Una mariscada y 13 años de "calvario": absolución al final del camino para un líder de IU en Sevilla

Sobre Antonio Rodrigo Torrijos llegó a pesar una fianza de 33 millones de euros cuando Mercedes Alaya lo imputó por la venta de los suelos de Mercasevilla. "Tenía dinero para eso y para el triple", ironiza este político sevillano, que se permite tirar de sarcasmo a pesar de que, asegura, ha sufrido un "calvario judicial" de 13 años. La célebre jueza le llegó a imputar diez delitos y lo involucró en cuatro procesos judiciales, pero de todos ha salido absuelto. En el último ni siquiera ha habido sentencia, ya que la Fiscalía retiró la acusación contra él y contra su compañero José Manuel García, también concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, que sí se plantea llevar a la instructora del caso ERE a los tribunales por su papel en el caso Fitonovo.

Para Torrijos, que fue primer teniente de alcalde de Sevilla y dos veces candidato por IU a las municipales, se trata de un caso de lawfare. "Sevilla fue el laboratorio nacional para el lawfare", explica el exedil, que denuncia una "cacería política, mediática y judicial" que tenía por objetivo "desalojar" a la federación de izquierdas del gobierno local. Sobre ello tiene previsto dar una charla el próximo miércoles en Sevilla, junto al constitucionalista Joaquín Urías. "IU impulsó en Sevilla iniciativas inéditas y una agenda social", relata el político hispalense, que cita medidas que van desde el bonobús gratuito para parados a la construcción de 150 kilómetros de carriles bici que pusieron el foco sobre la capital andaluza en toda Europa.

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El exconcejal sevillano habla de una "modificación de la política fiscal y presupuestaria que permitió transferir rentas del capital a la sociedad" y que provocó una "operación" que tuvo como "beneficiario político" a Juan Ignacio Zoido. El dirigente popular, hoy eurodiputado, se convirtió en alcalde en las municipales de 2011 con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales, frente a los 11 del PSOE y los 2 de IU. Y, según Torrijos, "las instrucciones de la señora Alaya contribuyeron a su éxito de forma objetiva". Como recuerda el exdirigente izquierdista, la jueza anunció su imputación por la venta de los suelos del mercado de abastos sevillano el mismo día que empezó esa campaña electoral, aunque su citación no estaba prevista hasta el 20 de junio, un mes después de los comicios, que fueron el 22 de mayo.

"Fue una instrucción acompasada a los tiempos electorales", critica Torrijos, que también rememora como la jueza encargó la investigación a la UCO después de hacerlo inicialmente con la UDEF, que no encontró indicios de delito. "En el juicio, coincidí con el hombre con quien yo, según Alaya, acordé la venta de los suelos", relata el político sobre el representante de la empresa Samna. "El fiscal le preguntó si me conocía y él le contestó que me había conocido durante el juicio y porque yo me había presentado", explica el exdirigente de IU, que recuerda cómo en la sentencia de 398 folios, la jueza de la sección 13 de la Audiencia de Sevilla, Yolanda Sánchez, aseguró que "no tendría ni que haberme sentado en el banquillo.

El Consejo de Estado y el CGPJ observaron "irregularidades" en la instrucción del caso Mercasevilla, con todos los acusados absueltos

Aquel fue el resultado de un proceso que duró más de ocho años y después del cual Torrijos se alejó de la vida pública. "Vivo en la misma casa que nací, un piso de 65 metros en el barrio de Santa Cruz, pero dijeron que me había comprado una residencia", lamenta el político, que protagonizó una icónica imagen que todavía hoy se recuerda. Fue en la Feria de Marisco de Bruselas, donde acudió como representante de Mercasevilla para promocionar el producto del mercado hispalense. Allí, en una cena con otras 8 personas, se fotografió junto a un enorme plato de marisco en una fotografía que ha quedado vinculada a la corrupción. Una corrupción en la que, según los jueces, nunca estuvo involucrado. De hecho, todos los procesados del caso salieron absueltos. "Estas campañas insidiosas repercutieron en el imaginario colectivo, se nos consideró personas abyectas", se queja Torrijos.

Tras esta ristra de victorias judiciales, el exconcejal sevillano siente una "profunda tranquilidad", pero admite que el sentimiento es agridulce porque ha quedado constatado que "no hubo reproche de carácter penal" en su carrera política, tras las sentencias favorables de Mercasevilla y los otros dos casos de supuesta corrupción activados por Alaya (sobre la empresa Sevilla Global y la Fundación DeSevilla). Por Mercasevilla, el exconcejal sevillano puso en marcha una reclamación patrimonial, un proceso "proceloso y complejo" que ha pasado por el CGPJ y el Consejo de Estado, que "concluyeron que se habían cometido irregularidades". El exconcejal todavía está pendiente de recibir la cantidad de 73.500 euros que solicitó su defensa, pero descarta "en principio" llevar ahora a la jueza Alaya a los tribunales tras la retirada de la acusación en el caso Fitonovo.

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Tanto Torrijos como su compañero José Manuel García fueron imputados por los delitos de fraude, cohecho activo, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y a ambos se les impuso una fianza de 620.000 euros. A la Audiencia Nacional, llegaron con el delito de cohecho y una fianza de 8.000 euros, que les serían devueltos después de que la Fiscalía retirase la imputación. "Esto no puede quedar así", avanza García, cuya defensa está estudiando posibles "acciones penales" contra Alaya.

A García le ocurrió algo similar con los tiempos de la instructora, ya que fue imputado cinco días antes de su proclamación como candidato a las elecciones municipales de 2015. Dimitió como concejal y se quedó parado, "sin una prestación de ningún tipo", por su renuncia voluntaria. "¿Quién va a contratar a un economista rojo con 60 años?", se lamenta el exconcejal, que ya está jubilado y que también recuerda con extrañeza partes del juicio, en el que estaba acusado por favorecer a la empresa Fitonovo en la concesión de las obras para construir once campos de fútbol. Según relata el concejal, en el proceso testificaron los altos funcionarios municipales responsables de la mesa de contratación para dichas obras. "Todos ratificaron mi versión, pero la jueza ya había montado su relato y acusación y tiró para adelante", zanja García.