Quim Torra intenta arrastrar a todo el Govern a la usurpación de funciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está intentando arrastrar a todos los 'consellers' que ha nombrado en su decreto de restitución. Fuentes cercanas a la Administración catalana explican que ha ordenado al secretario de la Generalitat, Víctor Cullell, publicar el decreto de nombramiento del nuevo Govern en el DOGC pese a la negativa del Gobierno español, que controla la publicación gracias a la aplicación del 155. Si los 'consellers' accediesen a participar en la toma de posesión, que sigue convocada para mañana miércoles, o intentan ejercer, incurrirían en un delito de usurpación de funciones.

[Más información: Quim Torra pide un dictamen jurídico para formar Govern y anuncia medidas legales​]

Quim Torra no comete ningún delito al ordenar a Cullell que publique el decreto en el DOGC. Pero si Cullell accede, se abriría otro frente legal. Porque Cullell sí que delinquiría, al ignorar el control del 155. Presumiblemente sería cesado, igual que les ha pasado a más de 250 cargos de la Generalitat bajo el 155. Eso, además de las responsabilidades legales. Igual que los 'consellers' que jueguen a intentar ejercer su cargo. En todos los casos: usurpación de funciones.

Torra ha quedado atrapado en su juego de simbolismos. El bloqueo del DOGC ya había sido estudiado por los equipos legales de la Vicepresidencia del Gobierno el pasado mes de septiembre, cuando se aprobó la ley de transitoriedad. Pero entonces no llegó a aplicarse. Ahora se ha llevado a cabo y ha dejado al 'president' sin Gobierno y sin opciones. Si Torra quiere gobernar, tendrá que cambiar el decreto. La sumisión que intentó evitar en el acto de toma de posesión en que vetó a Soraya Sáenz de Santamaria ahora resultaría evidente en el terreno legal, el favorito de la Vicepresidencia.

JxCAT ha reconocido que estudia medidas legales para superar este inesperado escollo. Pero no hay muchas. Fuentes jurídicas cercanas a la Generalitat explican que en esencia son tres: una, cambiar el decreto y sacar a los 'consellers' presos o en fuga; dos, trocear el decreto en varios y que se publiquen solo los que tendrían el visto bueno del Gobierno español, y tres, presentar un contencioso-administrativo contra el Gobierno reclamando la publicación, al considerarla un acto debido. Esta última es la que tendría más posibilidades y reflejaría de manera más clara el enfrentamiento con el Gobierno. Pero es muy lenta, tardaría años, incluyendo las apelaciones. Lo mejor, tal vez, actuar como Mariano Rajoy, no hacer nada y esperar a que la sala de apelación del Tribunal Supremo suspenda en el cargo a los 'consellers' presos y fugados. Eso solventaría el problema, pero alargaría hasta entonces el 155.

Opinión

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Movilización de la ANC

La ANC convocó protestas por el retraso en el levantamiento del 155. Por tanto, ya se prevé que este tema se convierta en un caballo de batalla en el que la presión de la calle coloque a Quim Torra en una situación más que difícil. En su toma de posesión, Torra prometió que obedecería al pueblo de Cataluña. Ahora el pueblo le pide desobedecer, incluso antes de tener Gobierno o justo para tenerlo y que se levante el 155.

Pero Torra no solo tiene la presión del pueblo. También está la de Carles Puigdemont desde Alemania. Sin la toma de posesión o si esta es invalidada por el Gobierno español, Torra no podrá convocar elecciones, al estar en vigor el 155. Y, por lo tanto, Puigdemont se queda sin la baza de escoger la fecha de las elecciones.

Si sigue en vigor el 155, entonces Puigdemont pierde la capacidad de convocar elecciones, que solo podrían ser a partir del 27 de octubre

El Estatut sigue vigente en Cataluña, y aunque se haya aplicado el artículo 155 de la Constitución, Mariano Rajoy tiene que cumplirlo. Y en su artículo 75, el Estatut prevé que en caso de elecciones anticipadas, tal y como fueron las del 21-D, y una vez que se ha escogido un nuevo 'president' —y Torra ya ha tomado posesión— no puede haber otros comicios en Cataluña hasta un año después de la fecha de la anterior convocatoria. Es decir, la autonomía seguiría suspendida, como mínimo, hasta el próximo mes de diciembre. Rajoy no podría convocar elecciones hasta el próximo 27 de octubre. Eso implica que, como mínimo, si todas las partes persisten en su actitud, hay al menos 155 para nueve meses más.

Malas opciones

Por tanto, ahora, para Torra todas las opciones son malas. Si cambia el decreto, parecerá sumisión al Gobierno español. Si fuerza la celebración de la toma de posesión de sus 'consellers' mañana, los condena a delitos antes de empezar. Si no hace nada, pierde la potestad de convocar elecciones coincidiendo con el juicio del Tribunal Supremo. Y en las dos últimas alternativas, prolonga el 155. En catalán hay una frase para eso: 'Mala peça al teler', que se aplica por extensión a todo tipo de situaciones muy difíciles, que no tienen arreglo. Pues eso.