Ciudadanos denuncia al Govern ante la Fiscalía por no cumplir la sentencia del 25%

La aplicación de la sentencia del 25% del idioma castellano en la educación catalana ha llegado a la justicia: Ciudadanos presentó este lunes un escrito de denuncia ante Fiscalía en el que acusa a los dos últimos consejeros de educación, los republicanos Josep Bargalló y Josep González-Cambray, a la secretaría general de Educación, a la asesoría jurídica de la consejería, a la inspección de Educación y a la subdirección general de Plurilingüismo de incumplir las resoluciones judiciales, ya que el Govern no ha aplicado la cuota de castellano fijada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Mientras ERC pacta con socialistas y comunes lo que sería una modificación de la ley para evitar fijar porcentajes en la educación (un acuerdo del que JxCat se descolgó pero que ahora negocia su reincorporación), Ciudadanos optó por judicializar el conflicto, puesto que ha pasado el plazo que los tribunales habían dictaminado para aplicar la sentencia. “Los hechos denunciados ponen de manifiesto indicios y pruebas de la comisión de un delito continuado de prevaricación como medio para la grave e intencionada violación de los derechos individuales de los ciudadanos y concertación organizada para perseguir el ilícito fin de excluir la enseñanza sostenida con fondos públicos en castellano y el derecho/deber de todos los ciudadanos que de la Constitución se deriva”, señala la extensa denuncia, de 85 páginas.

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La desobediencia a las sentencias no viene solo referida al último fallo del Supremo, sino a otro anterior fallo del TSJC. De ahí que el texto considere que también es responsable el anterior consejero de Educación, puesto que el actual, González-Cambray, lleva en el cargo desde mayo pasado.

Lejos de plegarse alas directrices de la sentencia, el Govern, dice la denuncia, dio instrucciones a los centros educativos “en las que reitera para el curso académico 2021-2022 el mandato a sus responsables de excluir la vehicularidad del castellano. De hecho, tal y como se puede apreciar a continuación, para las autoridades de la Generalitat de Cataluña es como si la sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020 no hubiese descartado la procedencia cualquiera de las excusas autointeresadas que hasta entonces habían utilizado para incumplir deliberadamente su deber constitucional de garantizar la vehicularidad mínima de la enseñanza en castellano”.

Motivación ideológica

Con ese comportamiento, el partido naranja sostiene que en lugar de garantizar un derecho constitucional, la actitud de la Generalitat “omite deliberadamente hacerlo y lo hace con apartamiento en su parámetro de la legalidad, convirtiendo su comportamiento en expresión de su libre voluntad por motivación política e ideológica y, por tanto, en arbitrariedad”.

La denuncia, firmada por el presidente y el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa y Nacho Martín Blanco respectivamente, adjunta documentos oficiales para sostenes las acusaciones, entre ellos el documento titulado ‘El modelo lingüístico del sistema educativo de Cataluña. El aprendizaje y el uso de las lenguas en un contexto educativo multilingüe y multicultural’. En este documento se recoge que el proyecto lingüístico de la comunidad se han de recoger varios aspectos: “El papel de la lengua catalana, y del occitano en Aran, como eje vertebrador del proyecto educativo del centro; el uso de la lengua de signos catalana, si es preciso; la planificación de la enseñanza y de los usos de las lenguas, tanto las curriculares como las no curriculares, en los espacios de educación formal y no formal del centro; y los aspectos de organización y de gestión que tengan repercusiones lingüísticas”.

En uno de los puntos de la norma, no obstante, recoge que “el alumnado, al finalizar las enseñanzas obligatorias, tenga un dominio pleno de las lenguas oficiales catalana y castellana, además de la occitana en el caso de Aran, y de la lengua de signos catalana”. Más adelante, no obstante, incluye la obligatoriedad de realizar en catalán “las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actos, informes y comunicaciones), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje, la interacción entre docentes y alumnos y las actividades de formación de profesorado”. También han de ser en catalán “las actividades administrativas, las comunicaciones entre el centro y el entorno y la documentación de expidan los centros”, utilizando como vehículo normal de expresión el catalán.

En base a todos los documentos incorporados a la denuncia, el partido naranja pide a Fiscalía que incoe “los correspondientes expedientes” y practique “las diligencias que estime pertinentes para la comprobación de los hechos denunciados” e inste posteriormente la incoación de un procedimiento al tribunal competente, formulando la oportuna denuncia o querella.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que fue la entidad que provocó la sentencia tras presentar un recurso judicial, también interpondrá una demanda el próximo miércoles para exigir la ejecución forzosa de la sentencia, al haber cumplido el pasado viernes los plazos que daba el Supremo para aplicar el fallo.