La Fiscalía señala a la cúpula de los Mossos por su pasividad ante la consulta

La intervención parcial de los Mossos d’Esquadra en todo lo referente al tema del referéndum es el preludio de algo más importante: puede ser la antesala de una querella contra altos cargos del cuerpo de la Policía Autonómica catalana por desobediencia y prevaricación. “Se ha estado intentando escurrir el bulto, se han dado órdenes tibias y, por la puerta de atrás, se jaleaba a los Mossos para que no aplicasen las instrucciones de la Fiscalía, lo cual quiere decir de los tribunales… en resumen, hay indicios de que las cosas no se hacían como debían hacerse”, dicen a El Confidencial fuentes cercanas al Gobierno español. Y eso produce pánico en la cúpula de la Consejería de Interior.

La asunción de la responsabilidad de todo lo relacionado con el 1-O por parte del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Seguridad del Estado significa, de rebote, que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tomará directamente el control de la situación, porque el ‘coronel Cobos’, como se le conoce, no es solo hombre de confianza de la ‘vice’, sino hermano del expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos. Su vinculación a Interior se remonta once años atrás, cuando se incorporó como asesor del gabinete del entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El pasado jueves, en una tensa reunión en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, el responsable de esta, José María Romero de Tejada, advirtió ya que quería unificar todo lo relacionado con el referéndum en un ‘mando único’, lo que quiere decir que todas las instrucciones hacia Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos y policías locales han de ser centralizadas en una sola cabeza, dependiente del Ministerio del Interior.

Para ello, se echó mano del artículo 41 de la Ley 2/86 de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, que dice que “los cuerpos de policía de las comunidades autónomas son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada”. Además, el artículo 46 prevé que “cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la policía de la Comunidad Autónoma, serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación”.

No existe intervención de los Mossos

De ahí que desde el Gobierno español se subraye que “no existe ninguna intervención de los Mossos d’Esquadra, sino que se trata de coordinación de todos los cuerpos para una mayor efectividad”. Además, los asuntos a los que se refiere esa coordinación son únicamente los relacionados con la preparación del referéndum, puesto que en todos los demás temas los Mossos d’Esquadra seguirán operando con toda normalidad. Dejan abierta la puerta, no obstante, a una intervención en un futuro inmediato.

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EC

El consejero de Interior, Joaquim Forn, ya dejó caer este viernes que el Estado preparaba la “intervención encubierta” de los Mossos. No es del todo cierto. Durante la semana, fue advertido por el Ministerio que existía la posibilidad de que el cuerpo catalán fuera intervenido. En la reunión de este sábado, el fiscal repitió el mismo mensaje: no hay una intervención efectiva. Es más, desde algunos círculos oficiales se admite que lo que hay es “una desobediencia encubierta” por parte de la Policía autonómica catalana.

La convocatoria urgente en la Fiscalía fue para comunicar que toda la operativa relacionada con el 1-O se centralizará en un miembro de la Guardia Civil y que posiblemente en horas (entre este sábado y el lunes) se comunicará que, seguramente, se intervienen los Mossos. De encubierta, pues, nada. Anunciada con luz y taquígrafos… y testigos. Y, por ello, el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se presentó este sábado en la reunión con una carta oponiéndose a dicha intervención y en la que relataba 50 actuaciones de los Mossos d’Esquadra sobre intervenciones de material electoral y carteles relacionados con el 1-O. “50 actuaciones de una fuerza de 17.000 efectivos no es mucho bagaje. Es una vergüenza…”, argumentan sus detractores. Y luego advirtió a Romero de Tejada que el fiscal se estaba extralimitando en sus funciones. Lo que teme en realidad el mando policial es la que se le puede venir encima.

Aún así, el consejero Forn ya anunció a las 3 de la tarde, en una comparecencia para leer una declaración institucional, que los servicios jurídicos de su departamento estudian una respuesta jurídica a la instrucción de la Fiscalía porque “no aceptaremos el mando de los Mossos por parte del Ministerio”. Para Forn, “es intolerable que el Estado dirija los operativos policiales de Cataluña vía un alto cargo del Ministerio” .

Además, recordó que Trapero explicó en la reunión que no se puede "aceptar que bajo el paraguas de la coordinación se pretenda mandar en el Cuerpo”. Para los independentistas, la medida “es una injerencia del Estado, porque se salta todos los órganos que el marco jurídico dispone para coordinar la seguridad en Cataluña”.

A este respecto, el ‘conseller’ debe desconocer la Ley 2/86, anteriormente aludida, que habla precisamente de eso mismo. Y echaba el resto: “Pedimos mucha tranquilidad, porque los Mossos no renunciarán a ejercer sus competencias en lealtad al pueblo de Cataluña”. Sin embargo, no hacía referencia a que las actuaciones que pasan bajo control del coronel Cobos son solo las relacionadas con el 1-O “porque los Mossos no han cumplido los deberes legales que se les habían exigido”, según fuentes del Ministerio del Interior.

El consejero Forn ya anunció que los servicios jurídicos de su departamento estudian una respuesta jurídica a la instrucción de la Fiscalía

Poco después, el propio Trapero emitía un comunicado interno puntualizando que la instrucción de unificación del mando del operativo para impedir el 1-O “en ningún caso supone la intervención del Cuerpo de los Mossos por parte del Estado”. Añadía que el cuerpo autonómico siempre ha mostrado “un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, que evidentemente seguiremos manteniendo” y detalla que, aunque se obedecerán las órdenes del Fiscal Superior, no comparte “que una parte de la actividad del Cuerpo sea ordenada y titulada por un órgano que depende del Ministerio del Interior”. Esta declaración, obviamente, no altera ni la decisión de los Mossos de respetar la “legalidad vigente” ni modifica su enfado al considerar que se ha desautorizado públicamente su actuación con respecto al referéndum.

La rebelión de los ediles

El enfado de los representantes del Gobierno español proviene de las órdenes recibidas por algunas policías locales e incluso las instrucciones dadas por determinados mandos de los Mossos. “Todo el prestigio que los Mossos habían alcanzado con la investigación de los atentados del 17 de agosto lo han tirado por la borda con su actitud ante el referéndum en los últimos días”, escenifica la situación un mando del Ministerio del Interior.

Pero hay más: este martes, por ejemplo, el alcalde de Moià, Dionís Guiteras, envió un escrito a su Guardia Urbana para que “en el plazo de 24 horas” restituyeran los carteles de propaganda del referéndum aprehendidos, de acuerdo con las órdenes judiciales y fiscales que se habían emitido. El alcalde se arrogaba la potestad de, en caso contrario, tomar represalias contra sus urbanos por “obstaculización de las libertades públicas, insubordinación hacia la autoridad del alcalde y desobediencia a las instrucciones legítimas dadas por éste”. Evidentemente, un juzgado de Barcelona anuló ipso facto la orden del radical, contraria al ordenamiento jurídico.

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B. Rodrigo

En Barcelona, según fuentes solventes, la tibieza de las órdenes dadas desde la cúpula de la alcaldía por Ada Colau fueron contrarrestadas por el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, que se negó a hacer la vista gorda ante la propaganda del 1 de octubre. En una dura circular a sus subordinados, el responsable de la policía local barcelonesa remitía las instrucciones que fueron entregadas por la Fiscalía a todos los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y recordaba que la Guardia Urbana “también es policía judicial” y ha de actuar como tal, por lo que está obligada a cumplir la ley y las órdenes judiciales. En algunos círculos, corren ya rumores del próximo relevo de Evelio Vázquez debido a ese enfrentamiento con la alcaldesa.

Para mayor abundamiento, la actitud de los Mossos d’Esquadra tras los tumultos del miércoles con motivo de los registros en sedes del Gobierno catalán molestó mucho en Madrid. “Dejaron hacer. Querían dar la impresión de que ellos no eran los defensores de las ‘fuerzas de ocupación’ y con su dejadez, los manifestantes acabaron no solo agrediendo a guardias civiles, sino destrozando coches y material. Si los Mossos hubieran cumplido con su deber, los desórdenes públicos no se hubieran producido”, afirman fuentes cercanas al Gobierno central. Claro que estas contundentes declaraciones son contrarrestadas por el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Clèries, para quien el Gobierno español ha fabricado “una fantasía cuando habla de tumultos y problemas de orden público en Cataluña. Todos han visto que el 99,9% de la gente que salió a la calle se ha comportado cívicamente y con voluntad de expresarse libremente. Pretender lo contrario es un insulto a la inteligencia”.

Reacciones

Las reacciones a las medidas implementadas por la Fiscalía no se hicieron esperar. Todos los líderes independentistas se retroalimentan de las decisiones del Gobierno español o de la justicia, en una absurda carrera por sacar pecho ante el adversario.

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El propio Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán, llamó a la movilización y se dirigió a los guardias civiles (eso sí, en castellano, un idioma hasta hoy ausente de su diccionario) que realizaron los registros judiciales advirtiéndoles: “Las personas a las que detuvieron son personas honradas y honestas que pertenecen a una organización política con 86 años de historia y ningún caso de corrupción y los que les ordenan estas detenciones e intervenciones es evidente que no pueden decir lo mismo. No están libres de corrupción”. Y la alcaldesa Ada Colau, transigió con los independentistas anulando el pleno de la semana próxima para que todos puedan dedicarse a la campaña y colgó, como le pedían, una pancarta en el Ayuntamiento exigiendo ‘Más democracia’ justamente el día que comienzan los festejos de la Mercè, una de las patronas de Barcelona. “Esta no es una Mercè como las otras. La fiesta no puede ser ajena a la reivindicación que llena las calles de Barcelona y Cataluña. Más democracia”, se justificó después por Twitter.

También el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, que tuiteó que “nos podrán quitar el mando de los Mossos, acusarnos de sediciosos y ahogar las instituciones catalanas. Pero no nos silenciarán. Ganaremos”.También fue exagerado el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que aseguró en la firma del manifiesto de las izquierdas que el control sobre los Mossos supone la “suspensión automática de la autonomía”. Y eso que no han sido intervenidos todavía…