Ada Colau pide por carta a los barceloneses que denuncien los pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Barcelona está enviando a los vecinos una carta para que denuncien si en su edificio hay algún piso turístico ilegal y les pide su colaboración para crear "un modelo urbano sostenible" y luchar contra un negocio que "genera especulación, economía sumergida y puede dañar la convivencia en las comunidades".

"La legislación actual, establecida por la Generalitat de Cataluña, es muy garantista con los propietarios de las viviendas y, para poder iniciar la tramitación de un cese de actividad ilegal, hay que encontrar dos veces turistas alojados con un contrato de alquiler inferior a 31 días. Es por este motivo que les solicitamos que nos faciliten información si creen que en su edificio hay alguna vivienda de uso turístico", dice la carta.

El pasado marzo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya amplió un año la moratoria turística que aprobó en julio de 2015, impidiendo así la concesión de nuevas licencias hoteleras y la apertura de albergues u otros complejos hasta julio de 2017. Desde que se aprobó esta medida y hasta ese mismo mes, al menos 38 proyectos habían sido paralizados, lo que supone pérdidas de en torno a 3.000 millones de euros y cientos de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, varias voces aseguran que la moratoria ha provocado una burbuja en el sector hotelero y una "fuga" de fondos de Cataluña a Madrid.

De todos modos, el pasado 14 de julio, Colau insistió en que "el turismo es un reto de gestión" y que, a su juicio, "los turistas no quieren ver ciudades banales, como un parque temático, de mentira". Por esta razón, desde el ayuntamiento se ha reforzado la inspección contra viviendas turísticas ilegales, ampliando el personal y pidiendo ayuda a los propios vecinos.

Desde 2015, el ayuntamiento ha emitido 604 órdenes de cese de actividad contra viviendas turísticas ilegales, y en lo que va de año ya ha hecho 2.316 inspecciones. Aunque Colau prometió perdonar la multa a los infractores si cedían las viviendas al consistorio durante tres años, por el momento no ha conseguido que ninguno de los sancionados acepte su propuesta. En un principio, la alcaldesa pretendía alojar en las viviendas que no cumplían la ley a familias con escasos recursos económicos.