Puigdemont prepara sedes de la Generalitat como colegios en ayuntamientos 'díscolos'

El Ejecutivo catalán prepara edificios públicos bajo el control de la Generalitat para habilitarlos como colegios electorales el próximo 1 de octubre en los ayuntamientos 'díscolos', según confirmaron a El Confidencial fuentes cercanas al Gobierno autonómico. “Nos preocupa solo relativamente la cesión de locales municipales”, admiten las fuentes consultadas. El problema, aseguran, no está en las grandes ciudades como Barcelona, Lleida o Tarragona, “sino en los pueblos pequeños”.

¿El motivo? “En los pueblos pequeños, si el alcalde no cede locales, no tenemos alternativa: no habrá dónde colocar las urnas. Pero en localidades de una cierta dimensión no habrá problema, ya que el Govern tiene edificios que pueden abrirse para montar los colegios electorales. Por tanto, que Barcelona o Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, no colaboren es un problema relativo: se echa mano de los locales oficiales de la Generalitat y punto”, explican.

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El pulso del Gobierno catalán con los ayuntamientos es titánico. Los independentistas han comenzado una campaña de acoso y derribo del ‘enemigo’, de los que simplemente no quieren delinquir o de los que están en contra de que se cedan locales públicos para el referéndum, especialmente después de los fallos de los tribunales declarando ilegal cualquier preparativo de la consulta del 1 de octubre.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es la punta de lanza de este acoso. Y la Generalitat apoya cualquier presión a los alcaldes ‘díscolos’. Un ejemplo es la página comsempre.cat, en la que se invita a cualquier ciudadano a enviar un tuit al alcalde de su ayuntamiento presionándole para que deje locales públicos con el objeto de celebrar el referéndum ilegal.

El ciudadano que acceda a la página e introduzca el nombre de su municipio ve cómo se abre una ventana con el nombre del alcalde y el número de electores del municipio. Si el alcalde o alcaldesa facilita la apertura de colegios electorales, el internauta puede compartir un tuit positivo con ese dato. En caso contrario, tiene la opción de enviar un tuit directamente al primer edil pidiéndole poder votar. La web se completa con un mapa de colores con los municipios que han dicho que sí pondrán urnas, los que han dicho que no y los indecisos, así como un gráfico con la filiación política del alcalde.

El Govern, agazapado

Tras ese dominio no se encuentra, oficialmente, nadie. Pero, aunque en el registro de dominios no se ha aportado ningún teléfono ni ninguna dirección de los responsables políticos o técnicos de la página, sí existe un correo electrónico que corresponde a la Fundació puntCAT. Los directivos de esta entidad se reunieron con el presidente de la Generalitat el pasado 30 de agosto para visualizar el apoyo de la fundación al ‘procés’. Esta fundación será la encargada de controlar el dominio .ct (desaparecería, pues, el .cat) “en caso de producirse un resultado afirmativo el próximo 1 de octubre”, ya que ese dominio “será uno de los elementos esenciales de la identidad digital de Cataluña en la internet del futuro”.

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El acoso a los ediles antiindependentistas va en aumento, hasta el punto de que algunos de ellos ya han denunciado públicamente la dura campaña independentista alentada desde la propia Administración autonómica. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que este acoso raya en el delito, ya que el artículo 573 del Código Penal señala que se considera delito de terrorismo “la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio (…) cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1: subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo…”.

El desafío de las webs

Por otro lado, la Guardia Civil procedió ayer al cierre de la web oficial del referéndum por orden del juzgado número 13 de Barcelona, el mismo que investiga las acusaciones del exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal sobre presuntos delitos cometidos por el Gobierno catalán para preparar el referéndum. A los pocos minutos, tanto Puigdemont como el vicepresidente, Oriol Junqueras, se mofaban del juez difundiendo por Twitter un nuevo dominio que reproduce la web anterior tal y como se veía en el portal de la Generalitat. El nuevo dominio, ref1oct.cat, está todavía sin registrar, aunque quien lo ha promovido es Alerta Solidaria, uno de los pequeños grupúsculos que forman parte de la CUP. En cambio, continúa operativa la web garanties.cat, que los independentistas habían potenciado y a través de la cual se había hecho público el contenido de la ley del referéndum impulsada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP.