Intentan llamar la atención sobre Cataluña

Ofensiva independentista para desacreditar a España ante organismos internacionales

Aprovechando que no se permitió a los condenados por el 1-O pasar el confinamiento en sus casas, el Govern y se ha volcado en una intensa y dura campaña de imagen en contra del Gobierno

Foto: Fotografía de archivo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un acto del independentismo en Lledoners. (EFE)
Fotografía de archivo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un acto del independentismo en Lledoners. (EFE)

El independentismo acometió esta semana una ofensiva internacional para desacreditar a España ante los organismos internacionales con apelaciones de representantes políticos y autoridades autonómicas ante organismos internacionales. Aprovechando que no se permitió a los condenados por el 1-O pasar el confinamiento en sus casas, el Govern y sus más altos representantes se han volcado en una intensa y dura campaña de imagen en contra del Gobierno español que intenta llamar la atención sobre Cataluña.

De hecho, aprovechan el hecho de que algunos presos en tercer grado o a los que se aplica el artículo 100.2 han recibido permiso para pasar la cuarentena en sus casas para cargar las tintas y resucitar el victimismo político de una supuesta 'represión' del Estado, ignorando que sobre los presos pesa una condena firme.

Una de las bazas más importantes que juegan es la de un informe del diputado letón Boriss Cilevics, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esta Asamblea está formada por más de 320 diputados, de los que 25 firmaron una petición, en enero del 2019, con el fin de elaborar un dictamen sobre 'presos políticos' de España y de Turquía. Cilevics fue encargado de redactarlo, aunque en realidad se trata de un informe personal, con apreciaciones privadas que no fue discutido por la Asamblea Parlamentaria, por lo que solo representa a los 25 firmantes, no al Consejo ni a ningún otro órgano europeo.

En dicho texto, Cilevics pide la liberación de los presos no peligrosos o que están encarcelados por sus ideas y mete en ese saco a los condenados por el 1-O. El letón viajó a España (más de 4.000 euros de gastos, sufragados por el Gobierno español) y se entrevistó con responsables políticos y altos cargos de la judicatura en Madrid. Los fiscales del Supremo le preguntaron a bocajarro: "¿Se ha leído la sentencia?". "No", fue la respuesta.

De ahí que en su informe se ignore lo que se da por probado en la sentencia. En Barcelona, se negó a tener una reunión con Ciudadanos, que es el partido mayoritario en el Parlament y el que ganó las últimas elecciones. No obstante, mantuvo un encuentro con la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización que no representa a nadie. Asimismo, se reunió con el presidente del Parlament, Roger Torrent, con Oriol Junqueras, con Raül Romeva y con el Síndic de Gregues, Rafael Ribó, además de con el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, y con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

La manipulación de la ANC

En sus textos, siguiendo las indicaciones de los 24 diputados firmantes, se recogen solo argumentaciones independentistas, se da legitimidad a supuestos observadores internacionales en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y se dice que los incidentes de esa jornada se debieron a las acciones de autoprotección de los ciudadanos catalanes. Las grandes iniciativas de la Generalitat, el Parlament o jurídicas que podrían ser rechazables son obviadas en el informe que redactó Cilevics. De hecho, la propia iniciativa de agrupar solo a presos de España y Turquía es uno de los argumentos 'mántricos' del independentismo, que durante los últimos años ha tratado de comparar internacionalmente —e infructuosamente— la situación de España con la de Turquía.

De ahí que el letón se haya convertido en uno de los mayores amigos europeos del independentismo catalán, aunque represente a solo una minoría y su grupo no tenga peso político. La ANC, no obstante, pidió este viernes que los condenados puedan irse a su casa durante el estado de alarma y para ello echa mano del informe de Cilevics, que resalta que "prisioneros con antecedentes políticos como los catalanes, por su papel en el referéndum de octubre del 2017 o los parlamentarios, alcaldes y políticos turcos encarcelados por discursos realizados durante el ejercicio de su mandato, se tendrían que beneficiar de estas medidas".

La ANC redondea su participación en la campaña internacional con una carta a todos los cónsules acreditados en Barcelona enviada el pasado viernes, en la que aducía que "esta crisis se tendría que encarar con cooperación y coordinación y no solo con decisiones ejecutivas tomadas de forma unilateral en la capital española. El requisamiento y la retención en Madrid, por parte de la Guardia Civil, de material médico necesario en el Hospital de Igualada [noticia que fue convenientemente manipulada por el independentismo], situado en el principal foco de la epidemia en Cataluña sería un ejemplo". La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie subrayaba en la misiva que “el clima de hostilidad hacia el pueblo de Cataluña, una minoría nacional que reclama desde hace años su derecho a la autodeterminación contribuye a negar cualquier iniciativa que surja de este territorio, aunque sean propuestas basadas en el sentido común”.

Cartas de Torra, Junqueras y Riba

Pero la ofensiva va mucho más allá: el presidente de la Generalitat, Quim Torra, envió una carta este viernes a la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en la que le explica que "a pesar de que usted manifestó el pasado 25 de marzo que ahora más que nunca los Gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, concluyendo prisioneros políticos y otros detenidos, no hemos podido cumplir, hasta ahora, con esta parte de sus directrices". A continuación, relata que, aunque la Generalitat tiene conferidas las competencias de prisiones, el pasado 31 de marzo el Tribunal Supremo "advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal, si acordaban que, durante el tiempo que dure esta situación de alarma y pandemia, se permitiese que los presos clasificados en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permaneciesen en sus domicilios en régimen de confinamiento, como es el que vive toda la población catalana".

Asegura también el 'president' que "las amenazas del Supremo fueron vertidas porque esta medida afectaría, entre otros, a los presos políticos catalanes que actualmente cumplen condena en dos concretas prisiones catalanas". Termina señalando que le envía la carta "para que pueda apreciar no solo nuestra voluntad de cumplimiento con las normas internacionales sino, también, los impedimentos que para ello nos pone el Tribunal Supremo de España que, como indico, ha amenazado a nuestros funcionarios".

También la eurodiputada de ERC Diana Riba, esposa del condenado Raül Romeva, exconsejero de Exteriores, dirigió sendos escritos a Bachelet y al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para que actúen ante la advertencia del Supremo por considerar que "supone una amenaza a los servidores públicos de las juntas de prisiones y un trato discriminatorio recurrente a los presos catalanes". Riba, además, acusa a los jueces de "incumplir la separación de poderes". Fuentes cercanas al Gobierno central consultadas por este diario restaron importancia a la iniciativa de la eurodiputada, aunque critican su extremismo. "Esa es la señora que va llamando asesinos al presidente del Gobierno y a los socialistas en general. Pero que no olvide que su marido fue condenado en un juicio realizado con todas las garantías democráticas y procesales, como han reconocido todas las instituciones internacionales".

El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, también dirigió una carta a diferentes altos cargos internacionales: el relator especial de la ONU sorbe el Derecho a la Salud física y Mental, Dainius Puras; el relator para las Minorías, Fernand de Varennes; el relator de la Independencia de los Magistrados, Diego García-Sayán; el de la libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, el de la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, y el presidente del grupo de trabajo de la ONU sorbe detenciones arbitrarias, José Guevara. En la misiva, Junqueras se queja de que "las amenazas del Supremo han perjudicado los derechos de todos los presos y pone en riesgo la lucha contra el coronavirus". Por ello, según recoge un apunte en su cuenta de Twitter este viernes, "pido amparo urgente a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa para que tomen las medidas a las recomendaciones que ellos mismos han hecho".

La batalla está centrada, pues, en los principales organismos internacionales: ONU y UE. Es la última fase del 'procés'. Si el independentismo pierde su oportunidad, el soberanismo deberá replantear no solo su estrategia de futuro, sino también su propia esencia.

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