Puigdemont desvela cómo se 'comerá' a la Hacienda española en su 'procés'

El presidente catalán, Carles Puigdemont, desveló esta mañana sus planes para arrinconar a la Hacienda española y hacerse con todos los impuestos que se generan en Cataluña en un plazo de algo más de un año. “Estamos poniendo los fundamentos de la Agencia Tributaria catalana, que recaudará todos los recursos del país. Tenemos 142 oficinas de ventanilla única bajo la marca Tributs de Catalunya y, lo que es más importante: estamos preparando la unificación de deudas para así poder actuar con independencia de la Agencia Española de la Administración Tributaria [AEAT]”, dijo Puigdemont en el Parlamento con motivo del debate de política general, algo así como el debate del estado de la nación en versión autonómica.

Para lograr esa hazaña, el ‘president’ ya cuenta con una plantilla de 425 funcionarios de la Hacienda catalana y espera aumentar la plantilla a 800 a finales de 2017.

El ‘president’ anunció que trabaja en un proyecto de ley sobre la muerte dDigna. “Volvemos a dar muestras de país avanzado, lo mismo que en memoria histórica. España es el país de Europa con más personas desaparecidas y hay que promover la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Por eso, planteamos una iniciativa para identificar a familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y durante el franquismo. En un Estado normal, se buscarían soluciones a los conflictos y habría complicidades y consensos, pero aquí nos encontramos con la voluntad de silenciar memorias, judicializar la política, retocar la historia en los libros de texto e, incluso a veces, retornar a tiempos pasados, como el ministro Margallo, que aludió a octubre de 1934 comparándolo con la propuesta de poner las urnas que hice recientemente”.

Puigdemont también negó que haya fuga de empresas de Cataluña. “No es cierto —clamó desde el atril—. En 2015, se fueron 949 empresas, que son menos de las que se fueron de Madrid, y allí hay incluso un menor tejido industrial. Es más: Cataluña lidera la creación de empresas en el Estado español desde 2012, es decir, desde el inicio del proceso”.

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También enfatizó que su Gobierno tiene 36 oficinas abiertas que dan servicio en 90 países y que hacen “un acompañamiento necesario y definitivo a 23.000 empresas catalanas”. Sus números obligan a tirar cohetes: por cada euro gastado en esas oficinas del exterior, "retornan 49 euros en exportaciones y 26 euros en inversión extranjera; en estos momentos, Cataluña lidera los mercados de Irán, África subsahariana y los Balcanes”.

Eso sí, apeló a “la estructura necesaria y legítima en el exterior”, aludiendo a las ‘embajadas’ y a su intención de seguir abriendo más. “Si se hubiesen aprobado los Presupuestos, habríamos llegado a 17 delegaciones”, explicó.

La dejadez del Estado español

Aprovechó el atril para disparar contra el Estado español. “Si cumpliesen con las inversiones en la red ferroviaria de Cercanías, sacaríamos 8.000 coches de las carreteras. Aun así, la Generalitat ha invertido los últimos años 3.800 millones de euros, si contamos los trenes de Terrassa, frente al olvido y la dejadez del Estado español”. No solo eso: argumentó que el aeropuerto de El Prat y el Puerto de Barcelona “son las infraestructuras más rentables de Aena y no deben estar subyugados a una política centralista. Con el corredor mediterráneo y una gestión autónoma de estas infraestructuras, tendríamos más y mejores puestos de trabajo y más recursos económicos”.

Afirmó que Cataluña tiene “infrafinanciación crónica del Estado”, aunque “desde 2008 vende más al exterior que el mercado español”. Además, uno de cada cuatro turistas recala en Cataluña, mientras que esta comunidad “lidera los congresos internacionales, lo que nos hace crear marca de país”. Se quejó, sin embargo, de que el Estado español recortó 147 millones de euros en las ayudas al sector agroalimentario, “poniendo en riesgo las ayudas europeas cofinanciadas. Pero este Gobierno ayudará al sector: de aquí a 2020, el Estado solo destinará 59 millones de euros, cuando la Generalitat aporta 403 millones”.

Sacó pecho y afirmó que la Generalitat ha paralizado 3.700 desahucios. “Queremos parar los desahucios. El Parlament ha legislado más que ningún otro, pero el Gobierno español y el Tribunal Constitucional han recurrido y han suspendido más que nunca, como la ley contra la pobreza energética o los desahucios”. Pero, a pesar de esas suspensiones de leyes, “hemos desplegado medidas: por ejemplo, acordar con diversas entidades la cesión temporal de viviendas; hemos recaudado más de 11 millones de euros a través del impuesto de pisos vacíos, impuesto pendiente de sentencia del TC”. Por ello, denunció la “agresión legalista del Estado español, que de manera sistemática da la espalda al ciudadano. Nuestro compromiso es ayudar a los más pobres. Por eso, hemos llegado a acuerdos con 13 empresas del sector del agua para que no corten el suministro ante los impagos”.

Se refirió a la Agencia Catalana de Protección Social, que pretende sustituir a la Seguridad Social española y es una de las leyes de desconexión. Esa agencia, subrayó, “hará que revisemos el mapa de protecciones, porque se da la paradoja de que los indicadores económicos y de riqueza del país no se pueden traducir en la protección social que nos corresponde”. Puso como ejemplo la Ley de Dependencia: “El Estado solo financia el 18% de las ayudas y no el 50%. El resto lo asume la Generalitat. Entre 2012 y 2015, hemos dejado de percibir 336 millones de euros”.

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Eso sí, dijo que mantendrá ayudas a los más necesitados (entre ellas, 10 millones a luchar contra la pobreza energética y otros 10 para proyectos e cohesión social) en los próximos Presupuestos y que prevé una convocatoria de empleo público que pueda llegar a 7.000 puestos de trabajo en los sectores de sanidad, bomberos, educación, Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria. Paralelamente, reconoció que trabajan "con agentes sociales e instituciones para poder fijar un salario mínimo de 1.000 euros”.

La necesidad de tener un Estado propio

Puigdemont no se quedó ahí: el paro se sitúa en Cataluña en el 12,1%, tres puntos por debajo de la media española. Y también “es el tercer país de Europa en número de estudiantes en universidades bien posicionadas en los 'rankings' internacionales”, los estudiantes catalanes tienen mejor entrada en el mercado laboral que el resto de los españoles y “cinco de cada 10 investigadores son internacionales”.

El mandatario reivindicó las selecciones catalanas destacando que “ocho8 de las 17 medallas olímpicas son de catalanes, así como 11 de las 31 medallas de los paralímpicos, lo que es todo un reconocimiento al deporte catalán”.

Reivindicó también la necesidad de tener un Estado propio porque el Estado “no nos deja participar en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado [Citco], ni nos facilita datos internacionales ni nos permite participar en Europol ni en Interpol, ni nos da dinero para ampliar plantillas. Por eso necesitamos un Estado propio”. Destacó, sin embargo, que ya tiene el proyecto de ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que “dará respuesta a las amenazas digitales”.

En resumen, zanjó que, “hoy, las decisiones se toman votando y el futuro de Cataluña lo hemos de decidir los catalanes con nuestro voto, por nuestro bien y el de nuestros hijos”. Toda ello muestra su intención de celebrar el referéndum que pretende convocar el año que viene y que es una condición indispensable si quiere seguir manteniendo el poder al menos un año más. Fue, en definitiva, un mitin en el atril en el que dibujó una Cataluña fantástica, sin fisuras y cohesionada, ausente de cualquier atisbo de autocrítica, en contraste con las gravísimas incertidumbres que enumeró del mundo, de Europa y de España. “Aquí tenemos un Gobierno que gobierna y una mayoría parlamentaria que dejará a Cataluña a las puertas de ser un Estado independiente”, resumió lo positivo de su Ejecutivo.