"NO SE VULNERA LA CONSTITUCIÓN NI EL ESTATUT"

El Govern ve "argumentos sólidos" para el 9N tras el visto bueno a la ley de consultas

Con el voto en contra de cuatro de sus nueve miembros, el Consejo de Garantías ha validado por la constitucionalidad de la ley catalana de consultas

Foto: Artur Mas durante una sesión de control en el Parlament (Efe)
Artur Mas durante una sesión de control en el Parlament (Efe)

Con el voto en contra de cuatro de sus nueve miembros, el Consejo de Garantías Estatutarias ha validado por mayoría la constitucionalidad del dictamen de la ley catalana de consultas populares no refrendarias, decisión que para el Govern ofrece "argumentos sólidos" para convocar la consulta soberanista. El dictamen, de 159 páginas y que hoy ha sido entregado al Parlament, avala de forma íntegra la norma que, de aprobarse definitivamente, servirá como marco legal al gobierno catalán para convocar la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre.

"El dictamen pone de manifiesto de manera contundente que la ley es plenamente constitucional y se adecúa totalmente al Estatut. La consulta evidentemente que se convocará, porque los sólidos argumentos jurídicos avalan que se pueda votar de manera legal", ha señalado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, poco después de hacerse público el informe.

Tras analizar aspectos como el objeto de consulta, el registro de participación de votantes, el decreto de convocatoria, la definición y composición de las comisiones de seguimiento o la votación anticipada, el Consejo de Garantías -órgano consultivo de la Generalitat- entiende que la proposición de ley es constitucional. No se pronuncia, en cambio, tal y como solicitó el PPC, sobre la doble pregunta de la consulta del 9 de noviembre, que incluye la independencia como opción, al entender que su naturaleza es la de un acuerdo de índole política que, a efectos de su labor consultiva, "está falto de consecuencias jurídicas".

El órgano considera así que la articulación de procedimientos para obtener la opinión de la ciudadanía "no colisiona" ni es incompatible con el fundamento último de la soberanía reconocido en la Constitución, sino que, al contrario, "puede contribuir a reforzar destacados valores constitucionales, más allá del necesario cumplimiento de la ley".

La proposición de ley tampoco vulnera la autonomía local municipal, según el Consejo, para el que el sistema constitucional español no prohíbe en ningún caso que la Generalitat pueda consultar a la ciudadanía sobre cuestiones que son de su interés "si lo hace amparada en una competencia propia".

En una rueda de prensa en la Generalitat, Homs ha celebrado que "tanto este dictamen como la propia sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la declaración de soberanía del Parlament permiten concluir que hay sólidos argumentos a nivel jurídico para que, una vez se apruebe la ley, se pueda proceder a la convocatoria de la consulta con toda la fundamentación jurídica necesaria".

Homs ha pedido al Gobierno que "no ponga trabas" al "ejercicio de la democracia que permite el propio ordenamiento jurídico español", y se ha preguntado: "¿Quién puede tener miedo a que la gente se exprese y se conozca cuál es la voluntad del pueblo catalán?".

Este dictamen ha sido aprobado por mayoría, pero con los votos particulares del vicepresidente Pere Jover y de los consejeros Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume Fernández, mientras que lo han apoyado íntegramente el presidente, Joan Egea, y los consejeros Jaume Vernet, Àlex Bas, Francesc de Paula Caminal y Joan Ridao.

El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs. (EFE)
El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs. (EFE)

CiU, ERC e ICV-EUiA, tres de los partidos que acordaron la consulta del 9 de noviembre, han considerado que el dictamen demuestra que la futura ley es "impecable" y que es el instrumento "óptimo" para la consulta del 9 de noviembre.

El diputado de CiU y coordinador general de CDC, Josep Rull, ha pedido "rigor y seriedad" al Gobierno, ya que "objetivamente tenemos una ley que es impecable en términos jurídicos y un dictamen muy serio y amplio del Consejo que avala su constitucionalidad y la estatutoriedad". La diputada de ERC Gemma Calvet ha dicho que el rigor técnico y jurídico impecable del dictamen no deja ninguna grieta para que el Tribunal Constitucional acepte ningún recurso de inconstitucionalidad". Para el secretario general de ICV y diputado ecosocialista, Josep Vendrel, los obstáculos son de carácter político y no jurídico.

PPC, PSC y Ciutadans han convocado comparecencias ante el Parlament justo tras conocerse el dictamen. Para el PPC, el proyecto de ley ha salido "más debilitado" tras su paso por el Consejo, según ha asegurado el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, para quien del dictamen se desprende que "no hay una idea clara sobre la constitucionalidad del proyecto de ley y hay muchas discrepancias".

Por su parte, los socialistas han dejado claro que darán luz verde al proyecto "porque el Consejo lo ha avalado por mayoría", pero han pedido que no se utilice para "vulnerar el Estatut o convocar un referéndum (del 9N) que no tiene cabida en esta ley", y han recordado que hay aspectos de la ley "que no están tan claros".

La portavoz parlamentaria de Ciutadans (C's), Carina Mejías, que ha tachado de "estafa política" las palabras de Homs, ha avisado de que el dictamen "no avala" la consulta y que la ley es una "trampa hecha a la medida de los intereses partidistas del Govern". Ha advertido de que su formación utilizará dicha ley para convocar una consulta "para saber si los padres quieren que sus hijos estudien en las dos lenguas oficiales de Cataluña".

Cataluña
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