La trama de sobornos de Fitonovo pone en jaque a todos los partidos en Sevilla

Durante años campó a sus anchas y sin competencia. La empresa Fitonovo se adjudicó todos los concursos públicos del área de parques y jardines sin parpadear. O casi. Van ya siete millones cuantificados en una caja B tejida con facturas falsas y que sirvió para comprar favores públicos. Una lluvia de millones que le llevó, según sus datos fiscales, a triplicar sus beneficios y su plantilla alcanzado su cenit en 2011, al calor del pacto de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla. Ese año facturó 36 millones de euros. En esa etapa dorada se coló hasta en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Según consta en la plataforma de contratación de la Junta, la firma de jardinería se llevó en una UTE el mantenimiento de las zonas verdes del emblemático edificio sevillano por un importe de 181.889 euros.

A pocos metros de allí, hoy sólo su nombre produce un auténtico terremoto en el consistorio hispalense. Fitonovo, la empresa maldita que la juez Mercedes Alaya ha situado en el epicentro de una “trama criminal” dedicada a amañar concursos públicos mediante mordidas y sobornos, ha puesto en jaque a los tres partidos en la capital andaluza a pocos meses de las elecciones municipales. La magistrada ha apuntado en un auto a la “financiación ilegal” de PSOE e IU en el entramado. Las escuchas de la Guardia Civil y la declaración de uno de los principales funcionarios imputados han salpicado también al equipo municipal del alcalde del PP, Juan Ignacio Zoido. La corrupción se había incrustado en el Ayuntamiento y ahora sacude a todos los grupos municipales.

La Operación Madeja, en alusión a la heráldica sevillana, mutó a Enredadera cuando en la segunda semana de noviembre la Guardia Civil daba el golpe definitivo a esta trama, que se había extendido por trece provincias españolas. Una catarata de detenciones, hasta 32, y varios organismos públicos afectados, entre otros Adif, la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Fomento. La espectacularidad de la operación llevó a Fitonovo a los titulares nacionales, pero es en Sevilla donde la empresa familiar de Rafael González Palomo y su hijo, José Antonio González Baró, había extendido con más raigambre sus tentáculos. Todo un catálogo de coches caros, obras en domicilios particulares de los responsables públicos imputados, dinero negro circulando en cajas de zapatos, caballos de pura raza y la reforma de la sede socialista en el barrio de La Macarena... Cualquier regalo compraba la adjudicación del concurso público. Si ese dinero financió la última campaña electoral o si terminó en la caja de los partidos, no se sabe. Alaya lo apunta en el caso de PSOE e IU, pero aún no hay pruebas que constaten o expliquen este hecho.

El último golpe de efecto político lo ha dado Izquierda Unida. El escándalo obligó a su ex hombre fuerte en la capital andaluza, Antonio Rodrigo Torrijos, a darse de baja de militancia y al último portavoz municipal, José Manuel García, a entregar su acta de concejal, aunque sigue siendo coordinador local del partido. IU, que ya tiene poco que perder con este caso, ha propuesto una comisión de investigación en el Ayuntamiento que sin duda pondrá en un brete a PP y PSOE. Aún no se sabe si contará con la mayoría suficiente para salir adelante, pero en la antesala de las municipales la refriega política es durísima. Tendrán difícil explicar estos partidos su rechazo a una investigación que pondrá la corrupción en primer plano los próximos meses y que electoralmente no beneficia a nadie. Quienes conocen las interioridades del Ayuntamiento sevillano hablan de “pánico”.

El levantamiento del secreto de sumario ha permitido saber que Alaya atribuye a PSOE e IU el cobro de comisiones ilegales de Fitonovo de 2003 a 2011, cuando estaban en el gobierno municipal. A los socialistas les atribuye ingresos de entre 30.000 y 60.000 euros. En la contabilidad de la empresa estos pagos estaban camuflados bajo el epígrafe de “Langostinos Maera”, en alusión al restaurante donde supuestamente se entregaba el dinero. A IU el sumario le atribuye cobros de 155.000 euros por la adjudicación de 6,9 millones para el césped artificial de once campos de fútbol. Están imputados el concejal socialista Manuel Gómez Lobo, y Domingo Enrique Castaño, exasesor y hombre fuerte del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. En IU, la juez ha imputado a Torrijos, hombre “decisivo”, a uno de sus asesores, Antonio Miguel Ruiz, que fue quien presuntamente cobró la mordida en una caja de zapatos, y al ya exportavoz José Manuel García, que entonces era concejal de Deportes.

Todo podría quedar en un caso de corrupción con PSOE e IU en el centro de una trama de sobornos que habría logrado sobrevivir con un aliado de poco relieve político en el equipo municipal del actual alcalde, Juan Ignacio Zoido. Pero esta semana han seguido sucediéndose los escándalos. El regidor del PP ha anunciado una querella contra el funcionario Francisco Amores, que declaró ante Alaya que había pedido 350.000 euros al hijo del dueño de Fitonovo y le aseguró que una parte iría a ayudar al PP en la campaña electoral. La conversación fue grabada por el empresario. El funcionario se retractó después y dijo que lo había dicho para “presionar”. El sumario también desvela que el actual edil de Empleo, Gregorio Serrano, sugirió a Fitonovo durante un almuerzo que construyera gratuitamente un parque infantil para la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto. Él dice que sólo indicó a la empresa dónde “había un cliente”.

En el Ayuntamiento de Sevilla hay nervios, amenazas de querellas y mucha refriega política, pero lo que de verdad hubo fue una trama corrupta a tres bandas: una modesta empresa familiar que supo habilidosamente tejer una auténtica red de sobornos para dedicarse a podar jardines y amueblar parques infantiles sin competencia, funcionarios que manejaron la situación durante años y vivieron a cuerpo de rey, y políticos que vieron en esa caja B un negocio para sus partidos. O eso dice la juez Mercedes Alaya.