Quim Torra tiene un problema: el jefe de la Oficina del 'president' solivianta a su pueblo

El pasado 1 de febrero, el alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, firmaba un decreto de alcaldía asignando "un complemento de productividad por importe de 8.500 euros al Cuerpo de la Guardia Urbana, atendiendo a la situación operativa de la zona de ocio del polígono El Pla-Barri el Canal y Estació de Cercanías de Renfe". Ese mismo día, Casals era nombrado jefe de la Oficina del Presidente de la Generalitat, es decir, el hombre más cercano a Quim Torra, el verdadero ‘cerebro’ del Palau de la Generalitat.

Casals llega a ese cargo como el hombre de Carles Puigdemont en el Govern. Es el 'alter ego' del ‘expresident’ y el hombre con el que el político fugado amagó con echar a Marta Pascal de la cúpula del PDeCAT. En otras palabras: Casals era el candidato de la lista de Puigdemont para presidir el partido hasta que Pascal presentó la renuncia a repetir como candidata el mismo día del congreso, en julio pasado. Y, como ella cedió, el alcalde también abandonó, depositando en David Bonvehí el liderazgo del partido como candidato de consenso. El premio para él por los favores prestados a Puigdemont fue su fichaje como asesor de la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, solo dos meses después del congreso del PDeCAT para pasar a ejercer, desde el 1 de febrero pasado, como el hombre fuerte de Puigdemont en el corazón del Govern.

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El nombramiento como asesor de Artadi se produjo el 3 de octubre. Su labor era apoyar "en la definición de políticas estratégicas", así como asesorarla sobre "tendencias y factores económicos, políticos y sociales que permitan prefigurar escenarios de futuro y proponer actuaciones políticas de contenido estratégico". También debía "centralizar la documentación velando para que la consejera de Presidencia disponga de la información adecuada para la buena orientación de las políticas estratégicas del Govern". Por último, debía "realizar informes, estudios y propuestas sobre las iniciativas que impulsa el Departamento y hacer el análisis del impacto". Lo más interesante, de todos modos, era su retribución: un salario de funcionario de primer nivel más un complemento específico de 37.889,88 euros anuales, lo que sitúa el salario en los 75.000 euros al año. Nada que ver, pues, con su exiguo salario como alcalde, que era de 47.413,10 euros anuales.

El 30 de enero pasado, Casals fue cesado asesor de Presidencia "para pasar a ocupar otro puesto". Ese puesto era el de director de la Oficina del 'president' "con los derechos y deberes inherentes al cargo", puesto en el que fue confirmado al día siguiente, 31 de enero. Su salario también acaba de aumentar a 83.649,16 euros.

Gestión polémica

Pero Casals arrastra una gestión polémica. En el decreto firmado el 1 de febrero, asignando el plus a la Guardia Urbana pasó por alto los informes negativos sobre esa medida. En el propio decreto, el alcalde dice textualmente que la medida tiene el informe desfavorable del jefe de negociado de Personal y Organización, "con la supervisión del presidente de área de ESG con fecha 31 de enero de 2019". Pero aun así obvió las recomendaciones.

Según los tres sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y CGT, Casals ha cometido "un fraude de ley" al otorgar ese dinero sin tener, además, consignación presupuestaria. O sea, hizo una alcaldada. Los sindicatos acusan al político de negociar el tema "al margen de la mesa negociadora de materias comunes" y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de "no atender a la grave problemática global de la plantilla". Las tres centrales mantuvieron una reunión con los responsables políticos del consistorio el pasado día 6 y pidieron la dimisión del concejal de Personal y Organización, Antón Pedrola, porque su preocupación está en la "nefasta gestión en temas de personal del gobierno municipal".

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No es la primera vez que pasa algo parecido. Fuentes del propio consistorio señalan a El Confidencial que también asignó un complemento salarial al interventor y a la jefa de la oficina administrativa sin consultárselo a nadie y contraviniendo todas las reglas. El tema fue denunciado en los juzgados y la justicia falló en contra de su decisión: el Ayuntamiento tuvo que recular.

"Casals es un tipo especialista en tomar decisiones arbitrarias, al que le gusta dejar claro quién manda y con algunos tics autoritarios"

"Casals es un tipo especialista en tomar decisiones arbitrarias, al que le gusta dejar claro quién manda y con algunos tics autoritarios", explican a este diario fuentes que le conocen bien. Licenciado en Derecho, Casals tiene también algunos estudios de Ciencias Políticas y Ciencias Empresariales. En el 1993 se afilió a las Juventudes de Convergència. En 1997 integró ya las listas convergentes en su localidad natal y resultó elegido concejal. Pero no fue hasta 2007 cuando encabezó el cartel de CiU en las municipales, que perdió ese año pero ganó en 2011, repitiendo candidatura. Desde el 2006, se hizo cargo de la política municipal de CDC y desde 2012 fue el secretario ejecutivo de Territorio y Política Municipal.

Radicalización ideológica

Hay un punto de inflexión en su carrera: fue elegido diputado en las listas de Junts pel Sí (JxS) en las elecciones de 2015. "Desde esa fecha, sufrió una importante radicalización ideológica —señalan las fuentes—. Coincidiendo con la recta final del 'procés', comenzó también a interesarse más por la política nacional y a ocuparse menos por los asuntos del pueblo". Una de las fuentes enfatiza que en las propias filas del PDeCAT ha llegado a ser criticado porque, tras su paso por el Parlament, cambió radicalmente su visión de la política. "Se llegó a comentar que, en algunas cosas parecía más de la CUP que de Convergència", subrayan las fuentes. La consecuencia lógica fue su salto al Palau de la Generalitat, a donde llegó de la mano de su mentor, Carles Puigdemont.

Un espejo de esa radicalización fue otro episodio ocurrido en julio pasado: como alcalde, contrató a dedo al sindicato Intersindical-CSC para asesorar al Ayuntamiento en materia laboral. Esta central es el sindicato de referencia del independentismo, el que dio cobertura legal a la huelga del 3 de octubre de 2017 y el que ha pedido permiso para una huelga general en Cataluña el próximo 21 de febrero, una convocatoria que esconde, en realidad, una huelga política para protestar contra el juicio del 1-O. Lo curioso del caso es que Casals justificó el contrato dado a su sindicato en que, a diferencia de CCOO y UGT , la Intersindical es "un sindicato sin casos de corrupción", además de ser "la primera fuerza sindical en Cataluña sin ser la sucursal de un sindicato con capital en Madrid" y porque "su precio es más económico que el de UGT y CCOO".

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La falacia de esos argumentos soliviantó a las otras centrales, que se sintieron difamadas por la explicación, no ya por acusarlas implícitamente de corruptas, sino por el hecho de que no habían concurrido a ningún concurso. Según los ugetistas, "no ha habido procedimiento, no hemos podido conocer los objetivos ni el ámbito y alcance de la prestación que se tenía que dar para poder determinar los recursos necesarios para prestar el servicio adecuado". El propio alcalde manifestó a El Confidencial que estaba dispuesto a reconsiderar la adjudicación directa.

El secretario general de CCOO del Baix Llobregat, Josep Maria Romero, por su parte, envió una carta al alcalde denunciando la tergiversación del político al otorgar a la Intersindical —un sindicato muy minoritario— la medalla de ser "la primera fuerza sindical". También le recriminaba la "descortesía e ilegitimidad" de la subliminal imputación de casos de corrupción a los sindicatos mayoritarios y le acusaba de infringir los derechos de UGT y CCOO. El concejal encargado del contrato a Intersindical pidió disculpas públicas a los otros sindicatos y la adjudicación siguió adelante y la Intersindical fue confirmada como asesora del consistorio.