un diálogo entre las asociaciones y el Consistorio.

"Los otros aspectos se pueden atrasar, pero se debe hablar de la finalización de la obra", defiende Mercadal mientras el Ayuntamiento mantiene silencio sobre un tema clave para Barcelona. Y sobre una decisión que obliga al cambio de casa a centenares de vecinos. El Consistorio tampoco quiere dar cifras del gasto que supondría una actuación así o cómo se financiaría. Desde Junts sostienen que el desembolso, en todo caso, lo debería asumir la junta constructora. Los pisos en la manzana afectada rondan los 400.000 euros.

Clave en las municipales

El silencio del Ayuntamiento, además, contrasta con lo que puede ser uno de los temas capitales de la campaña electoral. Barcelona sí o sí deberá resolver la próxima legislatura cómo remata el acceso a la Sagrada Familia y todos los partidos y candidatos deberán posicionarse. El equipo de Colau evita de momento un tema espinoso, que ya le ha supuesto alguna que otra polémica a lo largo de la legislatura, como cuando el verano pasado los vecinos del templo pidieron la paralización total de las obras.

De forma paralela, los afectados acentúan sus quejas a medida que se acercan los comicios. No es la primera vez que se ven cerca de llegar a un acuerdo que pueda salvar sus viviendas o al menos parte. "Colau y su Gobierno han tenido este tema en el cajón durante ocho años, abandonando el trabajo que se empezó en el mandato del alcalde Trias y alargando innecesariamente el sufrimiento de los vecinos", apunta el regidor de Junts en el Eixample, Joan Rodríguez. Hace ocho años, justo antes de que Trias cediese el bastón de mando del Ayuntamiento a Colau, los vecinos ya habían llegado a un acuerdo similar con el Consistorio. En ese momento, las elecciones también truncaron lo que podría haber sido la solución definitiva. "Es una patata caliente, pasan los meses y no acaban de atreverse", zanja Mercadal, a pesar de que, según su versión, el acuerdo podría estar prácticamente cerrado entre los afectados y el Ayuntamiento. Otra cosa es el templo.