El 'procés' deja bajo mínimos la lucha contra el terrorismo yihadista en Cataluña

Cataluña es la comunidad autónoma donde más operaciones antiterroristas (27) se han llevado a cabo desde 2013, donde residía un tercio de los aspirantes a yihadistas detenidos desde ese año, según el investigador Fernando Reinares, del Real Instituto Elcano. Es allí también donde el Ministerio del Interior calcula que hay cerca de 10.000 posibles focos de radicalización, un 29% del total de España. Barcelona y Cambrils fueron además los escenarios, hace dos meses, de sendos atentados terroristas que causaron 16 muertos y 120 heridos.

Desde que en septiembre la Generalitat pisó el acelerador del 'procés', la lucha antiterrorista está, sin embargo, bajo mínimos. Lo está porque la cooperación entre los Mossos d’Esquadra y las fuerzas de seguridad del Estado, ya de por sí escasa y salpicada de tensiones —la policía autonómica denunció en 2014 a la Policía Nacional en la Audiencia Nacional—, es ahora casi inexistente. Las diversas fuerzas policiales le dedican menos esfuerzos porque tienen otras prioridades.

“La colaboración no transcurría por cauces institucionales, que nunca han funcionado, sino por otros informales”, comenta una fuente sindical de la policía autonómica. “Si yo investigaba a un sospechoso, llamaba a un conocido de los Mossos y le pedía que mirara en su base de datos qué tenía sobre él”, explica un miembro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que se dedicó en Barcelona a la lucha antiterrorista. “Me hacía el favor porque sabía que pronto o tarde se lo devolvería haciendo lo propio con nuestra base de datos”, añade.

“Esos procedimientos atípicos, pero eficientes, de comunicación apenas se utilizan ahora porque la desconfianza entre cuerpos es aún mayor” —sobre todo desde el referéndum del 1 de octubre— y porque “hay miedo a dejar algún rastro que pueda acabar perjudicando” al funcionario que hace la gestión, añaden las fuentes sindicales. El correo enviado por un policía local de Vilvoorde (Bélgica) a un 'mosso' preguntando insistentemente por el imán de Ripoll (Girona), que adoctrinó a los jóvenes terroristas, acabó saliendo a la luz y poniendo en tela de juicio la eficacia de la policía catalana.

La tensión entre cuerpos policiales quedó de nuevo puesta de manifiesto en la noche del 16 de agosto pasado, cuando los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) de la Guardia Civil no fueron autorizados por los Mossos a inspeccionar el chalé de Alcanar (Tarragona) que una mala manipulación de un explosivo casero, conocido popularmente como la 'madre de Satán' (TATP, según sus iniciales en inglés), hizo saltar por los aires. La policía autonómica alegó que poseía sus propios artificieros y no necesitaba refuerzos.

“Los cuerpos de seguridad están enfrentados y eso resta eficacia a su labor”, se lamenta Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior. “Un aspecto especialmente preocupante es la desconfianza en Cataluña hacia los Mossos y el cuestionamiento de sus mandos investigados por graves delitos”, recalca Francisco Martínez, exsecretario del Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy. “La lucha antiterrorista tiene implicaciones lo suficientemente graves como para que la relación entre sus responsables no admita fisuras”, añade. Por tanto, “los Mossos han de volver a ganarse la confianza de ciudadanos, cuerpos policiales y jueces y fiscales”.

El grueso de la lucha antiterrorista ha recaído hasta ahora en Cataluña sobre las fuerzas de seguridad del Estado, pero estas le dedican ahora menos medios. “La Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil se sigue consagrando de lleno al terrorismo desde su sede madrileña, pero una de sus fuentes de información está extinta”, explican agentes del Instituto Armado. “La UCE desarrolla sus propias investigaciones, pero también se nutre de lo que le envía su servicio de información desde Cataluña” y este se dedica ahora ante todo a seguir la pista de los presuntos sediciosos, añaden las mismas fuentes.

“Si el Ministerio del Interior tiene que centrar todos sus recursos en un problema acuciante, necesariamente se deberán detraer recursos de otros asuntos que las circunstancias políticas han convertido en menos apremiantes”, señala, por su parte, un agente del CNP con larga experiencia en Cataluña.

“No veo nada de mayor riesgo que la radicalización que puede desembocar en terrorismo, y por eso no se ha bajado la guardia”, asegura, sin embargo, un funcionario adscrito al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), el foro que sirve para coordinar a los diversos cuerpos policiales y al CNI (servicio secreto a las órdenes de la Vicepresidencia del Gobierno). Prueba de que se sigue trabajado fue, según este funcionario, la detención por la Guardia Civil, el martes en Palamós (Girona), de una joven de 21 años que adoctrinaba e intentaba reclutar a mujeres para enviarlas a zonas de conflicto. La pista inicial de esta investigación fue proporcionada por el FBI estadounidense.

Pese a que poseen un servicio de información numeroso —alrededor de 400 agentes (el 2,4% de sus efectivos) a las órdenes del comisario Manel Castellví—, los Mossos han tenido hasta ahora, muy a pesar suyo, un papel secundario en la lucha antiterrorista. Cuando en agosto se enfrentaron al primer gran golpe yihadista, su impericia quedó al descubierto. Los grupos yihadistas tienen ramificaciones no solo por toda España sino también fuera, por lo que las investigaciones incumben con frecuencia a las fuerzas de seguridad del Estado.

“De ese batallón de agentes de información de los Mossos solo 50 están de verdad ahora dedicados a auténticas tareas de información y los demás se consagran, en mayor o menor medida, a secundar el 'procés”, afirma el agregado de Interior en España de un país europeo que mantiene estrechos contactos con la policía autonómica.

“Esta proporción es del todo inexacta”, responden fuentes sindicales de la policía catalana. En la antigua Unidad Central de Recursos Operativos de los Mossos “hay unos 40 o 50 hombres adscritos a tareas de apoyo al 'procés', mientras que los demás agentes de información, unos 350, siguen con sus cometidos habituales”. “Pero es verdad que la situación por la que pasa Cataluña lo emponzoña todo”, reconocen esas fuentes. “Hemos llegado hasta tal punto que hay agentes a los que ya no se puede poner a patrullar juntos a causa de sus divergencias políticas”.

Las tensiones políticas que prevalecen en Cataluña han hecho imposible que se examinen con sosiego los múltiples errores cometidos por las diversas fuerzas policiales, que permitieron que un puñado de jóvenes yihadistas perpetrara un doble atentado tras un paréntesis de 13 años. “En España no se ha aprendido ninguna lección de lo sucedido en Barcelona, pese a que si los terroristas hubiesen logrado llevar a cabo su plan inicial, la hecatombe hubiera sido mucho mayor”, es un comentario repetido entre agregados de Interior adscritos en Madrid a varias embajadas. Esa ceguera es ya de por sí preocupante, pero más lo es aún que una crisis política pueda poner en peligro la seguridad ciudadana.