Ingenieros, médicos, abogados, arquitectos... el 'procés' agrieta los colegios profesionales

El terremoto catalán sigue generando réplicas. La división, instalada en muchos estratos de la sociedad, hace tiempo que llegó a los colegios profesionales, muchos de los cuales han suscrito en Cataluña manifiestos con un sesgo independentista, o al menos a favor del referéndum. Y lo han hecho a pesar de que una sentencia de diciembre de 2016 impide a los colegios que son de adscripción obligatoria tomar partido político. Eso ha generado una demanda de un grupo de arquitectos contra su colegio en Barcelona, una moción de censura contra el decano de Caminos en Barcelona que previsiblemente decaerá hoy, una reprimenda contra el Colegio de Abogados en Barcelona por parte del Consejo General de la Abogacía y protestas de médicos por la deriva ideológica de su colegio. Hay quien teme que esta politización acabe por desempolvar la ley de servicios profesionales para cercenar los colegios. Lo resume uno de los consultados: "Si los colegios se dedican a la política, alguien tendrá la tentación de abolirlos"

El pasado 6 de octubre, días después del referéndum ilegal en Cataluña, la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, María Eugenia Gay, se reunió en el Palau con Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat. Gay, hija de Eugenio Gay, vicepresidente del Constitucional que dictó la sentencia sobre el Estatut en 2010, estaba promoviendo una comisión de mediación entre la Generalitat y el Gobierno.

Una sentencia de 2016 falló que los de colegiación obligatoria no pueden tomar partido político

Días antes, decenas de colegios profesionales en Cataluña se habían sumado al manifiesto 'Colegios por el referéndum', en el que lamentaban que el 1-O no se produjera de forma pactada y reiteraban el apoyo "al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña". A ese manifiesto no se sumó el Colegio de Abogados de Barcelona, cuya decana entró en el cargo en junio pasado con el compromiso de despolitizar la institución. El colegio tenía fresco el fiasco de 2013, cuando apoyó el pacto nacional a favor del derecho a decidir impulsado por Artur Mas. Entonces, un grupo de colegiados recurrió a la Justicia y en diciembre pasado el TSJ catalán les dio la razón.

La sentencia consideró que suscribir el pacto “rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera del colegio profesional”. “Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el colegio profesional ha asumido", concluyó el tribunal. Es decir, que si fuera un club, como el Barça, pues podrían apoyar lo que quisieran porque nadie está obligado a estar ahí. Pero para ejercer de abogado —y de médico o arquitecto— hay que colegiarse sí o sí y no hay por qué aguantar posicionamientos ideológicos del colegio.

"Los colegios no pueden mediar; pueden mediar los profesionales que reúnan los requisitos", respondió el consejo de la Abogacía a la queja de abogados

Ramón de Veciana, uno de los abogados que promovieron ese recurso, sigue con la queja: "La Abogacía es el único órgano que como ente no ha hecho una declaración de apoyo al Estado de derecho en Cataluña". Y considera que aunque no suscribiera el apoyo al manifiesto, la mediación ya iba demasiado lejos. "Esa mediación estaba dentro de los mecanismo legitimadores de la independencia. El llamado Consejo Nacional de Transición hablaba de una mediación. Era un mecanismo previsto por los independentistas. El colegio no pintaba nada ahí, mediando entre el Estado y alguien que se había saltado la Constitución, y lo ha dejado cuando Puigdemont estaba ya prácticamente en Bruselas", opina De Veciana, que ayer se reunió con la decana y que cuenta esta que le pidió una tregua.

De Veciana y otro grupo de abogados pidieron al Consejo General de la Abogacía (que agrupa a todos los colegios de España) que los eximiese de estar colegiados en Barcelona e iniciar los trámites para crear un colegio paralelo en Barcelona, algo que no consiguieron. Pero sí les dieron la razón en que esa mediación no era una función para el Colegio de Abogados. "Los colegios no pueden mediar; pueden mediar los profesionales que reúnan los requisitos", fue la respuesta del secretario del Consejo de la Abogacía.

Carles McCragh es decano del colegio de Girona y estuvo en esa reunión con Puigdemont. Su colegio ha sido uno de los más activos y él tiene fama de independentista a pesar de que también es vicepresidente de la Fundación de la Abogacía Española. Mc Cragh sostiene que se ha mantenido en la línea fina que marca la no intromisión en asuntos políticos: "Los colegios están inmersos en una situación especial que muchas veces requiere que se manifiesten. Quizá no en temas políticos, pero sí de derechos. El colegio de Girona nunca se manifestará a favor de la república o a favor de la independencia, pero sí ha tratado temas de defensa de personas encarceladas, aunque todo tiene un lado político".

McCragh considera que no es político el comunicado de la asamblea de colegiados de Girona después de que la Audiencia Nacional enviase a prisión a varios exconsejeros de Puigdemont. En ese texto expresaba su "repulsa por la utilización del derecho constitucional y penal para finalidades que no les son propias, como la resolución de un conflicto político". El decano sí admite que ha tenido quejas de colegiados constitucionalistas. "Hemos intentado ser plurales, pero quizás ha primado un determinado lado más que el otro".

Uno de los abogados críticos: "La solución que veo en Cataluña es que la colegiación sea voluntaria"

La división en el Colegio de Abogados de Barcelona es tan evidente que el pasado 18 de octubre la junta de gobierno tuvo que desuatorizar públicamente a una de sus comisiones, la de defensa, que afirmó que la prisión para los Jordis no se ajustaba a derecho. Y lo hizo el mismo día que la comisión constitucional del colegio señaló que el referéndum del 1-O fue inconstitucional. En el caso se mezclan intereses personales, profesionales y viejas rencillas. El vicedecano, Jordi Pina, es además abogado de Jordi Sánchez y desde hace unos días de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, los dos encarcelados y que han cambiado recientemente de defensa.

Ante esta situación, otros colegios de abogados comenzaron a moverse. Uno de los primeros fue el de Cartagena, cuyo decano es José Muelas. "Llamé al Consejo General de la Abogacía Española a pedir un comunicado de apoyo al Estado de derecho como había hecho todo el mundo. Como no hicieron nada, decidimos hacerlo nosotros. Los colegios no estamos para hacer política sino para apoyar a los profesionales y la legalidad". Al colegio de Cartagena le siguieron otros y fue creciendo el mar de fondo en el consejo de la Abogacía, que el pasado 28 de octubre al fin se posicionó y emitió un comunicado de apoyo a la Constitución. El asunto queda latente a la espera de que se enfríe.

Quizás está a la espera de un acuerdo como el que han alcanzado los ingenieros de Caminos. La demarcación en Cataluña apoyó el manifiesto del derecho a decidir y su decano, José Oriol Altisench, fue acusado de poner el organismo al servicio de la independencia. Acumula 15 denuncias en la comisión deontológica y hoy el consejo general tiene previsto tratar una moción de censura contra él. Al contrario que en otras profesiones, el Colegio de Caminos es único para toda España y tiene demarcaciones, pero en Cataluña había quien sostenía que estaban creando su propia estructura al margen de Madrid.

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La noche del lunes, la junta de gobierno del colegio y la de la demarcación de Cataluña pactaron una declaración institucional "en aras del entendimiento, la concordia y la unidad colegial", en la que añaden que "los fines y funciones del colegio son de carácter profesional, por lo que sus órganos de gobierno y sus representantes colegiales no han de hacer pronunciamientos de carácter político". Además, la demarcación de Cataluña deja claro que nunca ha intentado formar su propio colegio. Lo previsible es que ahí se desactive el conflicto, al menos entre las cúpulas. Uno de los ingenieros que han movido el asunto, Vidal García, cree que la moción de censura es una cuestión de principios. "Si hay que restablecer el orden, es que se había vulnerado". La filial catalana del Colegio de Caminos ya ha retirado su apoyo al manifiesto a favor del referéndum.

Eso será más difícil que ocurra en el caso del Colegio de Arquitectos de Barcelona, donde cinco colegiados han planteado una demanda contra su colegio. Su abogada, Vanessa González, considera que el acuerdo para suscribir el manifiesto de apoyo al referéndum "viola el derecho de libertad ideológica y de pensamiento de los colegiados, porque ninguno de los colegios tiene entre las funciones estatutarias hacer manifestaciones políticas". "Están actuando fuera del margen estatutario de los colegios profesionales. Su finalidad es la defensa de una profesión pero se dedican a hacer reclamaciones políticas en nombre de todos los colegiados". La abogada ha planteado un caso similar contra la comisión de mediación impulsada por el Colegio de Abogados de Barcelona. Una portavoz del Colegio de Arquitectos de Barcelona se limitó a comentar ayer que mantenía su posición. El decano en Barcelona, Lluis Comerón, aspira a presidir el Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España.

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González destaca que el independentismo ha copado todos los colegios en Cataluña. Y pone como ejemplo el de médicos, donde "miles de facultativos han protestado contra la cúpula". Un total de 1.300 médicos han recogido firmas contra el colegio en Cataluña, y en particular en Barcelona. El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña y el sindicato de médicos rechazaron en un comunicado “la decisión del Gobierno español de aplicar el artículo 155”. El decano del colegio barcelonés, el mayor de todos, Jaume Pradós, explicó hace semanas a este diario que mantenía su decisión de apoyar el manifiesto de los colegios por el derecho a decidir: “Llevaba en mi programa ayudar a la expresión del derecho a decidir de Cataluña y no me muevo de mi programa”.

Más allá de cómo acabe cada una de las cuitas entre colegiados, hay en el sector quien se preocupa por cómo puede afectar esto al futuro de los colegios profesionales. Al llegar al Gobierno, el PP movió un borrador de ley de servicios profesionales que limitaba mucho el poder de estos y la colegiación obligatoria. El proyecto duerme en un cajón, pero hay quien teme que si siguen haciendo política, alguien decida quitarle el polvo. José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y muy activo en la vida colegial, no lo descarta: "Me parece que si los colegios profesionales se meten en política, puede ocurrir que a determinados grupos políticos les parezca que no es la labor y que probablemente hubiera que regularlos de otra forma".

Ramón de Venciana apuesta directamente por esa fórmula: "La única solución que le veo en Cataluña es que la colegiación sea voluntaria. No tengo que soportar que a cada decano que viene le entre una misión histórica y nos embarque siempre en el mismo sentido. Ya llevo reuniones con tres decanos seguidos por el mismo tema. Habría que hablar con De Guindos para que saque la ley por modernidad y por sanidad democrática. Viendo que los colegios se han convertido en costra nacionalista, libérenos de este yugo". Este abogado ofrece una explicación a por qué los colegios en Cataluña están liderados mayoritariamente por independentistas, más allá de porque buena parte de la élite de la burguesía ha abrazado el independentismo: "El no independentista no hace proselitismo. Es como el agnóstico, pero el que tiene una fe sectaria, sea religiosa o ideológica como el nacionalismo, tiene entre sus mandamientos hacer proselitismo. Y una forma es intentar copar el mayor número de entidades y asociaciones profesionales. Los que no somos nacionalistas hacemos nuestra vida".