Amnistía Internacional denuncia la "fuerza excesiva" el 1-O y el recorte de derechos

La libertad de expresión y el derecho de reunión retroceden en España. Así lo asegura Amnistía Internacional en su último informe, en el que destaca que ambos derechos se han restringido "desproporcionadamente" en 2017 y que esto ha afectado, sobre todo, "a personas que apoyaban la independencia catalana". Además, pone de relieve la "fuerza excesiva" que utilizaron las fuerzas de seguridad del Estado durante la celebración del referéndum del 1 de octubre.

El informe, en el que se analizan 159 países, destaca que "decenas" de personas han sido procesadas en nuestro país por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en redes sociales y que ha habido casos de "tortura" y "otros malos tratos" a etarras como Nekane Txapartegi. También denuncia que España ha reubicado a un número de solicitantes de asilo menor del que se había comprometido a acoger en el marco.

Gran parte del informe, en el que se dedica casi cuatro páginas a España, se centra en la situación en Cataluña. Afirma que "algunas autoridades" restringieron el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica tras la decisión del suspender cautelarmente la Ley del Referéndum aprobada en el Parlament. "En Madrid y en Vitoria, los tribunales prohibieron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum", denuncia Amnistía Internacional, que pone otros ejemplos; entre ellos que el Ayuntamiento de Castelldefells no permitió utilizar sus espacios públicos para celebrar reuniones a favor o en contra de la consulta del 1 de octubre.

Balas de fogueo, pelotas de goma y heridos

También se destaca la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart "acusados de sedición, delito definido de manera muy general" -denuncia Amnistía Internacional- en relación con las protestas que se organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona tras los registros de la Guardia Civil en varias 'conselleries' de la Generalitat.

En el apartado de "uso excesivo de la fuerza", Amnistía afirma que fue utilizada por agentes policiales y que durante la celebración del referéndum ilegal se dispararon "cartuchos de fogueo y pelotas de goma" que hirieron "de gravedad" a una persona "que perdió la visión de un ojo". Su nombre, Roger Español.

Libertad de expresión

Amnistía cifra en 20 las personas que fueron procesadas por "expresar opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos". Entre ellos, se cita a la joven Cassandra Vera, condenada a un año de cárcel por "humillación a las víctimas de terrorismo" por publicar varios chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco por ETA.

A lo largo del año, apunta AI, "continuaron imponiéndose a particulares, activistas de derechos humanos y periodistas sanciones administrativas" que podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información.

Torturas y malos tratos

Se dedica también un apartado a "torturas y otros malos tratos", en el que se relata el caso de la etarra Nekane Txapartegi, condenada a seis años y nueve meses de cárcel por colaboración con ETA. Durante su detención en 1999, denunció que había sido torturada por la Guardia Civil durante cinco días y en 2017 se empezaron a investigar.

Amnistía Internacional denuncia también la aplicación "de manera desproporcionada" de la legislación antiterrorista. En este punto, pone como ejemplo la agresión a dos guardias civiles fuera de servicio en un bar de Alsasua (Navarra) y el encarcelamiento de tres de los atacantes.

Otro de los apartados del informe se titula "impunidad". En él se acusa a España de no adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante la Guerra Civil y el Franquismo.