crea Consejo Asesor del Proceso en dos meses

Puigdemont cede a la CUP: referéndum en septiembre de 2017 y 'constituyentes' en 2018

La CUP se ha salido con la suya, aunque sea a medias. Y ha doblegado de nuevo a Junts Pel Sí (JxS) en el Parlamento catalán

Foto: Carles Puigdemont, durante el pleno del debate de política general. (EFE)
Carles Puigdemont, durante el pleno del debate de política general. (EFE)

La CUP se ha salido con la suya, aunque sea a medias. Y ha doblegado de nuevo a Junts Pel Sí (JxS) en el Parlamento catalán. Ambas formaciones presentarán mañana al pleno varias resoluciones conjuntas que apuntan a un choque de trenes institucional, que es el objetivo de los anticapitalistas. Los partidos que apoyan a Carles Puigdemont no tienen margen de maniobra: o votan la hoja de ruta de la CUP o ya pueden convocar elecciones mañana mismo, porque ni tendrán Presupuestos de 2017 ni tendrán estabilidad parlamentaria.

Una de las resoluciones pactadas prevé la creación de un Consejo Asesor del Proceso Constituyente en un plazo de dos meses, “formado por expertos del ámbito académico, nacional e internacional, para asesorar sobre las políticas públicas que han de permitir la realización del proceso constituyente liderado por la sociedad civil organizada”.

No es solo eso. Los anticapitalistas obligan también al presidente Carles Puigdemont a incorporar en los Presupuestos de 2017 “los recursos financieros necesarios para la realización del proceso constituyente, de base social, transversal, plural, democrático y abierto”. Ambas formaciones deberán definir aún el calendario de despliegue del citado proceso, pero el plazo para el mismo abarca solo “durante el primer semestre de 2017”. Es decir, que el 30 de junio (tal y como se recogía en los documentos de la CUP revelados por El Confidencial) termina el plazo para tener definida “la fase deliberativa y decisoria vinculante del proceso constituyente”.

Las negociaciones llevadas a cabo durante toda la jornada hicieron que la CUP cediese mínimamente y que aceptase que, aunque en junio han de estar listas las leyes de desconexión y las estructuras del Estado, el referéndum pueda celebrarse tras el verano. Por ello, en otra de las resoluciones, ambas formaciones pactan que el referéndum sobre la independencia de Cataluña tenga lugar “como muy tarde, en septiembre de 2017, con una pregunta clara y de respuesta binaria”. Para ello, instan al Gobierno de Puigdemont a convocar “de forma inmediata una cumbre de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho a la autodeterminación para trabajar políticamente en la definición y firmeza de esta convocatoria de referéndum”.

La gran ley de la desconexión

Para dar cobertura jurídica al proyecto, CUP y JxS quieren tener para el 31 de diciembre próximo el texto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, que “ha de contener como mínimo la regulación sobre la sucesión de ordenamientos jurídicos, la nacionalidad, los derechos fundamentales, el sistema institucional, la potestad financiera y el poder judicial durante el periodo de transitoriedad existente entre la proclamación de la república catalana y la aprobación de la constitución, así como el reglamento de la asamblea constituyente”. Esa norma es la que declarará abolidas las normas españolas y las sustituirá por un marco jurídico estrictamente catalán.

Otro de los pactos de las dos formaciones independentistas es la creación de una comisión parlamentaria en el plazo de un mes “para hacer un seguimiento del proceso constituyente, con el objetivo de amparar las diferentes fases del proceso y velar por la definición y el despliegue del programa, el calendario y los presupuestos”. Claro que esa comisión nacerá coja, y bajo el recelo del resto de grupos. En realidad, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. En otra de las resoluciones pactadas, detallan que el objetivo de la comisión “será dejar constancia del respeto por las garantías democráticas en todo el proceso, incluyendo el referéndum, por parte de las instituciones catalanas y por parte del Estado español”.

Pero eso no es todo: si el referéndum ya está fijado para el mes de septiembre del año que viene como máximo, otra propuesta de resolución insta al Gobierno de Cataluña a “proveerse de todas las herramientas necesarias para garantizar la convocatoria y realización de las elecciones constituyentes en los seis meses siguientes al referéndum de autodeterminación, en el caso de que la opción independentista consiga más del 50% de los votos favorables”. Eso sitúa las ‘elecciones constituyentes de la república catalana’ en una fecha máxima de marzo de 2018.

JxS, por tanto, no tuvo más remedio que imprimir una mayor velocidad al proceso, tal y como exigía la CUP, ya que los radicales consideran que el ‘procés’ se está desinflando y que “cada mes que pasa perdemos capacidad de movilización”.

Recuperación de tributos inconstitucionales

También lograron que Junts Pel Sí apruebe una resolución en la que se insta a los ayuntamientos “a impulsar los debates constituyentes desde el ámbito local, promoviendo la participación de la sociedad civil, y facilitar los recursos y espacios propios necesarios para el correcto desarrollo del debate ciudadano”.

De hecho, entre las diferentes resoluciones pactadas hay algunas contradicciones que llevan a confusión de fechas, pero que también dejan un margen al acuerdo y a la negociación durante los próximos meses. De lo que no hay duda es de que el pacto representa todo un acelerón que produce vértigo. Pero si el calendario no avanza, los independentistas corren el riesgo de que los ciudadanos se acaben cansando y pierdan movilización. Y como el que la persigue la consigue, los anticapitalistas han forzado tanto la máquina que JxS no han tenido más remedio que coger el tren del ‘procés’ en marcha para que luego no puedan acusarles de haber sido los causantes del fracaso de la independencia.

En sus resoluciones particulares, JxS también hace un guiño a sus socios anticapitalistas y recoge que recuperará “los tributos propios declarados inconstitucionales [como el impuesto sobre nucleares y el de depósitos bancarios] y, si fuese el caso, los que están pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional [como el impuesto sobre pisos vacíos]”. Asimismo, reformulará impuestos como el de grandes establecimientos comerciales.

Cataluña

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