Sánchez-Camacho une a toda la familia del PP contra los privilegios de Cataluña

La propuesta de Alicia Sánchez-Camacho de dotar a la Generalitat de Cataluña de un sistema de financiación aparte de los demás Gobiernos autonómicos es un misterio dentro de su propio partido, el PP. En la Moncloa, en el Ministerio de Hacienda y en la sede central de Génova niegan que se haya debatido el asunto, e incluso que se haya planteado tal cual por la presidenta de los populares catalanes. La reacción en contra ha sido unánime. Todos los sectores del partido (la vieja guardia, cospedalistas y sorayistas, liberales y democristianos, los barones de toda adscripción, y el aparato) coinciden: el futuro modelo de financiación autonómico no puede ir contra el principio de igualdad entre españoles ni conllevar privilegios para el ejecutivo de CiU.

Sánchez-Camacho acudió a la reunión del comité de dirección del PP para preparar la respuesta de todo el partido al desafío independentista de Artur Mas y Oriol Junqueras y proponer medidas unitarias a las demás fuerzas políticas frente a la amenaza de secesión de Cataluña, pero lo que empezó por abrir fue un lío interno en su partido. Las propuestas esbozadas por la presidenta del PP sobre un sistema de financiación “singular y diferenciado”, similar a los conciertos vasco y navarro y reducir la contribución de los catalanes a “la solidaridad” con el resto de los españoles son parecidas a las exigencias que Mas planteaba a Rajoy el pasado año. Y la respuesta fue la conocida: no hay nada que negociar fuera de la Constitución y las leyes.

Aunque Sánchez-Camacho siempre ha sido partidaria de hacer alguna cesión a los nacionalistas para aplacar su apuesta por el independentismo, nunca había sido tan concreta. Como explicó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para zanjar cualquier debate interno, una cosa es reclamar una financiación mejor para la Generalitat como pueden hacer y hacen los dirigentes populares de Madrid, Aragón, o “de Castilla-La Mancha” porque el actual sistema es injusto y otra muy distinta plantear un sistema “a la medida”.

La posición oficial del Partido Popular consiste en que cada cual puede aportar las ideas que estime oportunas, pero la obligación del Gobierno es buscar un acuerdo entre todos y el PP tiene claro que el Estado está formado por ciudadanos, “no por territorios”, que deben ser tratados por igual desde los poderes públicos. Este año toca analizar las disfunciones del actual sistema de financiación para acordar su reforma, según se acordó por unanimidad en la última reunión de presidentes autonómicos celebrada en el Senado.

Mientras no dejaba de crecer la relación de barones y dirigentes del PP que advertían de su rechazo total a admitir cualquier privilegio para la Generalitat, en fuentes de la dirección del partido negaban que Sánchez-Camacho hubiera planteado nada tan concreto en el comité de dirección, dedicado a estudiar cómo contrarrestar la ofensiva independentista en Cataluña. También negaban en los mismos medios que en ámbito alguno del partido se hubiera debatido sobre la conveniencia de ofrecer a Mas un sistema de financiación específico para Cataluña.

En el Gobierno, hasta ahora, la doctrina es la contraria a las cesiones. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, siempre han dicho que la reforma del vigente sistema de financiación de las autonomías se tiene que hacer por acuerdo entre todos los Gobiernos regionales y no por pactos “bilaterales” y aparte del Ejecutivo con uno solo, que en este caso sería el de la Generalitat. Ni Zapatero accedió a ello (tampoco se lo pidieron), aunque acabó por ahormar el general a los intereses del ejecutivo del tripartito que gobernaba en Cataluña cuando se aprobó el ahora vigente que a casi nadie convence.

Además de Cospedal, la financiación 'a la carta' para la Generalitat fue rechazada por los presidentes o portavoces de Gobiernos regionales del PP como los de Madrid, Castilla-León, Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana o Galicia.