El juez sienta en el banquillo al PSOE e IU por lucrarse en la trama andaluza de Fitonovo

El PSOE e IU se enfrentan a la misma acusación que el PP en el caso Gürtel por una trama de corrupción en Andalucía. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, entre ellas cargos públicos, en las siete piezas que integran el conocido como caso Fitonovo, en el que se investiga la estructura en torno a la empresa que lleva este nombre por la obtención de contratos de forma irregular durante 15 años a cambio de sobornos a las autoridades andaluzas.

El juez atribuye al PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo en una de las piezas, la que aborda los contratos del Ayuntamiento de Sevilla, apuntando en este sentido a que se beneficiaron "de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas" en las cantidades de 159.839 y 155.000 euros respectivamente. La figura de partícipe a título lucrativo se emplea contra quienes se benefician del delito cometido por otra persona sin ser conscientes de ello, presentándose así contra el reponsable civil y no contra el responsable penal. En el caso del PP, el partido fue condenado el pasado 25 de mayo como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en Majadahonda y Pozuelo, ante lo que la Audiencia Nacional obligó a Génova a pagar 245.492 euros.

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Beatriz Parera

En siete autos, uno por cada pieza que ahora envía a juicio a la Sala de lo Penal y que se instruyó inicialmente el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, el magistrado abre juicio oral contra las 88 personas por los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a la administración pública, blanqueo, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

En el marco de la pieza denominada Ayuntamiento de Sevilla, una de las siete que componen el caso Fitonovo, De la Mata implica al PSOE e IU porque las maniobras de los imputados "consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)". La Audiencia Nacional imputa en este pieza a trece personas, entre las que destacan el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el de IU José Manuel García Martínez, el ex primer teniente Alcalde y dirigente de IU Antonio Rodrigo Torrijos y Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

La figura de partícipe a título lucrativo se emplea contra quienes se benefician del delito cometido por otra persona sin ser conscientes de ello

El juez explica en su auto que tres de los investigados, José Manuel García Martinez, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona, “recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo SL para Izquierda Unida, a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a los 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en su condición de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo”.

Por su parte, “Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo, de igual manera consiguieron de Fitonovo SL, a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa”, asumiera “el pago de las obras que se hicieron en la Agrupación Local Macarena del Partido Socialista Obrero Español, así como otros pagos en efectivo”, concluye De la Mata.

Así funcionaba la trama

"Las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”. Esa es la conclusión que saca el magistrado tras investigar la actividad de la empresa Fitonovo entre 1995 y 2013, tiempo en el que “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

“Así, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama”, explica De la Mata.