los polémicos informes de Rafael Ribó

El defensor del pueblo catalán pide liberar a los 'presos políticos' y echa un capote a Torra

El 'síndic de greuges' ponía en bandeja a los independentistas argumentos políticos e institucionales con los que adornar sus peticiones de sacar de la cárcel a los presos

Foto: El 'síndic de greuges', Rafael Ribó (c), junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès. (EFE)
El 'síndic de greuges', Rafael Ribó (c), junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès. (EFE)
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El 'síndic de greuges' (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, ha vuelto a publicar uno de sus polémicos informes. Ribó, un excomunista miembro de la ‘gauche divine’ barcelonesa, ya cargó contra la actuación policial el 1-O y siempre ha defendido las tesis independentistas, y el Govern utiliza sus informes al proceder de una institución oficialmente neutral. El pasado 26 de marzo, hizo un informe 'de oficio' que analizaba “la gestión de la crisis del coronavirus en los centros penitenciarios y de justicia juvenil”, en el que pedía la libertad de los presos del 'procés' por la pandemia.

El 'síndic' estuvo bajo la lupa de la opinión pública hace semanas por sus viajes (y de su familia) a cargo de un empresario investigado por corrupción. Su escoramiento hacia el soberanismo no es nuevo (su mano derecha durante años fue Jordi Sànchez, que de su despacho salió para hacerse cargo de la Asamblea Nacional Catalana) y sus últimos escritos vuelven a ser materiales de primera mano para construir el relato del independentismo más radical.

En el informe sobre la gestión del Covid, nada decía de las pésimas condiciones que denuncian trabajadores y sindicatos sobre la falta de medidas de prevención, ni sobre el abandono a que la Generalitat somete al sector, ni sobre las 400 bajas de personal que las prisiones catalanas vivieron en las últimas semanas. Al revés. “El 'síndic' considera positivas algunas de las medidas adoptadas y puestas en funcionamiento por el Departamento de Justicia, como el aumento del número de llamadas telefónicas semanales de las personas internas y el inicio de videoconferencias, así como la progresión de personas internas a tercer grado y la flexibilización de los terceros grados, de manera que muchas de estas personas internas puedan pernoctar y seguir el confinamiento en su domicilio”, decía el informe.

Una mano a los ‘presos políticos’

Pero lo más interesante era que, en un determinado momento, usaba los mismos argumentos que el independentismo: “Michelle Bachelet [alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU] ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que prueben de reducir el número de personas internas, especialmente aquellas más vulnerables al Covid-19, como las de más edad o enfermas, así como las menos peligrosas. En este sentido, ha dicho que, ahora más que nunca, los gobiernos tendrían que poner en libertad a todos los internos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre los que se encuentran los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.

Ribó usaba así los mismos argumentos que Quim Torra o Carles Puigdemont cuando reclaman que los condenados por el 1-O sean enviados a casa. De hecho, el Govern había planificado una pequeña trampa para justificar la excarcelación: dar permiso a todos los acogidos al artículo 100.2, por lo que su puesta en libertad quedaría camuflada como una medida generalizada.

Aprovechando el informe, pues, Ribó ponía en bandeja a los independentistas argumentos políticos e institucionales con los que adornar sus peticiones de sacar de la cárcel a los presos. Eso sí, sin necesidad de abrir las prisiones. Ribó decía como conclusión de su informe que apoya “las recomendaciones de la alta comisionada para los Derechos Humanos y hará seguimiento, con los departamentos de Justicia y de Salud, de su aplicación en las prisiones y en los centros de justicia juveniles catalanes”. En otras palabras: los ‘presos políticos’ catalanes ya tienen quien los vigile.

El pasado martes 31 de marzo, el 'síndic' emitió también un escrito para reclamar que se fijen unos precios máximos de servicios funerarios “ajustados a la vulnerabilidad de las personas durante la crisis del coronavirus”. Este escrito llegaba como una medida de apoyo a una iniciativa que el Govern acababa de anunciar a bombo y platillo cuatro días atrás. Ribó facilitaba su web y un teléfono gratuito para atender quejas de ciudadanos en este ámbito. En todo caso, la intervención unilateral del 'síndic' era otro capote a la estrategia del Govern de Torra.

Malos modos de la Policía

Su último informe lleva fecha de 1 de abril y en él critica la labor de policías que se dirigen con malos modos a algunos ciudadanos. En este nuevo informe, reconoce que la actuación de la Policía en Cataluña durante esta crisis “está siendo con carácter general ponderada y pedagógica”. Pero añade: “Aun así, el 'síndic' ha tenido conocimiento, a través de escritos recibidos y de noticias publicadas, de situaciones que se podría considerar que incurren en abuso de atribuciones policiales. Durante este periodo de confinamiento, la institución ha recibido quejas de personas que se encontraban en la calle realizando actividades previstas por el decreto ley a quienes agentes policiales increparon o requirieron, presuntamente de malas maneras, sobre las razones por las que se encontraban en la calle. En otros casos, se les obligó a volver al domicilio con la imposición de la sanción correspondiente porque, a criterio del agente en cuestión, la respuesta no era muy satisfactoria o convincente”.

Vuelve a sacar a colación a Bachelet en este informe y advierte de que “las declaraciones de emergencia no se han de utilizar como base para dirigirse contra grupos particulares, minorías o personas, ni funcionar como una excusa para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud”. Advierte de que, “en caso de duda sobre el sentido de la actuación de la ciudadanía, no se ha de sancionar” y que “las eventuales sanciones económicas han de ser proporcionadas y no abusivas”.

Ribó también recuerda en este informe a los agentes que “es preciso evitar el abuso de la figura de la falta de respeto a la autoridad como detonante de la sanción”. Por último, solo admite que pueda haber detención o sanción cuando la persona haya cometido “un delito grave”, mientras subraya que “el recurso a la fuerza y a la privación de libertad no encuentra justificación en la infracción de la obligación de confinamiento”.

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