Waterloo usó de testaferro a un fundador de CDC para ocultar el origen de donaciones
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A través de la figura de Miquel Esquirol

Waterloo usó de testaferro a un fundador de CDC para ocultar el origen de donaciones

Esquirol creó una asociación sin afán de lucro para defender la independencia de Cataluña. Pese a estar inactiva, la entidad estuvo pagando 14.000 euros al contable de Puigdemont

placeholder Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en un acto político en Perpiñán. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en un acto político en Perpiñán. (EFE)

El entorno de Carles Puigdemont utilizó una entidad creada por un fundador de CDC, el histórico militante catalanista Miquel Esquirol i Clavero, como pantalla para ocultar el origen real de donaciones al Consell per la República, según se desprende de la investigación a que la Guardia Civil ha sometido las 11 cuentas bancarias de las que es titular Jaume Cabaní, el primer contable de Puigdemont y arquitecto de toda la estructura informática y logística que el 'expresident' ha organizado en Bélgica para desafiar al Estado español. La información forma parte de la operación Voloh, en la que se ha encausado a empresarios independentistas por diversas cuestiones, entre ellas, haber organizado el movimiento de protesta anónimo Tsunami Democràtic.

Miquel Esquirol tiene 92 años y lleva una vida semi retirada en el Eixample de Barcelona. Fue uno de los primeros siete militantes de CDC y ha tenido una dilatada relación con todo el entorno del nacionalismo catalán. Muy cercano a Jordi Pujol, aún se define como “un patriota”. Además, desempeñó la presidencia del conjunto hospitalario mutualista La Alianza y llegó a ser vicepresidente de la Federación de Mutualidades de Cataluña. También fue escogido vocal de la junta directiva del FC Barcelona, secretario general de la Unión de Comerciantes de Cataluña y consejero de Prensa Catalana SA, editora del diario 'Avui'. Más recientemente, ocupó el cargo de tesorero de Òmnium Cultural. Lo que el periodista y exdirector de 'The Washington Post' Ben Bradlee denominaría “una buena vida”.

Foto: El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la localidad belga de Waterloo. (EFE)

En la actualidad, Esquirol tiene importantes problemas de movilidad. Pero la cabeza clara. En la última década, no ha pisado Bélgica, pero su nombre aparece en el documento de constitución en 2018 de la asociación belga CATGlobal ASBL, que paga los gastos de Puigdemont y su entorno en Waterloo y de la que fue administrador Cabaní. No es la única actividad de este tipo en la que Miquel Esquirol anda supuestamente enfrascado. Según consta en el registro de entidades de la Generalitat, el 13 de septiembre de 2017, un mes antes de que Puigdemont huyese a Bélgica, Esquirol registró una entidad sin afán de lucro ante la Generalitat, la Associació Units per al Foment i la Cohesió de la Catalanitat (AUFCC, en el sumario del caso Voloh). El presidente es el propio Esquirol, mientras que como secretario figura Alberto Camps Comella.

La entidad está inactiva. Pese a ello, en 2018, AUFCC realizó pagos por valor de 14.000 euros en julio y agosto a sendas cuentas de Cabaní en CaixaBank, según consta en el sumario. Uno de los conceptos de pago es “traspaso página web”. Como resalta la Guardia Civil en la instrucción judicial, “se desconoce la página web a la que se refieren. La mencionada asociación carece de web” (pág. 908 del sumario). AUFCC no solo carece de web. No tiene ni sede, que se ha acabado fijando en el domicilio particular de Miquel Esquirol, en la calle Buenos Aires, en Barcelona. El nombre de la asociación ni siquiera está en el buzón. Esquirol ni siquiera pudo registrar esta entidad ante la Generalitat: delegó estas funciones en el abogado Alexandre Pinós Figuera, según consta en los estatutos.

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Consulte aquí el extracto del sumario. (EC)

Donaciones opacas

Pero una lectura más atenta de los flujos de caja permite comprobar que lo que se intenta hacer pasar por donaciones de la entidad que preside Esquirol al Consell per la República de Puigdemont no son tales. En abril de 2018, Cabaní realizó cuatro abonos desde tres de sus cuentas a la cuenta de CaixaBank de AUFCC por valor de… 14.000 euros, la misma cantidad que luego la asociación de Miquel Clavero le devolvió en los dos pagos antes mencionados, el segundo de ellos bajo el concepto: “cuotas Nation Builder”. Es decir, AUFCC le estaba entregando a Cabaní su propio dinero, el mismo que el contable de Puigdemont ya le había enviado con anterioridad tres meses antes. La asociación fantasma no estaba haciendo donaciones. Estaba sirviendo de escudo para ocultar de donde venían las donaciones.

Nation Builder es una plataforma de comunidades virtuales que usa Puigdemont para gestionar su registro ciudadano, ese al que se han sumado los más de 91.500 socios que dice tener el Consell per la República. El 3 de agosto, Cabaní recibe el último ingreso de AUFCC. Ese mismo día, empieza a pagar a Nation Builder por los servicios prestados al Consell per la República, con un primer abono de 3.961,9 euros. En total, entre 2018 y 2019, pagará a esa plataforma digital un total de 26.474,98 euros. Nation Builder es un servicio de la nube digital que tiene un precio y que depende de dos parámetros: la cantidad de usuarios inscritos y los destinatarios de correo electrónico. La tarifa por 45.000 usuarios, con posibilidad de enviar correo a 9.000 de ellos, es de 400 dólares mensuales, según explica este colectivo.

Es decir, la única utilidad de AUFCC es enmascarar el origen real de los fondos con los que luego Cabaní paga servicios que usa el Consell per la República. Lo que en finanzas se denomina una 'sociedad pantalla'. Se ha consultado al Consell per la República respecto a estos traspasos de fondos y la razón última de los mismos, pero desde Waterloo han declinado responder.

El director de Òmnium

Fuentes del entorno de Miquel Esquirol explican que el histórico militante de CDC ni lleva la cuenta bancaria de la asociación, ni dispone de una contabilidad de la entidad ni ha hecho nada más allá de “prestar el nombre”, una frase que alude a los históricos 'prestanoms' andorranos, que servían para ocultar los verdaderos titulares de las cuentas de dinero negro en el Principado. Según estas mismas fuentes, a Esquirol le pidió que crease la asociación Oleguer Serra i Boixaderas, hasta hace unos meses director de Òmnium Cultural. Hay que recordar que Esquirol había sido tesorero de Òmnium.

Oleguer Serra le explicó a Esquirol que había que crear una entidad que sirviera de respaldo en caso de que el Gobierno español ilegalizase Òmnium después de la DUI de 2017. Curiosamente, Òmnium acabó creando una filial belga, Òmnium CRE, con esa misma justificación. Y durante unos meses, el administrador de Òmnium CRE fue Jaume Cabaní.

Jaume Cabaní y Òmnium Cultural han mantenido numerosos vinculos más allá de la prestación de servicios informáticos y de seguridad que factura

Oleguer Serra ha preferido no hablar con El Confidencial. Portavoces de Òmnium han asegurado que niega esta versión de los hechos y ha afirmado que “no se encontrará un documento que vincule a Serra con esta asociación”. Efectivamente. Disponer de un testaferro sirve justo para eso.

Aparte del dinero que Òmnium Cultural envía a Bélgica cada año, Cabaní ha seguido teniendo estrecha relación con Òmnium CRE tras dejar de ser administrador de esta sociedad, tal y como muestran los correos electrónicos intervenidos por la Guardia Civil a lo largo de la investigación judicial: ha prestado servicios, ha cobrado por ello y ha tomado decisiones ejecutivas para la asociación.

El entorno de Carles Puigdemont utilizó una entidad creada por un fundador de CDC, el histórico militante catalanista Miquel Esquirol i Clavero, como pantalla para ocultar el origen real de donaciones al Consell per la República, según se desprende de la investigación a que la Guardia Civil ha sometido las 11 cuentas bancarias de las que es titular Jaume Cabaní, el primer contable de Puigdemont y arquitecto de toda la estructura informática y logística que el 'expresident' ha organizado en Bélgica para desafiar al Estado español. La información forma parte de la operación Voloh, en la que se ha encausado a empresarios independentistas por diversas cuestiones, entre ellas, haber organizado el movimiento de protesta anónimo Tsunami Democràtic.

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