El Supremo rechaza el derribo inminente del Algarrobico al tumbar el recurso de Greenpeace

El Tribunal Supremo ha rechazado anular de oficio la licencia de construcción del hotel Azata del Sol, ubicado en el paraje almeriense del Algarrobico, por lo que no hará posible la demolición inminente de enorme edificio situado a 15 metros de la costa almeriense. La mole lleva más de 15 años con las obras paralizadas por violar la Ley de Costas, según decidió un juez de la Audiencia de Almería en 2006. Entonces comenzó una travesía jurídica que todavía tendrá más capítulos tras la decisión del alto tribunal.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso planteado por Greenpeace que buscaba acelerar la demolición del hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones que se convirtió en símbolo de la expansión desaforada del urbanismo en la costa andaluza. Los ecologistas recurrieron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 22 de julio, que ordenó al Ayuntamiento de Carboneras la revisión de oficio de la licencia municipal de obras concedida en 2003 a la empresa promotora, pero no obligaba al Consistorio almeriense, gobernado por el PSOE, a iniciar el expediente de demolición del edificio.

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El alto tribunal confirma así la decisión del TSJA sobre el hotel del paraje El Algarrobico, aunque el contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días. Esto alarga la incertidumbre sobre la destrucción de este edificio, que quedó bajo control de la Junta de Andalucía en el último mandato de Susana Díaz. El Gobierno andaluz guardó en los últimos presupuestos una partida para la eliminación de la construcción, una tarea que ahora asume la Consejería de Sostenibilidad, en manos de Ramón Fernández Pacheco.

El portavoz del Ejecutivo regional ha explicado este martes que cuenta con esos fondos de 1,1 millones de euros en el presupuesto de 2023, que se aprobará en el Parlamento autonómico la semana próxima. También ha recordado que, antes de que lleguen las máquinas, la Junta debe elaborar un plan de demolición y un proyecto para tratar los residuos que resulten del derribo de un edificio 20 plantas. "El Algarrobico no se va a destruir de forma inminente", admiten desde la Junta a pesar de que la disposición del Gobierno autonómico es total.

Construido en zona no urbanizable

Fue el Tribunal Supremo el que determinó en 2016 que el proyecto de la constructora Azata del Sol se realizó sobre suelo no urbanizable, a pesar de que contó con el aval del Ayuntamiento de Carboneras y la propia Junta, ambas en manos del PSOE por aquel entonces. Entonces, el alto tribunal confirmó que el edificio está en una zona protegida, el parque natural Cabo de Gata-Níjar, y que los suelos son propiedad de la Administración autonómica, que ejerció su derecho de retracto sobre las parcelas en 2006.

El Supremo ya determinó en 2016 que el hotel se construyó en suelo no urbanizable al estar en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar

Antes, en 2012, el alto tribunal también consideró que el hotel vulneraba la Ley de Costas, al estar dentro de los 100 metros blindados por la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Esta ristra de sentencias judiciales contrarias a la permanencia de la mole del Algarrobico no son todavía suficientes para desbloquear un asunto enquistado desde hace más de tres lustros y que depende del Ayuntamiento de Carboneras, que es quien tiene la capacidad de anular la licencia.

En el proceso que ha llegado este martes al Supremo, el Consistorio que dirige el socialista José Luis Amérigo se ha mostrado contrario a que el alto tribunal fuera competente para anular la licencia concedida en 2003. Esto es justo lo que le solicitó el TSJA al Ayuntamiento de Carboneras en una sentencia de 2021. Pero no es el primer fallo del tribunal andaluz que tiene pendiente el regidor almeriense, ya que en 2018 ya le solicitó que cambiase el plan de ordenación urbana de la localidad para declarar como no urbanizable el terreno sobre el que se edificó el hotel.

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El pasado octubre, el TSJA requirió al Ayuntamiento a cumplir con el cambio en su PGOU y solicitó la "certificación municipal" que lo demuestra. El alto tribunal andaluz recordó que existe la posibilidad de que el alcalde sea multado e incluso que le exijan "responsabilidades por la vía penal" por no cumplir la sentencia de 2016 que obliga a anular el plan que declaraba urbanizable la parcela sobre la que se levanta la mole de 20 plantas.

En septiembre, el Gobierno local del Carboneras se defendió por la demora y solicitó una ampliación del plazo porque los trámites requieren "actuaciones complejas" y la participación de distintas administraciones. El equipo que dirige José Luis Amérigo alegó falta de medios municipales, ya que no disponía "a día de fecha, de arquitecto municipal". En su escrito, comunicó que había dado pasos para cumplir la exigencia y había pedido informes para poner en marcha la modificación del plan municipal, así como la modificación de la norma urbanística que no llegó a aprobarse en pleno, como denuncian los ecologistas de Greenpeace.