Las escuchas del 1-O: el Govern amañó hasta la adjudicación del Eurovegas catalán

El Gobierno catalán maniobró bajo mano para conceder los permisos del Eurovegas de Tarragona. La operación estaba tan viciada que ya estaba decidido conceder el concurso a una empresa que todavía no se había constituido. Así se desprende de las conversaciones telefónicas ejecutadas con orden judicial al exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, que fue detenido el pasado 20 de septiembre: dos semanas antes de celebrarse el concurso, ya estaba decidido quién se iba a llevar el gato al agua.

El 13 de julio, Salvadó llamaba por teléfono a Ernest Benach, expresidente del Parlament. El tema a tratar era la creación de un centro recreativo turístico en Vilaseca i Salou (Tarragona), es decir, el proyecto de Eurovegas, que sería adjudicado a la empresa Hard Rock Internacional. En la conversación, Salvadó afirma que ha podido quitarse de encima a las otras dos empresas que competían por el proyecto “ya que eran infumables desde nuestra perspectiva”.

De igual modo, admitía que Hard Rock era la empresa que querían y que están “intentando contactar” con ellos, pero que él, “como presidente de la mesa de adjudicación”, no lo puede hacer porque lo tiene prohibido, pero lo están llevando indirectamente. Esos contactos prohibidos, al parecer, se hacían a través de un gabinete de abogados de confianza.

La adjudicación definitiva se hizo más tarde "ya que todavía tienen que construir la empresa", reconoce Salvadó en una conversación

En la conversación, Salvadó reconoce que el 28 de julio siguiente adjudicaría el proyecto a Hard Rock de manera provisional y el 8 de septiembre “será la adjudicación definitiva, ya que todavía tienen que construir [sic] la empresa”. Benach se puso a disposición de Salvadó para ser un interlocutor válido y el secretario de Hacienda le contestó que lo tendría en cuenta “para cuando Hard Rock ponga un interlocutor con el que puedan hablar de este proyecto”.

Los dos políticos hablaron también del referéndum del 1 de octubre y el expresidente del Parlament le preguntó directamente: “¿Habrá voto por correo?”. “Estoy en ello”, le contestó el interlocutor del Govern. El problema que tenía la Generalitat en ese momento era que hacerlo por Correos no era operativo y el otro proveedor homologado “ha fallado, pero se solucionará. Se enviará tarjeta censal a 5,5 millones de ciudadanos”.

Tensión en el Govern

Dos días antes, el 11 de julio, Salvadó (que también es secretario general adjunto de ERC) llamaba a una militante de su partido, María Jesús M. S., cargo de confianza en la Diputación de Tarragona, para comentarle que el presidente catalán, Carles Puigdemont, quería nombrar un consejero para el referéndum porque la segunda del Govern, la entonces consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, “tira pelotas fuera”. Con este comentario, el dirigente republicano admitía una crisis encubierta dentro del propio Gobierno (que a la postre acabaría con la salida de varios consejeros, entre ellos la propia Munté).

Pero, además, Salvadó comentaba a su interlocutora que había hecho “un par de operaciones mediáticas, una filtración controlada y oficiosa sobre el Proyecto Gestoría”. Esas filtraciones, claro, a diarios netamente independentistas y financiados con dinero público. Poco más tarde, aparecía la noticia en esos medios de que la Hacienda catalana gestionaría el pago de impuestos al Estado a partir del mes de octubre. También aparecía el dato de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) preveía gestionar el cobro de 4.500 millones de euros en impuestos. Para ello, contaba con que 180 empresas públicas, así como otras 30 empresas y organismos en los que participaba la Generalitat, además de ayuntamientos y universidades, pagarían todos sus impuestos a la “estructura de estado catalana”. Todo ello se hacía “sin negociar con la Hacienda española”.

Lo que el secretario de Hacienda le trasladaba a su amiga era que la ATC ya tendría capacidad para “asumir las competencias plenas en caso de conseguir la independencia tras el referéndum del 1 de octubre”.

El 21 de agosto, ambos vuelven a hablar y el político le asegura que el día 1 de octubre, “ese día, se acaba el recorrido autonómico y empieza otro para implementar todo lo que es la tramitación de impuestos, el plan de empresas públicas […] montar una unidad de inspección para fraude internacional y cerrar una serie de cosas”.

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Especialmente reveladora es también una conversación con su compañero de gobierno, Pere Aragonès, secretario de Economía, el 24 de julio. Salvadó tiene que asistir a una entrevista en Catalunya Ràdio y está preocupado por un descuadre de 6.150 euros que el Ministerio de Hacienda descubrió en las cuentas de la Generalitat, que supuestamente se gastaron en la organización del referéndum. Aragonès le comentó que podía declarar que el referéndum será avalado por una ley aprobada por el Parlament, que apela a los principios y al derecho de autodeterminación. El secretario de Hacienda, no obstante, tenía claro que, si le preguntaban sobre el agujero detectado por el fisco español o por gastos relacionados con el referéndum, “tiraré balones fuera”.

Recelos hacia el PDeCAT

Hubo, sin embargo, otro episodio que revela las tensiones internas del Ejecutivo de Puigdemont. El 30 de agosto pasado, Salvadó habla con Raúl Murcia, asesor especial de la Generalitat para temas de difusión institucional. Murcia le comenta que esa tarde Salvadó recibirá la visita “de una tal Elsa, enviada por el ‘president’ Puigdemont”, para que le explicara cómo estaba la situación económica en vistas de poder “proclamar la independencia en octubre, tras la celebración del referéndum”.

En ese momento, Salvadó se encontraba en compañía del vicepresidente Oriol Junqueras y era del todo inviable porque carecían “de muchas cosas necesarias, control aduanero, banco propio, etcétera”. El temor de Salvadó era que si le decía la verdad a la enviada de Puigdemont, los del PDeCAT pudieran echar la culpa a Junqueras, “de que por su culpa no se había podido declarar la independencia”. Al final, llegan a la conclusión de que deben “torear” a la tal Elsa de la mejor forma posible. Y así parecieron hacerlo. Al día siguiente, en una breve conversación telefónica con la enviada la tarde anterior, Salvadó le insistía en que lo que hay que hacer es “dar confianza a la gente de cara al referéndum, no solo cambiar la bandera”.