Mas encarga un 'dossier de agravios a Cataluña' como excusa a la independencia

El presidente de la Generalitat ha puesto a trabajar a destajo a todo su Gobierno para que a finales de esta semana tengan preparado el ‘dossier de agravios’ del Gobierno español para con Cataluña. Es una carrera contrarreloj donde el tiempo cuenta, y mucho. Las distintas consejerías recogen estos días todas las vicisitudes de sus respectivas áreas para incorporarlas al redactado final y utilizarlo como arma para ‘convencer’ a los indecisos del “maltrato” que sufre Cataluña.

Este dossier será la Biblia de los nacionalistas catalanes en los próximos meses, el argumentario del que deberán tirar para justificar su camino hacia la independencia. Mientras tanto, ha prohibido que se hable del contenido de ese dossier hasta que no sea discutido en el seno del Gobierno catalán el próximo martes.

Según ha podido conocer El Confidencial, no obstante, el informe constará de tres partes bien diferenciadas: la primera recogerá los agravios en materia de lengua, cultura y educación; la segunda, los problemas competenciales y los recursos que la Administración autonómica ha planteado ante el Tribunal Constitucional o los recursos planteados por el Estado y que, a juicio de los nacionalistas, tratan de laminar el autogobierno; y la tercera recoge casos concretos de “deslealtad institucional”, especialmente en lo que hace referencia a la Ley de Dependencia o de otros servicios que son prestados por el Gobierno autonómico y que deberían ser sufragados por el Ejecutivo central, pero que este no paga.

“Estas tres patas del dossier tratan de unificar criterios y de dar todos los argumentos que justifican nuestros recelos hacia el Gobierno central y, especialmente, contra el PP”, explican a El Confidencial fuentes del Ejecutivo autonómico. “Nosotros queremos poner el acento en el tema del diálogo con Madrid, pero también creemos que tenemos situaciones muy injustas y que son un ataque a Cataluña”, añaden.

Entre las quejas que recogerá el dossier figuran los incumplimientos del Ejecutivo central a la hora de pagar los gastos de la Ley de Dependencia o los de las infraestructuras derivados de la disposición adicional tercera del Estatuto. En atrasos, Madrid debe a Cataluña más de 1.700 millones de euros contantes y sonantes sólo en este apartado. Es más: esas partidas habían sido incluidas incluso en los Presupuestos Generales del Estado, pero nunca se llegaron a hacer efectivas.

Otro de los temas del argumentario girará en torno al déficit fiscal, es decir, a los impuestos que pagan los catalanes y que luego no retornan a Cataluña. Según las primeras estimaciones, ese déficit fiscal se sitúa en torno a los 16.000 millones de euros anuales. También recoge la invasión de competencias en materia de educación con la ley Wert o las invasiones competenciales en materia de becas, de lengua o de horarios comerciales, así como los recursos del PP o del Gobierno central no sólo a resoluciones de puro posicionamiento político del Parlamento autonómico, sino a iniciativas catalanas como la Ley de Educación.

Para la Generalitat, “este dossier no es una pataleta ni una acción puntual, sino que es consecuencia de la agresión constante y permanente a Cataluña por parte del Gobierno español. Y ahora no pasaremos por alto las injusticias que cometen con nosotros”.

Mas se siente respaldado

La guerra, auguran, irá para largo. “El año pasado, cuando planteamos el tema del pacto fiscal, desde el PP se iba diciendo que eso serían dos días y que la cosa no pasaría a más. Pero al decirnos que no, nos quedaba la baza del derecho a decidir. Y cuando la pusimos encima de la mesa, volvieron a decir lo mismo, pero ha pasado más de un año y continuamos con el tema. Por tanto, no es una cuestión que se vaya a olvidar, sino que estamos en una situación mucho más delicada que trasciende incluso el ámbito político y se ha convertido en una cuestión social”.

En esta batalla, Artur Mas se siente respaldado. “Casi el 80% de la población de Cataluña está de acuerdo en celebrar el referéndum -según el CIS catalán-. Por tanto, sólo queremos que la gente pueda votar. De aquí no nos moverán. Y no es mucho pedir en pleno siglo XXI que nos dejen hacer un ejercicio de democracia”. Porque en el argumentario nacionalista se afirma que “si nos quedamos igual que hasta ahora es ir muy mal. Por tanto, sólo nos queda una opción: seguir nuestro propio camino”.

Los nacionalistas afirman que el presidente catalán no tiene ningún plan B, aparte de la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias. Son conscientes de que, jurídicamente, estas han de ser convocadas como unas elecciones normales y la condición de plebiscitarias no vendría de su convocatoria, sino de cómo se planteen por parte de los grupos políticos que concurran a las mismas. “Pero nosotros no estamos por la batalla jurídica porque lo que tenemos encima de la mesa es un problema político. Y los problemas políticos necesitan soluciones meramente políticas, no jurídicas”, destacan las fuentes.

Desde la plaza de Sant Jaume se observan los movimientos del PP con lupa. A nadie se le escapó la reprimenda que los propios barones populares dieron a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, este lunes cuando planteó a la cúpula nacional de su partido la necesidad de una financiación singular para Cataluña. “Si este es el nivel de diálogo que prometió Mariano Rajoy, estamos apañados. Escuchando algunas de las cosas que dicen, nos hacen sentirnos marcianos. Rajoy habló de un diálogo sin fecha de caducidad, pero ahí tenemos la respuesta, muy lejos del talante democrático que se le ha de exigir”, destacó este martes el propio portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. “A todos nos sorprendió la manera en que despacharon a Alicia Sánchez-Camacho -añadió-. Ni siquiera son atentos con sus propios compañeros de Cataluña. Por parte del Gobierno español, y también del PP, hay un inmovilismo total”.