Investigan el “traslado forzoso” de un agente que denunció la actividad de los clubes de playa de Marbella

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga está investigando la legalidad del “traslado forzoso” de un oficial de la Policía Local de Marbella que durante los últimos años se ha caracterizado por la labor de control de los clubes de playa del municipio. El demandante asegura que esta decisión es un “castigo encubierto” porque su trabajo ponía de relieve la supuesta “inacción” de las autoridades municipales y la dirección del citado cuerpo policial ante unos establecimientos de ocio que se han convertido en un polo de atracción turística, pero que también han sido escenario de graves incidentes, así como fuente cotidiana de quejas vecinales.

El Ayuntamiento marbellí remitía el pasado día 8 su respuesta al requerimiento de información de la autoridad judicial, que el 30 de marzo emitió un auto decretando la apertura de una pieza separada para estudiar la solicitud de medidas cautelares que reviertan el cambio de puesto hasta que no haya resolución definitiva.

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La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, cuestiona la orden con fecha 29 de noviembre de 2022 que indica que el agente debe causar baja en su destino en el Grupo Operativo de Prevención e Intervención número 1 del destacamento de San Pedro Alcántara e incorporarse al Grupo de Atestados con fecha 19 de diciembre del 2022. Una medida que se le justificó por “urgentes e inaplazables necesidades del servicio” debidas a una “reestructuración dentro de la Jefatura”, pero que el afectado considera “arbitraria” y un intento de “neutralizarlo” por su postura “inflexible” ante las presuntas irregularidades de los clubes de playa y otros locales.

La parte demandante señala en su escrito que el oficial actuó contra aquellos establecimientos hosteleros “cuya actividad excedía claramente de las licencias obtenidas; las cuales, en algunos casos, habrían sido concedidas en virtud de decretos que no se ajustan a la normativa vigente en la materia”. En resumen, negocios como restaurantes, chiringuitos o clubes eran autorizados para ejercer actividad musical al aire libre, incumpliendo las diferentes leyes y disposiciones normativas que regulan la materia en Andalucía, según explicaron las fuentes consultadas por El Confidencial.

El abogado del oficial asegura que su actuación “inflexible” generaba incomodidad porque ponía de relieve la “inacción” de las autoridades locales

Ante la supuesta “inacción de la dirección de la Policía Local y de las autoridades municipales para la revisión de las irregularidades de esos decretos, durante el verano del año 2021 se realizaron varios atestados que se dirigieron a la Policía Nacional”. Fue el primer paso de una investigación en torno a una serie de altos cargos municipales que posteriormente acabaría archivando un juzgado de la localidad. Circunstancia por la que desde el Ayuntamiento se remarca que no hubo ilegalidad alguna en este aspecto.

“Este proceder, que es ejemplar, y por ello debería ser motivo de orgullo y elogio por parte de la Jefatura de la Policía Local, por el contrario, a la vista de lo ocurrido, parece que resultase incómodo”. Pues el involucrar a otro cuerpo de seguridad, y la judicialización de las presuntas irregularidades de algunos locales del municipio, supuestamente le valió una reprimenda porque ponía en tela de juicio a las autoridades locales y a la Junta de Gobierno del Consistorio, que era el órgano en el que se concedían las autorizaciones cuestionadas.

“Castigo encubierto”

El abogado del oficial sostiene en su escrito que estamos ante una “sanción encubierta” y que “se ha forzado un cambio de puesto de trabajo sin la exigencia de los requisitos legales establecidos”. Aseveración que justifica desgranando factores que que, en su opinión, demostrarían que el cambio de puesto es “arbitrario” y carece de motivación.

“No existe un informe previo en el que se detallen y justifiquen esas razones urgentes e inaplazables” para el traslado, apunta la representación legal, que censura que el Ayuntamiento siga sin convocar nuevas plazas para resolver las “necesidades de servicio” esgrimidas por la Jefatura. En su demanda, además, critica que el máximo responsable policial se arrogue la “competencia para decidir un cambio de destino”, cuando es una labor que “corresponde a la directora general de Recursos Humanos”.

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La medida, según se recoge en la demanda, presuntamente incumpliría los supuestos que habitualmente rigen los traslados, pues el oficial demandante no es el de menor antigüedad en el cuerpo y, además, “no reúne los requisitos de especialidad del Grupo de Atestados, que exige una formación específica como policía judicial para la realización de pruebas de alcohol y drogas, entre otras funciones”. Y se hace hincapié en que se ha llevado a cabo “omitiendo” a la Junta de Personal, que es “el órgano de representación unitario de los funcionarios del Ayuntamiento”.

“La única finalidad del traslado es tenerlo controlado, sin trabajo alguno de responsabilidad y desaprovechado entre cuatro paredes”, apuntaron distintas fuentes consultadas, que no dudaron en definir la decisión como un “castigo encubierto”. El oficial optó por acudir a la vía judicial después de que presentase un recurso de alzada al cambio de destino que fue desestimado.

Ajustado a la legalidad

El Consistorio ha respondido a la reclamación en los tribunales remitiendo documentación relacionada con el proceso de traslado del agente, como comunicaciones internas de la Policía Local, el reglamento de este cuerpo policial o los procedimientos de provisión de puestos de trabajo.

El Ayuntamiento defiende el “traslado provisional” y lo encuadra en una rotación de destino que ha afectado a muchos otros mandos

La asesoría jurídica del mencionado cuerpo policial esgrime que la “potestad de autoorganización de la administración local” recogidas en sentencias del Tribunal Supremo faculta a los Consistorios a “organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente” y aclara que el “traslado provisional” del demandante se produce porque reúne los requisitos de mérito, capacidad y antigüedad, “no siendo necesaria por motivos de urgencia la publicidad de la vacante”. Y remarca las necesidades del servicio para justificar el cambio de destino.

Fuentes municipales reiteraron a este periódico la legalidad seguida en el proceso y señalaron que el traslado se enmarca dentro de una rotación de destino que ha afectado a muchos otros mandos de la Policía Local, sin que se haya producido ninguna otra queja.