La Justicia reabre la investigación sobre los fallecidos en cuatro residencias de Leganés

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación sobre los fallecidos en cuatro residencias de Leganés durante la primera ola de la pandemia: Parque de los Frailes, El Encinar, DomusVi y Vitalia-Home. El auto, fechado el 10 de enero y al que ha tenido acceso El Confidencial, ordena al juzgado de instrucción número 5 de Leganés que tome declaración a los responsables de implementar los protocolos de actuación frente al covid-19 en cada una de estas residencias, a sus respectivos médicos y a los encargados del servicio de geriatría del Hospital Universitario Severo Ochoa, que era el centro de referencia para los cuatro geriátricos.

La Audiencia Provincial atiende así el recurso de los familiares de los fallecidos y concluye que deben practicarse estas diligencias para alcanzar "una decisión más fundamentada y para despejar toda duda sobre la actuación de los querellados". Una vez concluidas las mismas, "el instructor, con libertad de criterio, podrá acordar en su caso la práctica de la correspondiente pericial médico forense respecto de aquellos residentes que considere necesario, así como cualquier otra diligencia".

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En cuanto a los responsables de implementar los protocolos, la Audiencia Provincial justifica su citación para profundizar en los informes ya remitidos sobre los planes que siguieron "para evitar los contagios en relación a los medios disponibles". En el caso de los médicos, apunta a la necesidad de aclarar la "deficiente atención sanitaria a la que hacen referencia los querellantes", así como "los medios disponibles en cada una de las residencias en esos momentos para prestar atención médica a los residentes enfermos que no fueron derivados al hospital". Los cargos del Severo Ochoa tendrán que explicar a su vez la "no derivación hospitalaria de algunos de los residentes".

Los responsables políticos, fuera de la causa

Los familiares también se querellaron en un primer momento contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, y el de Interior y Justicia, Enrique López López, pero en agosto de 2020, la Audiencia Provincial excluyó a los mismos del procedimiento. De esta manera, la investigación pasó a centrarse en los directores de las cuatro centros por posible homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.

"Vaya por delante que a la vista de las diligencias practicadas, tal y como resulta de las actuaciones, es difícil advertir que en el caso concreto no se hiciera lo posible por parte del personal que prestaba sus servicios en las residencias implicadas, todas ellas de la localidad de Leganés, para tratar de evitar contagios por covid así como de prestar la asistencia sanitaria que requerían los residentes", advierte el auto. "En cualquier caso, la actuación ha de ser valorada siempre desde una perspectiva 'ex ante', es decir, conforme a las condiciones existentes en ese momento; momento en el que se podría hablar de colapso del sistema sanitario".

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Frente a esta tesis de la Audiencia Provincial, lo querellantes centran su acusación en dos aspectos: por un lado, apuntan a que "los contagios de los residentes devinieron por un deficiente cumplimiento de los protocolos covid en el ámbito residencial". Por otro, sostienen que "los fallecimientos fueron consecuencia de una falta de derivación hospitalaria, muriendo muchos de los residentes en la propia residencia no dotada suficientemente de medios sanitarios adecuados, o bien muchos de los casos de fallecimiento fueron debidos a un retraso en su derivación hospitalaria, planteándose que tal circunstancia pudo ser definitiva para el resultado de muerte".

Se trata, por tanto, de aclarar si los responsables de los centros incurrieron en imprudencia o negligencia, para lo que el tribunal considera necesario que se compruebe la supuesta "causalidad entre la acción ejecutada y el resultado típico producido". A falta de practicar las mencionadas declaraciones, el auto adelanta a su vez cuál ha sido la postura de tribunales como el Supremo a la hora de valorar este tipo de querellas: "La jurisprudencia ha venido entendiendo que no entran dentro de este tipo de imprudencia el error de diagnóstico sino el error derivado de abandono, desidia o dejación de funciones o la equivocación burda, inexplicable o absurda".