Los defensores de la escuela en castellano piden recusar a Laura Díez en el Constitucional

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha pedido que la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez Bueso se abstenga de participar en todas las cuestiones que afecten a la causa del 25% del castellano en la escuela catalana, según el escrito de recusación presentado por esta entidad, que ya se encontraba personada en la causa. Díez fue una de las nuevas miembros que entraron en la reciente renovación del alto tribunal y forma parte de la denominada mayoría progresista.

En su escrito, la entidad cívica recuerda que Laura Díez asumió, entre otras, la ponencia del recurso de inconstitucionalidad planteado por los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos contra el Decreto-Ley de Cataluña 6/2022, de 30 de mayo; y la Ley de Cataluña 8/2022, de 9 de junio, según consta en la Nota Informativa núm. 3/2023 del propio tribunal

“De esta nota informativa deducimos que la mencionada magistrada no se ha abstenido en relación con el mencionado recurso; lo que nos conduce a pensar que tampoco lo ha hecho en relación con la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con esas mismas normas. Como se ha indicado mis representados están personados en el citado Procedimiento de cuestión de inconstitucionalidad”, asegura el escrito de recusación remitido al TC.

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Se da la circunstancia de que Laura Díez ya había participado en esta causa y por ello los defensores del 25% de castellano en la escuela piden que se declare que concurre la causa de recusación prevista por la ley.

Díez fue miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo que asesora legalmente al Parlament y al que se recurre a menudo en Cataluña. Así, la AEB entiende que su neutralidad y parcialidad estarían en cuestión, ya que, como parte de este organismo, emitió dos dictámenes sobre la Proposición de Ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y sobre el Decreto ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Arquitectura legal

Estas dos normas configuran la arquitectura legal con la que la Generalitat intentó preservar la inmersión lingüística contra la sentencia del TSJC que le obligaba a dar el 25% de las clases en castellano. Ante el desacuerdo de algunos partidos sobre la validez de dichas normas para alterar una sentencia judicial, a posteriori la cuestión acabó en el TC.

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“Ambos dictámenes figuran en los autos remitidos por el Tribunal Superior de Justicia junto con la cuestión de constitucionalidad planteada en relación al Decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022; resultado esta última de la proposición de ley objeto del mencionado Dictamen 3/2022, de 7 de junio”, recuerdan los representantes legales de la AEB en su escrito para insistir en el rol que jugó el Consejo de Garantías en la época en la que Laura Díez fue una de sus consejeras.

Por ello, esta entidad considera que Laura Díez ni puede ser ponente ni puede votar sobre lo que decida el TC al respecto al “haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”, tal y como marca la Ley Orgánica del Poder Judicial y en su artículo 219.