QUERELLA DE UPYD Y DENUNCIA DE SCC

Ofensiva jurídica contra Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional

El conflicto catalán ha entrado ahora en una nueva fase: el cerco jurídico contra Artur Mas y los altos cargos institucionales que propugnan el referéndum

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas (EFE)

El conflicto catalán ha entrado ahora en una nueva fase: el cerco jurídico contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los altos cargos institucionales que propugnan el referéndum. Este cerco jurídico tiene su base formal en la supuesta evidencia de que el marco político ha roto las reglas del juego democrático. “Hay un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que es sistemáticamente incumplido cada día por parte de los representantes políticos catalanes, que son los que debieran dar ejemplo de acatamiento de las resoluciones judiciales y de las leyes”, explica a El Confidencial un diputado no soberanista.

Los representantes de la oposición señalan que el Gobierno catalán y cargos públicos de la comunidad han traspasado las líneas rojas de la convivencia democrática, incumpliendo mandatos judiciales mientras aluden a una presunta representación soberana del pueblo de Cataluña. Al Govern le echan en cara que el propio presidente Artur Mas haya dictado resoluciones sobre la organización de la consulta del 9 de noviembre aun después de que el Tribunal Constitucional hubiese suspendido la Ley de Consultas que el Parlamento catalán aprobó el pasado 19 de septiembre y el decreto de convocatoria del referéndum que él firmó el 27 del mismo mes.

En definitiva, hay tres grandes ejes en los que se sustenta esa ofensiva jurídica: los diversos nombramientos realizados los últimos días, cuando no se deberían haber realizado por prohibirlo expresamente el TC en su fallo; las continuas declaraciones de altos cargos públicos, como el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, afirmando que el referéndum se hará sí o sí el 9 de noviembre; y los presuntos pactos secretos del bloque soberanista para trabajar, incluso con la maquinaria gubernamental, para que el referéndum se realice diga lo que diga el Alto Tribunal.

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs. (EFE)
El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs. (EFE)

A Mas le acusan de que, además de la Comisión de Control del 9-N, también firmó otro decreto por el que nombraba a miembros de las comisiones de seguimiento, que son los delegados de esa Junta Electoral en las comarcas. Su nombramiento, sin embargo, tampoco entraría en vigor hasta que se levante la suspensión del TC.

Petición de Ciutadans al Gobierno

Todo ello ha provocado un tremendo enfado en las filas de la oposición. Tanto que Ciutadans ha entregado en la Delegación del Gobierno un escrito en el que pide al Gobierno español que tome medidas “para poner fin a la campaña del referéndum del 9-N”, según la portavoz de esta formación,  Carina Mejías. Fuentes de C’s señalaron a este diario que “lo que se ha pedido es que se paralicen todas las campañas sobre el 9-N, sean de un partido político, de una asociación o de la Administración”. También denuncian que esta semana “ha vuelto a reabrirse la campaña gubernamental sobre el 9-N con un subterfugio: para decir que la propia campaña ha sido prohibida por el Gobierno español”.

Paralelamente, la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, envió esta semana una carta a los secretarios y a los interventores de los Ayuntamientos advirtiéndoles de que el TC había anulado la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum, subrayando que prohibía expresamente tomar decisiones emanadas de los textos  suspendidos.

Esta iniciativa levantó las iras del Gobierno catalán y de los ayuntamientos independentistas, que la consideran una clara “amenaza”. Francesc Homs llegó a decir que “no sé si es una amenaza, pero no es elegante. Responde a un prejuicio político partidista y se la podría haber ahorrado. Eso no es una invitación al diálogo”. Sin embargo, el propio presidente de la Federación Catalana de Municipios, Xavier Amor, detalló que la carta se limitaba a decir que cualquier cosa que se lleve a cabo se haga dentro del marco legal, “como no puede ser de otra manera”.

Convocada una segunda cumbre de partidos proconsulta

Vídeo: Convocada una segunda cumbre de partidos proconsulta

 

Santi  Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, señaló a este diario que su partido sigue con gran atención todo lo que hace el Gobierno catalán. “Como actúan los poderes públicos, ya sean Fiscalía o Abogacía del Estado, nosotros hemos decidido seguir el tema desde fuera. Pero eso no quiere decir que estemos inactivos, sino que estamos recogiendo información de todo lo que ocurre y a la expectativa de lo que pueda pasar”.

Querella de UPyD ante el Supremo

UPyD, por su parte, interpuso ayer ante el Tribunal Supremo una querella contra Artur Mas y contra la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, así como contra Anna Simó (vicepresidenta primera de la cámara), Lluís Corominas (vicepresidente segundo), Josep Rull (secretario tercero) y David Companyon (secretario cuarto). A todos ellos les imputa un delito de desobediencia y a Artur Mas también los de prevaricación, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y delitos electorales.

En su relación de hechos, la querella recuerda que, el mismo día 30 de septiembre, fecha en que el TC suspendió la vigencia de la ley y el decreto, “en un primer acto de abierta desobediencia al mandato judicial, el señor Artur Mas, de forma solemne, en el propio Palau de la Generalitat, procedió a la presentación del Libro Blanco de la Transición Nacional, que reúne los 18 informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) sobre el proceso soberanista”, dice el texto.

Manifestación en contra de la suspensión de la consulta. (EFE)
Manifestación en contra de la suspensión de la consulta. (EFE)

Luego fueron nombrados los miembros de la Comisión de Control del 9N y los miembros de las Comisiones de Seguimiento. Y, a pesar de las advertencias, la Mesa del Parlamento decidió seguir con su orden del día y procedió a la votación de la Comisió, de ahí la ampliación de la querella contra los citados miembros de la Mesa de la cámara.

“Otro hecho sustancial –continúa el texto– desde la suspensión del decreto de convocatoria es el mantenimiento, a través de diferentes argucias, de la campaña de publicidad institucional sobre el 9 de noviembre. A día de hoy, la Generalitat mantiene abierta la web institucional creada específicamente para informar de la consulta, si bien añaden en la misma que, tras la suspensión cautelar del TC, no actualizan sus contenidos”.

En esa web se especifica quién tiene derecho a voto, los puntos de votación y noticias sobre el proceso. “En definitiva, está plenamente operativa”, insiste la querella. Y, por si fuera poco, desde el 4 de octubre el Gobierno “ha vuelto a hacer campaña por la consulta soberanista en un anuncio que está emitiendo TV3 y otros medios de comunicación”.

Dicho anuncio es igual que el que tenía previsto la Generalitat para la campaña, pero en un momento determinado se corta y sobre fondo negro aparece el aviso de que “la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña ha sido impugnada a instancias del Gobierno español. Como consecuencia de esta impugnación, se informa de que: 1.- La campaña ‘tú decides’ ha sido suspendida de manera cautelar y temporal. 2.- El Gobierno catalán ha acordado promover las iniciativas legales, políticas e institucionales para garantizar el ejercicio del derecho a decidir el futuro político de Cataluña”.

Para sustentar la querella, UPyD recoge también que el registro de participación en el referéndum se ha reabierto e incluso se han ampliado horarios, así como declaraciones de cargos públicos en las que se afirma que se continúa con la preparación de la consulta, entre ellos el propio portavoz del Gobierno, Francesc Homs, Jordi Turull, presidente del grupo de CiU en el Parlamento catalán, o de la republicana Anna Simó.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i), conversa con el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull. (EFE)
El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i), conversa con el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull. (EFE)

También se refiere a la cumbre que el pasado viernes mantuvo en el Palau de la Generalitat el bloque soberanista, en la que se analizó “cómo seguir adelante con los preparativos de la consulta para garantizar en las mejores condiciones la convocatoria, es decir, de cómo se celebraría aunque el TC mantenga el veto.  El valor que tiene esta comparecencia para esta parte es, sin duda, la complicidad con la que actúa el Presidente de la Generalitat junto a los responsables políticos abiertamente dispuestos a desobedecer el mandato del TC”.

“Hemos decidido presentar querella para proteger a los  ciudadanos de la inacción de los partidos políticos de Cataluña”, señala a El Confidencial Ramón de Veciana, portavoz de UPyD en esta comunidad. El dirigente de la formación magenta señala que en el pasado pleno del Parlamento catalán tanto el PP como Ciutadans advirtieron a la cámara que si se elegía la Comisión de Control del 9-N (o sea, la junta electoral) se estaría cometiendo un delito. Sin embargo, al terminar el pleno ni uno ni otro partido presentaron denuncia.

“Hemos dejado pasar un  tiempo prudencial, lo mismo que cuando interpusimos la querella contra la familia Pujol.  Y, viendo que nadie hacía nada, hemos tomado la iniciativa”, subraya Ramon de Veciana.

Denuncia de SCC

La entidad Sociedad Civil Catalana entregó también un escrito ante la fiscalía de lo contencioso-administrativo para que investigue “el  posible uso fraudulento de los datos personales y privados de los ciudadanos de Cataluña por parte de a Generalitat”.  Esta denuncia se efectúa ante una orden del departamento de Gobernación del pasado 19 de septiembre en la que crea “un fichero de registro de participación en consultas populares no referendarias, cuyo fin es el de identificar a las personas llamadas para participar en las consultas citadas”.

Para SCC, este fichero con datos del Registro de Población de Cataluña es ilegal, ya que “los ciudadanos han cedido sus datos personales, como nombre, apellidos, DNI, direcciones, teléfonos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nivel de estudios, etcétera, para ser utilizados con fines estadísticos, no para una cuestión electoral”. Si ahora se utilizan para otro fin, se vulneraría la Ley de Estadística de Cataluña.

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