Aragonès asegura que pactó con el Gobierno no "impugnar" la ley del catalán en la escuela

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que existe un acuerdo con el Gobierno central que implica que no "impugnen" la ley del catalán en la escuela, es decir, que el Ejecutivo no la recurra ante el Tribunal Constitucional.

El acuerdo citado por Aragonès en una entrevista este jueves con TV3 y Catalunya Radio se firmó en julio tras la reunión de la mesa de diálogo, donde el Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el Parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y, además, se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.

De esta forma, el Gobierno central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.

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Sin embargo, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que el pacto sobre el catalán que se firmó en la mesa de diálogo es público y que en él se acordó garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas y ha recordado que existe una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que aplicarán lo que decidan los tribunales.

Bolaños, al ser preguntado al respecto, se ha remitido al documento pactado en el mes de julio. El ministro ha señalado lo que se pactó fue "garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas", ha sostenido.

Sin embargo, ha recordado que existe un procedimiento judicial, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC que "se está dilucidando", ha apuntado. "Por supuesto, lo que finalmente los tribunales decidan es algo que las administraciones públicas no tenemos nada que decir, hay que aplicarlo sin más", ha añadido.

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