Carles Flamerich y Xavier Panadero

El fiscal pide cuatro años de cárcel para dos altos cargos de Mas por espiar 'e-mails'

Lo que podía ser un caso particular adquiere una extraordinaria dimensión porque altos cargos del Gobierno de Artur Mas intervinieron correos electrónicos sin orden judicial alguna

Foto: El 'expresident' de la Generalitat Artur Mas. (Reuters)
El 'expresident' de la Generalitat Artur Mas. (Reuters)

La Fiscalía de Cataluña ha pedido esta semana la apertura de juicio oral contra dos altos cargos del Gobierno de la Generalitat por espiar correos electrónicos. El Ministerio Público solicita cuatro años y tres meses de cárcel, así como inhabilitación absoluta durante ocho años para los dos altos cargos, Carles Flamerich y Xavier Panadero. El primero fue director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; el segundo, directivo del Cesicat y responsable de Gestión de Incidentes de este organismo, que debía ser el embrión de unos hipotéticos servicios de espionaje catalanes. O sea, del abortado CNI catalán.

Lo que podía ser un caso particular adquiere una dimensión extraordinaria porque desveló que altos cargos del Gobierno de Artur Mas estaban interviniendo correos electrónicos sin orden judicial alguna y sin respetar la legalidad que protege los correos personales de cualquier empleado de la Administración catalana. Buena parte de las investigaciones realizadas con motivo de este caso pasaron a formar parte del sumario instruido por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que en la operación Anubis ordenó el registro de dependencias de la Generalitat y detención de altos cargos con motivo de la organización del referéndum del 1 de octubre. Varios tomos de ese sumario se centran en el papel del Cesicat y sus iniciativas para crear una ‘agencia de seguridad nacional’.

El ex director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Carles Flamerich. (Foment del Treball Nacional / Lluís Pecoustán)
El ex director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Carles Flamerich. (Foment del Treball Nacional / Lluís Pecoustán)


En concreto, se recogen fragmentos como el siguiente: “Como quiera que un empleado del Cesicat, Albert Gabàs, empezó, en el mes de marzo de 2013, a mandar 'e-mails' a los propios acusados y a altos cargos de la Generalitat, entre otros, los consejeros Felip Puig y Ramon Espadaler, acerca de posibles irregularidades y deficiencias observadas en el funcionamiento del Cesicat durante el tiempo que prestó sus servicios en dicho organismo, los dos encausados, obrando de común y mutuo acuerdo y con el propósito de descubrir todo lo que el señor Gabàs pudiera comunicar cuestionando su profesionalidad, sin autorización judicial y sin sujeción a ningún parámetro de actuación pautado legalmente, acordaron la creación de un sistema de interceptación, al que denominaron ‘filtre altabis’, de todos los correos electrónicos que el señor Gabàs, desde su correo (…), pudiera enviar a cualquier destinatario con una dirección de correo en el ámbito del dominio gencat.cat”.

Este mecanismo, según la acusación, posibilitaba “que los correos remitidos llegaran normalmente a su destinatario legítimo y que, al mismo tiempo, se remitieran a un buzón de correo creado para su archivo, al que los acusados tenían acceso, permitiendo, con ello, su lectura”.

La acusación particular, que eleva la petición de penas a cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación, explica que el espiado detectó “la existencia de irregularidades y deficiencias en el funcionamiento del Cesicat y la dirección general, que repercutían gravemente en una grave merma de la seguridad del entorno informático de la Generalitat. Se lo dijo a los dos acusados, pero ante el caso omiso que le hicieron, elevó sus alertas a los dos consejeros".

Un “equipo de respuestas de incidentes”

El propio director del Cesicat, Xavier Gatius (que tomó posesión del cargo solo unos días después de iniciarse el espionaje de los correos), reconoció ante el juez que este organismo tenía un “equipo de respuestas de incidentes” para intervenir correos electrónicos en la Administración. Este equipo no estaba controlado por ningún juez ni fiscal, sino que trabajaba bajo sus propios criterios y su principal misión era efectuar “filtros” sobre correos de funcionarios que pudieran ser “potencialmente peligrosos”. ¿Y quién decidía que los funcionarios o los correos eran peligrosos? Lo hacían los propios responsables del Cesicat, convirtiéndose así en un peligroso instrumento de control en manos de los cargos políticos del Govern. Este alto cargo argumentaba que los correos 'filtrados' pasaban a un buzón y se eliminaban a los seis meses.

El 'exconseller' de Empresa Felip Puig. (EFE)
El 'exconseller' de Empresa Felip Puig. (EFE)

Albert Gabàs se entrevistó con el entonces consejero de Empresa y Trabajo, Felip Puig, el 2 de abril de 2013 en el hotel Neri de Barcelona. El empleado le detalló que había descubierto que un grupo de piratas electrónicos había robado más de 3.000 credenciales de los correos internos de la Generalitat. Por tanto, podían acceder a determinados ámbitos, en los que tenían acceso a comunicaciones personales de funcionarios o a datos de ciudadanos, como los historiales médicos o académicos, por ejemplo, pudiendo modificarlos incluso. Al día siguiente de la reunión, Gabàs le envió al consejero todas las pruebas que había reunido. A partir de entonces, su correo estuvo bajo sospecha.

Poco después, envió un correo a Puig y a Ramon Espadaler, consejero de Interior. La respuesta a los pocos minutos fue de Flamerich que, sin embargo, se encontraba en los Estados Unidos. Fue entonces cuando, sospechando que su correo estaba intervenido, decidió interponer querella por interceptación de comunicaciones.

Ramon Espadaler y Artur Mas, durante la comisión ejecutiva de CiU en 2014. (EFE)
Ramon Espadaler y Artur Mas, durante la comisión ejecutiva de CiU en 2014. (EFE)

Según Gatius, el correo de Gabàs fue intervenido después de que este comunicara a Flamerich y Panadero que 3.417 correos robados de la Generalitat circulaban por la red con su ‘username’ y su contraseña. Ante ello, aseguraba el director del Cesicat, “se trata de averiguar inicialmente el motivo de la fuga y determinar la credibilidad de la misma, analizando el impacto que pudiera proporcionar”, para decidir “las medidas a adoptar”. Y cuando consiguieron revertir las credenciales comprometidas, “se entendió la amenaza procediendo a desactivar el filtro y queriendo señalar que el peligro no estaba en el hecho de que el señor Gabàs les comunicara la existencia de dichas amenazas, sino de que él pudiera tener acceso a la información de la que manifestaba disponer y que además acreditaba mediante un documento”.

En su denuncia, no obstante, la acusación particular señala que los correos fueron intervenidos “con el ánimo y finalidad de tener conocimiento de todo lo que Albert Gabàs pudiese comunicar a cualquier persona (…) y les pudiese perjudicar profesionalmente de alguna forma”. La intervención se hizo “sin autorización judicial, sin ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal ni del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra”.

Cataluña

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