Los falsos mitos del independentismo: por qué Cataluña está como está

El independentismo ha comenzado desde hace unos meses una dura campaña de concienciación entre los suyos en base a mensajes de dudosa credibilidad que machaconamente se lanzan tanto en las redes sociales como en campañas institucionales, ya sean dentro del territorio catalán como internacionalmente. Son los falsos mitos que el independentismo necesita mantener para justificarse. Sin ellos, la situación de Cataluña entraría en una normalidad alarmante que los más radicales tratan de que no llegue nunca. Aquí recogemos los principales:

- La mayoría de los ciudadanos es independentista. Falso. Las formaciones unionistas sumaron 2.228.421 votos frente a 2.079.340 de los independentistas. En estos cómputos, solo se han tenido en cuenta los sufragios recibidos por los partidos con representación parlamentaria. No están contabilizados los 38.743 del Pacma (la cabeza de lista se declaró abiertamente antiindependentista) o los 10.287 de Recortes Cero, por ejemplo. Cierto que por la Ley d’Hondt, el reparto de escaños favorece a los soberanistas porque los votos de zonas rurales, donde ellos acaparan más apoyos, son los que pesan más a la hora de repartir los escaños. Basándose en la atribución de escaños, los independentistas reclaman que tienen la mayoría absoluta del Parlament y que, por ello, representan a la mayoría del pueblo catalán. De ahí que sea peligrosa la deriva que reivindica que con el 50%+1 (de escaños) pueden hacer lo que les venga en gana. Ello lleva a otra paradoja: mientras para algunas cuestiones es necesaria una “mayoría cualificada” del Parlament (que puede ser de tres quintos o incluso de tres cuartos), para modificar el estatus de Cataluña, abolir la Constitución y declarar la república no se necesita más que el 50,1% de los escaños.

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- El Govern no cumple el mandato del pueblo. Falso. “La mayoría de analistas han dado por bueno que el Govern no está cumpliendo el mandato (…) Pues mirad, esto es falso. No está incumpliendo ningún mandato. (…). No hay ningún mandato incumplido”, llegan a afirmar los propios independentistas. El programa electoral de ERC detalla lo siguiente: “El primer objetivo electoral es, ahora y aquí, después de la aplicación arbitraria del artículo 155 de la Constitución, restaurar un Govern y un Parlament legítimos y defender las instituciones catalanas”. También se compromete a “trabajar para hacer efectivo el reconocimiento del derecho ejercido por el pueblo de Cataluña en el referéndum del 1 de octubre”, pedir “la liberación de los presos políticos”, defender “las instituciones de Cataluña ante la agresión que representa la suspensión de nuestro autogobierno a raíz de la arbitraria aplicación del artículo 155” e impulsar un gran “diálogo de país que ensanche la amplia mayoría ciudadana a favor de hacer realidad la república catalana”. JxCAT prometía “restaurar al ‘president’ de Cataluña, Carles Puigdemont, restituir las instituciones catalanas, continuar con el mandato democrático del 27 de octubre y del 1 de octubre, la construcción de la república catalana”, "defender la democracia y las libertades individuales y colectivas y derrotar al tripartito del 155 en las urnas”, exigir la revocación de las “causas pendientes por motivos políticos”, acabar con “la aplicación del artículo 155 y la intervención financiera de la Generalitat” y exigir al Gobierno español “la aceptación de los resultados electorales”.

- No fueron unas elecciones libres. Falso. Fueron unas elecciones convocadas en tiempo y hora, sin dilaciones por parte del Gobierno central, a las que pudieron concurrir incluso candidatos que se encontraban encarcelados y otros huidos de la Justicia. Es más: todos ellos resultaron elegidos y se les concedieron todas las prebendas como parlamentarios. Otra cosa es que algunos de los candidatos no pudieran ser elegidos presidente porque no se encontraban físicamente en el hemiciclo, tal y como prevé el reglamento de la cámara. Por otra parte, Carles Puigdemont, el principal afectado por ello, incumplió su promesa de regresar a Cataluña tras los comicios, prefiriendo quedarse en Bélgica a comparecer ante la Justicia y la sociedad catalana.

- Puigdemont fue el presidente elegido. Otro de los mitos falsos. Ni siquiera ERC se comprometió a investir a Puigdemont. El ‘expresident’ recibió 948.233 votos, solo 12.372 más que Oriol Junqueras. Pero no fue el candidato más votado, sino que lo fue Inés Arrimadas, con 1.109.732 votos. No obstante, tiene derecho a buscar alianzas y a pactar su investidura con quien considere conveniente. Un analista tan poco sospechoso de unionista como Francesc Abad lo dejaba muy claro: “Hay alguna cosa que no está saliendo como se querría, por ejemplo, investir a Puigdemont. Y es un tema muy importante este, pero aun así conviene tener en cuenta dos cosas, sin las cuales cuando se pone este ejemplo de incumplimiento de mandato se está manipulando y mintiendo. De entrada, JxCAT, que es la fuerza que asumió este mandato, no tiene mayoría para hacerlo. Solo podía investirse un presidente independentista a partir de un acuerdo con ERC, y ERC no se había comprometido nunca a investir a Puigdemont. Ante esto, se podría tirar todo por la borda o se podía actuar con responsabilidad, buscando un acuerdo, que es lo que se hizo, porque solo somos mayoría si estamos todos”.

- JxCAT y ERC se comprometieron a proclamar la república. Falso. “Ni JxCAT ni ERC pusieron fecha a hacer realidad la república. Reiteraron su compromiso inequívoco para hacerlo posible, para hacerla realidad. Pero no se puso ninguna fecha, ningún calendario, nada que dijese que en octubre de 2018 la tendríamos que tener, ni en noviembre, ni en enero de 2019. Me resultan, por tanto, incomprensibles los que alimentan el relato de que se está incumpliendo un mandato. Es una manera muy vil de engañar a la gente y de querer desgastar al Govern y a los partidos”, dice Abad. En los programas electorales de ERC y de JxCAT, no aparece en ningún momento la promesa de proclamar la república.

- En Cataluña hay presos políticos. Falso. Hay políticos presos, acusados de delitos contenidos en el Código Penal. La expresión se utiliza no solo para calificar a los miembros del Gobierno catalán encarcelados, sino también a alcaldes y concejales imputados por diversos delitos, como incumplimiento de la Ley de Banderas o desobediencia al juez.

Opinión

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- El referéndum del 1-O fue legal. Falso. Legalmente, la Generalitat no tenía competencias para convocarlo, ya que solo lo puede hacer el Gobierno central. Además, no había ni censo oficial ni hubo un control de las votaciones. En muchas urnas se metían votos a puñados que luego eran contabilizados como válidos. La desfachatez llegó a tal extremo que los independentistas llegan a detallar la cantidad de votos con el sí, con el no o nulos de las urnas que fueron confiscadas durante la jornada. Sin embargo, es imposible conocer cuáles eran los contenidos de esas urnas, ya que nunca fueron abiertas y contabilizados sus votos. ¿Cómo es posible, entonces, que den una cantidad exacta de los ‘votos confiscados’? Por otro lado, la comisión de ‘expertos’ internacionales invitada al referéndum por la Generalitat se negó a realizar ningún informe oficial, tal y como se había prometido, “porque el referéndum no tenía las garantías democráticas mínimas” como para ser tenido en cuenta. El posicionamiento de ‘sus’ observadores fue ocultado por la Generalitat para no tener que reconocer públicamente esa circunstancia y poder seguir teniendo su único ‘leit motiv’ de la secesión: que hubo un referéndum ‘democrático’.

- El antiindependentismo es ultraderecha. Falso. El mensaje simplista lanzado unánimemente por el secesionismo es que “la ultraderecha” es el principal enemigo de Cataluña. En ese concepto se incluyen a partidos como PP, Ciudadanos o la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC). La simplificación del mensaje llega hasta el extremo de que sectores cada vez más amplios del independentismo, los más radicales, incluyan entre la extrema derecha al PSC e incluso a dirigentes de la izquierda tradicional que hoy militan en las filas de Podemos o de los comunes. Paralelamente, desde hace algunos meses se ha ido aplicando la calificación de ‘extrema derecha’ combinándola con la de ‘fascismo’, en lo que es una muestra clara de la manipulación ideológica del soberanismo. En el lenguaje tergiversado que utiliza el independentismo, siempre se añade la coletilla ‘democrática’ a toda acción que provenga de las filas secesionistas, un intento de justificación de sus propias acciones, que muchas veces rayan en la ilegalidad, cuando no en el autoritarismo puro y duro. No deja de ser sarcástico que se llegue a calificar de ‘resistencia democrática’ la violencia callejera de los radicales.

- España no es una democracia. Falso. Es el principal mensaje que, internacionalmente, el independentismo trata de ‘vender’ a los demás países para justificar sus propias acciones. La Constitución española garantiza unos estándares de democracia de primer nivel. Pero la consigna independentista ha sido perversa: si una ley no me interesa, no la obedezco. De ese modo, el Parlamento catalán asumió competencias que no le correspondían al aprobar leyes que abiertamente vulneraban la Constitución, exactamente igual que hizo el Reichstag en 1933 (el único antecedente que existe en Europa) con la Constitución de Weimar. España, por otro lado, tiene un alto grado de permisividad en sus leyes. En Alemania, país que suelen poner como ejemplo los independentistas, están prohibidos los partidos independentistas y las campañas secesionistas. Tampoco se permite que el presidente de un ‘Land’ gane más que la canciller Merkel, por ejemplo. Y, por si fuera poco, tienen sus competencias mucho más limitadas que la autonomía de Cataluña. Claro que también sus competencias están blindadas y no existe injerencia del Gobierno federal en el terreno que corresponde a los gobiernos regionales, como ocurre en España.

- No nos dejan votar. Falso. Fue uno de los mensajes más difundidos en un principio para atacar a España y justificar cualquier actitud secesionista. Desde el año 2010, Cataluña se ha visto abocada a cuatro elecciones autonómicas, tres elecciones generales, dos elecciones municipales y unas europeas. En ocho años, pues, los ciudadanos catalanes han pasado 10 veces por las urnas. ¿Alguien da más?

- La república será más democrática. Falso. Al menos, la república que algunos quieren implantar en Cataluña. Solo dos detalles ilustran la peligrosidad de la deriva en que el independentismo quiere sumir a la sociedad catalana: no establece separación entre los poderes judicial y ejecutivo y el máximo órgano judicial está presidido por el mismísimo consejero (o ministro) de Justicia. Por otro lado, mientras que la Constitución española establece que hay una figura inviolable (que es el Rey), el nuevo régimen catalán, según la ley de transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán con los votos de JxCAT, ERC y la CUP establece que el ‘president’ es también inviolable, así como todos sus consejeros (o ministros). Además, el ‘molt honorable’ solo puede ser imputado por el presidente del Tribunal Supremo… un cargo que sólo puede nombrar él en persona. Para justificar estas aberraciones, los independentistas alegan que esa ley es solo “provisional”. Claro que no aclaran hasta cuándo durará esa provisionalidad.