A PESAR DE LA INTENCIÓN DE INVESTIGAR A SU PRESIDENTA

El Parlament reta al Constitucional y aprueba la resolución rupturista con España

Los independentistas catalanes van a por todas y hacen oídos sordos a las sentencias o las advertencias cuando de lo que se trata es de calificar iniciativas que tienen que ver con el ‘procés’

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)

Ni Tribunal Constitucional ni Tribunal Supremo ni nada. Los independentistas catalanes van a por todas y hacen oídos sordos a las sentencias o las advertencias cuando de lo que se trata es de calificar iniciativas que tienen que ver con el ‘procés’. Cuando se trata de la independencia, no hay inconstitucionalidad que valga. Ni leyes que valgan. Ni tribunal que valga. Por eso, el Parlamento catalán votó las resoluciones rupturistas pactadas entre Junts Pel Sí (JxS) y la CUP horas después de que el Constitucional decidiese enviar a Fiscalía la investigación sobre la presidenta de esa Cámara, Carme Forcadell, por desobediencia a sus indicaciones.

Lo que este jueves hizo la Cámara legislativa catalana fue aprobar resoluciones que prevén celebrar un referéndum de independencia en una fecha no superior a septiembre de 2017, convocar ‘elecciones constituyentes’ en un plazo no superior a seis meses tras ese referéndum, escoger un Consejo Asesor del Proceso Constituyente en el plazo de dos meses, crear una comisión de seguimiento del Proceso Constituyente en el Parlament antes de fin de año, tener lista la Ley de Transitoriedad Jurídica (el nudo gordiano en torno al cual quieren dotar de legalidad la ruptura con España) antes del 31 de diciembre y contemplar una partida dentro de los Presupuestos de 2017 para la campaña de las elecciones ‘constituyentes’. La resolución más polémica (que fija la fecha del referéndum) contó con los votos de JxS y la CUP. Votó en contra Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y los demás grupos no votaron.

Ya lo advirtió la portavoz de JxS, Marta Rovira: para hacer todo lo que el Gobierno catalán quiere hacer (como la Ley de Emergencia Habitacional, establecer impuestos sobre los residuos nucleares, depósitos bancarios y pisos vacíos, ampliar las ‘embajadas’ en el exterior, etcétera, “necesitamos un referéndum sobre la independencia. Es preciso que Cataluña decida. Hagamos un referéndum con todas las garantías o nos resignaremos al inmovilismo”. Y Albert Botran, portavoz de la CUP, subrayó que “habrá una dotación parlamentaria para el proceso de participación", afirmando que “este pleno es soberano para debatir y aprobar lo que considere. Y nos habría de enorgullecer a todos los miembros de la Cámara que así sea”.

Resoluciones ilegales

Por la mañana, Ciutadans, PSC y PP pidieron a la Mesa del Parlamento que no admitiera a trámite las resoluciones rupturistas porque eran ilegales y entraban en contradicción con los avisos que el TC hizo llegar a la Cámara con anterioridad. La Mesa, con mayoría independentista, hizo caso omiso de esas advertencias. Más tarde, el PP entregó un escrito a la Mesa del Parlamento en el que pedía reconsiderar la admisión de algunas de las resoluciones de JxS y la CUP. Para ello, se basa en que esas propuestas de resolución “están afectadas por la nulidad de la resolución 1/XI del Parlamento catalán dictada por el TC, así como por la interlocutoria del mismo tribunal de 1 de agosto de 2016, que acordó la suspensión de la resolución 263/XI”, que eran las resoluciones de la comisión de estudio del proceso constituyente sometidas a votación el pasado 27 de julio. Para el PP, la admisión a trámite de las nuevas resoluciones vulnera “de forma evidente” las sentencias del Constitucional.

El portavoz popular, Enric Millo, advirtió, antes de comenzar las votaciones, que su grupo no participaría en la votación de las resoluciones rupturistas porque son ilegales. En el mismo sentido, se pronunció el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa.

La diputada de la CUP Anna Gabriel. (EFE)
La diputada de la CUP Anna Gabriel. (EFE)

Les contestó la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, que aseguró que “la legitimidad está en esta Cámara… ¡Y luego dicen que somos nosotros los que fracturamos!. Nosotros votaremos todas las propuestas, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo”.

Más dura fue la portavoz de JxS, Marta Rovira, que pidió que no se tuvieran en cuenta “las apreciaciones hechas [por Millo y Carrizosa]. Si no les gustan, tienen un botón rojo y voten no”, espetó. Pero Millo pidió responder: “No participaremos no por discrepancia política, sino por motivos de legalidad. En la reunión de la Mesa, donde se desestimó nuestra petición de no admisión a trámite de esas resoluciones, el letrado mayor dejó constancia de sus dudas razonables y legales de que estas cuestiones se sometiesen a votación en este pleno”.

El Parlament reta al Constitucional y aprueba la resolución rupturista con España

La sesión parlamentaria donde se aprobaron las resoluciones se retrasó una hora, ya que poco antes se había conocido la decisión del Constitucional de remitir la causa contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a la Fiscalía. Forcadell realizó antes de la sesión una declaración institucional. “Hice lo que tocaba y lo volvería a hacer sin ningún género de duda”. Aseguró que cumplió estrictamente el reglamento y que permitió que se votasen unas resoluciones (las de la comisión de estudio del proceso constituyente) porque se lo habían pedido dos grupos parlamentarios (JxS y la CUP). “Cumplimos con una cosa extraordinariamente normal, como es dejar que se hable, se debata y se vote”, dijo, antes de escudarse en que la máxima autoridad del Parlamento “es el pleno” y no ella.

Arropada por tres miembros de la Mesa (los tres diputados de JxS), sacó la caja de los truenos asegurando que “quieren censurar y coartar el debate en el Parlament. Quieren que el Parlament haga de censor. Quieren que no se hable de los temas que les molestan y que el Parlament deje de hacer su función: llevar los debates de la calle a la sede de la soberanía nacional”. Y zanjó que “tienen miedo a la democracia” y que “quieren frenar el proceso soberanista con amenazas, pero no conseguirán frenarnos ni atemorizarnos ni coartarnos la libertad de expresión”.

Apoyo del Govern

Cerca de donde Focadell comparecía, la portavoz del Gobierno, Neus Munté, la arropaba redundando en que actuó “como debía”. Para Munté, la decisión del TC “sube un escalón más la persecución judicial contra los demócratas”. Ni más ni menos. Apoyó también a Francesc Homs (de quien el Supremo pedirá el suplicatorio al Congreso), investigado por el caso 9-N. Homs recibe esta tarde, precisamente, un homenaje en Taradell, su pueblo, con la aprobación de una moción en su apoyo del pleno.

Munté hizo una finta intelectual para justificar el posicionamiento del Govern. “Las sentencias se deben cumplir, los mandatos democráticos se deben cumplir y un Govern elegido democráticamente y con mayoría parlamentaria debe acatar el mandato democrático". Ahí es nada.

El Parlamento aprobó también una resolución de “respuesta a la judicialización sobre el derecho a decidir en el Estado español”, presentada por JxS y la CUP. En ella, se señala: “En los últimos meses, hemos asistido a los requerimientos de la Justicia española a cargos electos por diversas expresiones políticas relacionadas con el derecho a la autodeterminación de los y las catalanas, es decir, el derecho a decidir democráticamente el futuro político del país”. Así, la Cámara da apoyo a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau (procesados por el 9-N), así como a Carme Forcadell “y a la Mesa del Parlament en el ejercicio de sus funciones” y a cargos electos de los ayuntamientos “perseguidos por haber aprobado mociones de apoyo al proceso político catalán, por exhibir la estelada o por otras votaciones producidas democráticamente en el pleno municipal”. Esta resolución se hubiera votado aunque el TC no hubiera instado a investigar a la presidenta del Parlamento.

Cataluña

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