Sí, el Ayuntamiento de Burgos puede debatir sobre armas nucleares

¿Puede debatir el Pleno del Ayuntamiento de Burgos sobre la abolición de las armas nucleares? ¿Y el Parlamento de Andalucía sobre la reforma del delito de sedición que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez? Los juristas se inclinan por afirmar que sí, que no hay que poner puertas al campo del debate en las asambleas, legislativas o no, de nuestro país. La proposición del PSOE sobre las bombas atómicas que se debatió el pasado 20 de enero en Burgos provocó hilaridad. Pero al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de la ciudad castellanoleonesa, en la Cámara andaluza, PP y PSOE se enzarzaban por la aplicación de una cláusula que abre la puerta al veto de los debates que no estén relacionados con las competencias de la comunidad andaluza.

La pugna no es nueva y suele estar relacionada con el interés partidista. Son los socialistas quienes se han acordado del artículo 171 del reglamento del Parlamento de Andalucía, que establece que es necesaria la mayoría de dos tercios de la Cámara para debatir en el Pleno proposiciones no de ley (PNL) sobre "materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local". Este artículo era aún más restrictivo hasta 2005, ya que hasta entonces era necesaria la unanimidad para que el legislativo andaluz emitiese una declaración política sobre estos asuntos ajenos a la competencia autonómica.

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Europa Press

El PSOE andaluz invocó este artículo en desuso cuando la Mesa del Parlamento tumbó su pregunta al Gobierno andaluz relacionada con el caso de corrupción al que está vinculado el marido de la alcaldesa de Marbella. Buceando en el reglamento, encontró el mecanismo que, consideraban, podría servir para evitar los debates incómodos en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Sobre todo los relacionados con las decisiones que toma el Ejecutivo de Pedro Sánchez que erosionan al PSOE. Como se ha encargado de recordar el PP andaluz, esta práctica la han heredado de los socialistas, que también utilizaban las PNL como ariete para hacer oposición al Gobierno central, entonces en manos de Mariano Rajoy.

Los límites del debate

El argumento que ha utilizado el portavoz popular, Toni Martín, para defenderse, pasa por afirmar que debates como el de la sedición o la ley del sí es sí tienen repercusión en Andalucía. "¿Cuál es el límite exacto de lo que interesa a un Parlamento autonómico? Es difícil de determinar", apunta Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València. Este experto recuerda que, de fondo, la discusión consiste en establecer "qué es de interés para los ciudadanos de Burgos o de Andalucía", representados por sus concejales o sus diputados autonómicos. "Hubo muchas risas, pero no me parece descabellado ni un motivo de broma", incide este jurista, que se muestra a favor de la autogestión de la Cámara.

Boix Palop defiende que las mayorías reforzadas "por definición, imponen el criterio de la minoría sobre el de la mayoría". Y en este mismo sentido se han pronunciado los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. El presidente, Jesús Aguirre, encargó un informe sobre la aplicación de este artículo 171 tras la consulta del PSOE y los letrados de la Cámara andaluza defienden que el debate "debe quedar abierto". En el escrito, adelantado por eldiario.es, sugieren la necesidad de reformar el reglamento del legislativo para evitar un veto que podría ser "contrario a la práctica democrática".

"No tiene ningún sentido, si se empieza a limitar parecería una asamblea medieval", ironiza Manuel Fernández, letrado del Congreso de los Diputados con una larga experiencia sobre las proposiciones no de ley. El jurista de la Cámara Baja apunta incluso a una posible inconstitucionalidad de este precepto, ya que el límite que introduce el 171 del reglamento del Parlamento andaluz no está en la Carta Magna.

Los vetos al debate sobre la monarquía están amparados en el principio de inviolabilidad del Rey

Fernández coloca justo ahí la diferencia entre la polémica andaluza y los vetos que se han producido a debates relacionados con la Corona, tanto en el Congreso como en el Parlament catalán. Esas restricciones, señala el letrado, están amparadas en la inviolabilidad del jefe del Estado. "Se interpreta que no puede ser controlado por las cortes, es un argumento absoluto y ahí tiene un apoyo", abunda Manuel Fernández, que no valora la idoneidad de ese veto. Sí lo hace Boix Palop, que considera que el rechazo a debatir asuntos relacionados con la corona es un "precedente desafortunado". "Es dudoso que la monarquía no interese en el Parlamento catalán y mucho menos en el Congreso", zanja el profesor de la Universitat de València.

La polémica andaluza tendrá varios capítulos más, aunque el PSOE no ha pedido la aplicación del 171 por el momento. Las dos PNL propuestas por el PP para el Pleno de la semana próxima tratan temas netamente andaluces: el trasvase Tajo-Segura y sus efectos en Almería y la policía autonómica. De fondo está la posibilidad de remodelar el reglamento, una aspiración del actual presidente, y eliminar la polémica cláusula, que no tiene parangón en ningún reglamento de asamblea autonómica. Esto es lo que defiende José María Morales, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que recuerda que el PP tiene mayoría absoluta para eliminar el artículo si lo considera oportuno.

Este jurista recuerda que el uso de las proposiciones no de ley ha variado mucho con los años. En el Congreso, explica, se han utilizado para reprobar a miembros del Gobierno, algo que también ha ocurrido en la Cámara andaluza. "No es ya solo un mecanismo de impulso, sino de exigencia de responsabilidades políticas al Ejecutivo", detalla el profesor de la US. Morales rechaza el debate sobre la interpretación de un artículo que, defiende, es claro. El problema es que la reforma del reglamento del legislativo andaluz suele hacerse con un consenso que ahora mismo no es sencillo de alcanzar. Y si el PP lo hace con sus únicos 58 votos, es decir, aplicando su mayoría absoluta, enviaría un mensaje contradictorio por la apuesta por el diálogo que es marca de la casa de Juanma Moreno