El Parlament censura las preguntas de la oposición que califican de ilegal el 1-O

El Parlamento catalán aplica la censura en los textos oficiales, donde llega a tergiversar preguntas molestas para el independentismo, según denuncian fuentes de los partidos de la oposición. Quien ha descubierto una censura sistemática en los archivos de la cámara catalana ha sido Ciudadanos, que ha puesto a todo su personal a analizar los documentos presentados a la Cámara durante esta legislatura y a comprobar cómo han sido transformados por los servicios técnicos y, posteriormente, publicados en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC). Si un partido pregunta por el referéndum ilegal del 1-O, el diario oficial elimina el término ilegal

“Nosotros somos el partido que más iniciativas ha presentado de lejos. Y muchas de ellas han sido sobre la consulta ilegal del 9-N de 2014 y sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Pues bien, cuando vamos a la base de datos del Parlament, descubrimos que, sistemáticamente, eliminan la palabra ‘ilegal’ de nuestras iniciativas, blanqueando así esas dos efemérides. En definitiva, no sólo se manipula: es que hay una auténtica censura. Determinadas expresiones, directamente se eliminan, se borran”, denuncian fuentes de Ciudadanos a El Confidencial.

“Otra cosa sería una incorrección gramatical, pero esta manipulación es muy palmaria. En todas las consultas, la palabra ilegal desaparece y cuando vas al registro ves que la pregunta que tú has hecho no se corresponde con el titulo que ellos le dan”, critican las fuentes.

Eliminan la palabra ‘ilegal’ de nuestras iniciativas, blanqueando así el 9-N y el 1-O. No sólo se manipula: hay censura

Fuentes del partido naranja añaden: “Lo hemos detectado por casualidad y ahora lo estamos revisando todo a ver qué más nos pueden haber cambiado. Así, hemos encontrado también que cuando preguntamos sobre el 'parón ilegal' del 3 de octubre, dos días después del referéndum ilegal, nos han cambiado la frase y donde ponía ‘parón ilegal’ pusieron simple y llanamente ‘huelga’, cuando aquello no fue una huelga normal. Es una auténtica barbaridad”. Los equipos de la formación, que en Cataluña lidera Lorena Roldán, se están planteando también “la revisión de todas las actas parlamentarias y de las actas de las comisiones". "Ya no nos fiamos de lo que hayan hecho. Nos parece gravísimo”. “En un primer momento, pensamos que era una pura casualidad, pero al ir a mirar el listado de preguntas, nos dimos cuenta de que es una norma persistente. Existe una voluntad de atropellar nuestros derechos y alimentar el relato separatista. Es impresionante. Parece de ciencia ficción”, se quejan también en Ciudadanos.

Y añaden que “un servicio lingüístico está para corregir un error gramatical, no para establecer una censura institucional. ¿Tienen instrucciones políticas para hacerlo? No lo sabemos. Vamos a tener que investigarlo. Lo que está claro es que, con su actitud configuran un relato político y se nos impone una especie de libro de estilo separatista”. Aseguran desde Ciudadanos: “Con esa censura, nos intentan limitar nuestros derechos como diputados a preguntar de una determinada manera”.

La justificación del Parlament

Desde el Parlament se justifica la eliminación de las palabras ‘malditas’. “Solo se corrigen las titulaciones de las preguntas que se incorporan al archivo con mentalidad institucional”, explica a El Confidencial un portavoz de la Cámara catalana. Esta fuente recalca que “en los títulos, se evitan los elementos valorativos, como adjetivos o adverbios, pero en la exposición de motivos se mantienen todas las palabras. El criterio seguido se hace con la mentalidad de mantener el papel institucional. Puede ser una práctica acertada o no, pero es la que ha venido siendo utilizada por los servicios técnicos”.

Desde Ciudadanos, en cambio, sostienen que la calificación de ilegal no es algo subjetivo: “Es que así lo dictaminó el Tribunal Constitucional. Por tanto, no es un elemento valorativo, sino objetivo. ¿Y porqué se nos recorta esa expresión, si es cierta?”. En cambio, critican otras fuentes, “no tienen empacho en admitir preguntas o resoluciones que hablan de ‘violencia institucional durante la celebración del referéndum del 1 de octubre’, lo cual no deja de ser un posicionamiento político que alimenta el discurso separatista. Esas expresiones no se eliminan, pero sí la palabra ‘ilegal’ referida al referéndum ilegal”.

En el servicio de archivo del Parlament (SIAP) queda constancia solamente de la pregunta formulada tras pasar la censura y no es posible acceder al texto original presentado por el diputado, ya que en muchas ocasiones no permite desplegar los expedientes. Para un lector foráneo, pues, la información transmitida queda mutilada o sesgada y no se corresponde con la realidad. Pero el asunto trasciende del índice del archivo, ya que el Boletín Oficial del Parlamento de Catalañua (BOPC) sigue la misma norma: la palabra ‘ilegal’ es eliminada sistemáticamente del título de cualquier iniciativa aunque se mantiene dentro de la reproducción de la pregunta o de la resolución tal y como la formula el diputado correspondiente.

Lo que cambia una palabra

Las pruebas son abrumadoras. El 25 de octubre de 2018, por ejemplo, la diputada Sonia Sierra preguntó al Govern: “¿Considera el Departamento que el hecho de celebrar actos de conmemoración de un referéndum ilegal en centros escolares es un buen ejemplo para los alumnos que acuden a este centro?”. Acompañaba la pregunta de un cartel del acto en un instituto de Lliçà d’Amunt donde, bajo el lema: ‘Ni olvido ni perdón’, el PDeCAT, ERC, la CUP y la ANC invitaban a los alumnos a asistir a una mesa redonda y talleres varios para reivindicar “el día que perdimos el miedo”. En ese contexto, la expresión “referéndum ilegal” de la pregunta cobra todo su sentido, pero el BOPC omitió la palabra y publicó el tema como una pregunta “sobre si el hecho de celebrar actos de conmemoración del referéndum del 1 de octubre en el instituto de Lliçà d’Amunt es un buen ejemplo para los alumnos”. Evidentemente, no es lo mismo aleccionar a los alumnos sobre un hecho normal que sobre un hecho ilegal.

Más grave es otra pregunta del 26 de junio de 2018, elevada por la misma diputada. En ella, pedía explicaciones por los gastos de una comitiva de ‘observadores’ internacionales invitados a Cataluña. “¿Cuál es la razón para malgastar recursos públicos para pagar observadores de un supuesto referéndum que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y que no se podía hacer?”, preguntaba Sierra. El título de esta pregunta, tras pasar el filtro ideológico del Parlament, quedó de la siguiente manera: “Pregunta al Govern a responder por escrito sobre el pago de observadores internacionales para el referéndum del 1 de octubre de 2017”.

A su compañero Dimas Gragera le sucedió algo parecido. El 7 de marzo de 2019, preguntaba en el pleno parlamentario: “¿En qué consistió la participación de la compañía T-Systems en la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017? ¿Existieron las reuniones secretas con miembros u dirigentes de la Generalitat de Cataluña? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados?”. Para los anales del Parlament, la pregunta había sido, simplemente, sobre “la participación de la compañía T-Systems en el referéndum del 1 de octubre de 2017”.

El pasado 26 de marzo, el diputado José María Cano solicitaba una “copia del certificado elaborado por la intervención de la Generalitat donde se bloqueaban dos partidas presupuestarias que estaban destinadas a organizar el referéndum ilegal del 1-O”. En el archivo del Parlament figura la petición pero eliminando la palabra ‘ilegal’.

Censura también al PSC y PP

Lo mismo le ocurrió al diputado Ignacio Martín Blanco en una petición realizada el pasado 8 de enero solicitando el expediente demandando responsabilidades patrimoniales a las personas condenadas penalmente por desobediencia por “la ilegal consulta del 9-N”. Ahí fueron condenados Artur Mas y tres de sus consejeros. En el archivo del Parlament desapareció de nuevo la calificación de ilegal relativa a la consulta del 9-N, que fue organizada en el 2014.

Aunque fuentes de otros partidos se mostraron sorprendidas al ser preguntadas por esta cuestión, El Confidencial ha podido constatar que las limitaciones gramaticales se mantienen. Así, en varias preguntas del socialista Carles Castillo donde se hablaba de “referéndum ilegal”, los títulos aparecidos en el BOPC siempre eliminaban la palabra ‘ilegal’, exactamente igual que en el caso de Ciudadanos.

Al diputado del PP Santi Rodríguez le pasó lo mismo: el 12 de febrero de 2019 dirigía una pregunta al Govern: “¿Cuántos días se ha desplazado el presidente de la Generalitat a Madrid con motivo de la vista oral del procedimiento judicial que se sustanciaba ante el Tribunal Supremo que enjuicia el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017?”. En la cámara catalana, se sustancia que la pregunta es para conocer “el número de días que el ‘president’ de la Generalitat estuvo en Madrid a raíz del procedimiento judicial por el referéndum del 1 de octubre de 2017”. De nuevo, la palabra clave ‘ilegal’ era eliminada por los servicios técnicos parlamentarios. Una batería de decenas de preguntas del diputado popular relacionadas con ese tema fue igualmente mutilada.

“Contribuye a un relato político”

“La impresión que nos da es que el servicio lingüístico del Parlament está puesto al servicio del separatismo y con su decisión contribuye a crear un relato político”, acusan desde las filas de Ciudadanos. Por eso, la formación está preparando una batería de preguntas sobre el particular “Queremos conocer bajo qué criterios se modifican los escritos, porque tenemos todo el derecho a preguntar con la intencionalidad política que nos venga en gana”, aseguran, al tiempo que denuncian que lo que hace el independentismo con esta censura institucional es blanquear su discurso y coartar la libertad de los diputados de la oposición.

Desde el Parlament, no obstante, se sostiene que “se puede criticar, pero lo importante es que cuando se presenta una propuesta de resolución, una moción o una resolución, el texto se mantiene. Sólo se puede cambiar el título si existe una valoración en el mismo. Eso se hace con Ciudadanos o con cualquier otro partido, sea la CUP, sea JxCat o sea el PSC. A todas las preguntas se le ha aplicado este criterio históricamente”.