La fiscal acusa de homicidio imprudente a los responsables de una residencia de Premià de Mar

Un juzgado de Mataró ha abierto una investigación contra los responsables de la residencia de ancianos Domus Vi Ca n’Amell, en Premià de Mar, por la muerte de 87 ancianos entre marzo y mayo de 2020: "Tras la entrada del covid-19 en el centro residencia se desencadenó un reguero de fallecimientos", explica la querella presentada por el Ministerio Público. La fiscal Montserrat Poderoso acusa al director del centro y a la directora médica de homicidio por imprudencia profesional grave, lesiones imprudentes y trato degradante: "La atención prestada a los residentes de Ca n’Amell presentaba graves déficits, conocidos y aceptados por los querellados".

A lo largo de 62 páginas, la fiscal explica cómo el "caos" que se vivió en la residencia llevó a que la Generalitat interviniera la misma el 18 de abril de 2020. Para entonces, Ca n’Amell sumaba ya 64 fallecidos y, en los siguientes 43 días, la cifra aumentaría hasta los 87: "Algunos de los residentes fallecieron en otros centros residenciales o bien en sus domicilios, pero ello fue tras contraer la enfermedad en la residencia", subraya la Fiscalía. El brote, de hecho, no llegó a estabilizarse hasta junio de 2020:

• Usuarios a 1 de marzo de 2020: 230.
• Usuarios a 19 de abril de 2020: 152.
• Usuarios a 30 de abril de 2020: 119.
• Usuarios a 31 de mayo de 2020: 125.

"Como dato de referencia cabe añadir que durante los dos primeros meses de 2020 se produjeron un total de nueve fallecimientos en el centro", señala la Fiscalía.

Por el momento, la querella se centra en el director del centro y su directora médica, pero una vez abierta la investigación, no se descarta ampliar la misma contra otros trabajadores: "Se dirige también la presente querella contra cuantas otras personas respecto de las que durante la instrucción de la causa aparezcan indicios racionales de haber tenido relación con los presentes hechos o pudieran aparecer como autores, cómplices, cooperadores o encubridores", advierte Montserrat Poderoso.

Deficiencias desde 2019

La querella se centra en lo ocurrido entre marzo y mayo de 2020, pero al mismo tiempo, la fiscal incide en que una inspección llevada a cabo en febrero de 2019 ya advirtió graves deficiencias en esta residencia: "Errores de medicación graves y medicación caducada"; "personal desempeñando tareas de enfermería sin contar con la titulación"; "falta de material básico para el trabajo ordinario"; "hubo una epidemia de gripe y los protocolos no se aplicaron de forma correcta"... El centro ya llevaba desde noviembre de 2017 en manos de Domus Vi, un grupo que en su página web se presenta como "la mayor red de centros y servicios de atención a las personas".

Pero las advertencias tras la inspección de 2019 no surtieron efecto y, un año después, "tampoco se adoptaron medidas suficientes para evitar contagios". Esta situación afectó a los residentes, "todos ellos personas de avanzada edad y, por tanto, muy vulnerables ante la enfermedad", pero también a buena parte del personal, "que no hacía uso de los EPIs ni cumplía ningún protocolo (incluso algunos fumaban en el interior de la residencia permitiéndolo los querellados".

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La falta de control se tradujo en "numerosas bajas médicas" del personal en plena pandemia, por lo que la conclusión de la fiscal es tajante: "La previa situación de desorden tornó en caos, provocando un brote que concluyó con la muerte de numerosos residentes, a muchos de los cuales ni siquiera se les dio un final de vida digno y con la causación de graves lesiones y padecimientos a otros por falta de alimentación, hidratación, curas, higiene y dispensación de las medicaciones prescritas".

La querella responsabiliza al director de la residencia y a su directora médica de este "sufrimiento gratuitamente provocado a los usuarios", para lo que destaca que el primero de ellos llegó incluso a prohibir "expresamente" al personal de hacer uso de mascarillas "bajo el pretexto de que ello podía alertar a los residentes".