25 años de lucha contra el maltrato: "Rechazaban terapias porque decían que no estaban locas"

María Victoria Rosas recuerda con claridad el mes de agosto de 2003. Y no precisamente porque ese año pasara unas vacaciones increíbles, que probablemente también, sino porque fue el momento en el que un juzgado malagueño emitió la primera orden de protección a una víctima de violencia de género. Sí, en 2003, no hace ni 20 años. Mariví, como la llaman habitualmente, fue testigo directo de este avance porque por aquel entonces formaba parte del recientemente creado Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA). Un recurso asistencial que va a cumplir 25 años de existencia en la provincia de Málaga y cuyos profesionales han asistido a la transformación de la sociedad ante una lacra que se resiste a desaparecer. Son los que “escuchan y acompañan”.

Rosas es la actual directora y, junto al psicólogo Miguel Ángel Román, son los únicos de los siete integrantes de esta unidad que vivieron su alumbramiento. A pesar de que aún hay trabajo por hacer en el campo de la educación, ambos echan la vista atrás para remarcar la “evolución abismal” que ha vivido la sociedad ante la violencia de género, pero aún recuerdan esos primeros días de andadura en los que su encaje en los juzgados se veía como una excentricidad. Eran esos tiempos en los que a los asesinatos machistas había quien aún los llamaba “crímenes pasionales”, en los que las palizas eran “cosas de casa” y los insultos “berrinches de enamorados”.

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“La violencia de género no existía jurídicamente, no había una ley integral”, señala Mariví, que explica que muchos supuestos no tenían ni la categoría de delito, “se consideraba una falta y se resolvían penalmente con una multa”. “Las casas de acogida estaban llenas” porque el maltratador permanecía en la vivienda y la víctima se veía en la calle con una maleta y poco más. Una época en la que los recursos asistenciales eran limitados y en los que había que remover el cielo y la tierra para lograr esa ayuda urgente y temporal.

El trabajo del SAVA tampoco era fácil por aquel entonces. Había que luchar contra los prejuicios y derrotar falsas creencias instaladas en el imaginario colectivo. Román, por ejemplo, cuenta que pocas mujeres querían recibir terapia psicológica y que la respuesta que habitualmente solían dar para negarse es que “ellas no estaban locas”. Acudir a un psicólogo “se asociaba con la locura” y muchas de estas víctimas acababan siendo medicadas con antidepresivos u otros fármacos.

Algunos sentimientos de vergüenza del pasado se reproducen en víctimas de zonas rurales

Situaciones de este tipo, por extraño que parezca, aún se reproducen en las zonas de interior, donde el servicio se ha ido extendiendo paulatinamente a través de las demarcaciones judiciales de Marbella, Fuengirola, Vélez-Málaga o Antequera. “Cuando asistimos a una víctima y le recomendamos que acuda a un centro de información para la mujer, te pregunta si pueden acudir al de un pueblo cercano porque tiene miedo o vergüenza de que la vean sus vecinos”, explica Eva Bolivar, trabajadora social, que añade que “no quieren sentirse señaladas y que afecte a sus hijos”. La directora apunta que “la presión familiar es distinta”, así como la posible “estigmatización” que pueda sufrir la víctima, por eso “la intervención en estos casos es completamente distinta”.

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Los cuatro pilares sobre los que se asienta la labor del SAVA son: información, protección, asesoramiento y apoyo. Esta función se consigue a través de un grupo multidisciplinar en el que, además de psicólogos y trabajadores sociales, también lo componen juristas. En el equipo de Málaga —hay en todas las provincias andaluzas—, se encargan de la asistencia legal Marina Fontana y Mamen Utrera, quienes tratan de que las mujeres maltratadas no se pierdan en la laberíntica Administración de Justicia. Se encargan de proporcionar información en los juicios y sobre cómo hacer los trámites ante la Fiscalía y la autoridad judicial. También facilitan la obtención de un letrado de oficio y ayuda a pedir medidas de protección.

Distancia emocional

La sede del SAVA, ubicada en la primera planta de la Ciudad de la Justicia, es el punto de partida para muchas víctimas de la violencia machista. El lugar en el que sus historias se plasman en expedientes y se clavan en el corazón. El sitio en el que pueden encontrar una salida a su terrible situación. “Estoy aquí para ayudarte. ¿Quieres llorar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres guardar silencio?”, pregunta Eva a las usuarias a las que atiende para “reducir su ansiedad”. “La mayoría opta por el llanto”, reconoce, pero es un desahogo liberador. Como si soltaran lastre vaciándose a través de la pena.

Porque enfrentarse a la vorágine de un proceso judicial es un momento duro, difícil y complicado, que erosiona emocional y psicológicamente, y que puede hacer desistir a las denunciantes. En este punto es donde María Victoria Rosas incide en el falso mito de las falsas denuncias. No se puede negar que hay casos residuales, pero “existen muchos factores que pueden llevar a una no condena, y entre ellos se encuentran el miedo y la pena que la mujer siete hacia el presunto maltratador y que la empujan a detener el proceso”. “Muchas dicen: ‘Quiero que me deje tranquila, pero no deseo que entre en prisión”, apunta la directora, que añade que esas situaciones son más comunes cuando la pareja tiene hijos en común.

“De aquí ninguna mujer se va contenta, porque las circunstancias que te traen al SAVA son muy duras, pero sí agradecida porque se le ha dedicado el tiempo que necesitaba”, explica Bolivar, que señala que tratan de mantener una “distancia emocional”. No obstante, “hay casos que te traspasan y vives momentos muy difíciles”. “Yo soy madre de una niña y no hace mucho tuve delante de mí a una chica de su misma edad a la que habían violado. En esas situaciones es imposible desconectar el plano personal del profesional”.

El hecho de que la mayoría de los procesos judiciales se extiendan en el tiempo favorece la aparición de estos vínculos. Provoca que haya “intervenciones que duren años”, señala José Antonio Mariscal, el segundo trabajador social del equipo, que precisa que la labor de todos expertos se prolonga “antes, durante y después” de que haya sentencia. Esto hace necesario refugiarse en esa distancia emocional para que el día a día no deje una huella indeleble. Y, aun así, “hay días en los que te despiertas a las tres o cuatro de la madrugada pensando en la historia de una usuaria y no puedes seguir durmiendo tratando de buscar una solución”, apunta Mariví.

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Uno de estos casos que se te agarran al alma fue el origen de una técnica novedosa que germinó en el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía de Málaga: la “autopsia psicológica”. La desarrolló Pilar Menchón, la segunda psicóloga, que en una etapa anterior consiguió demostrar a la autoridad judicial el calvario sufrido por una víctima mortal que en vida nunca presentó denuncia contra su pareja. Tampoco había declaraciones que lo acreditase, pero el trabajo de esta experta y su equipo constató que ese día que Ana Padilla recibió más de 60 puñaladas no fue la única vez que fue maltratada por Bismarck Pérez.

Entrevistaron a familiares, conocidos y vecinos; recopilaron historiales clínicos y partes de lesiones; y bucearon en los recursos de la Administración. A Menchón, durante el juicio, se le trató de desacreditar diciéndole que ejercía de adivina. El tribunal no tuvo dudas. Con su veredicto de culpabilidad acabó avalando el trabajo de esta psicóloga forense, que fue reconocido con una inclusión en la Memoria de la Fiscalía General del Estado.

Una psicóloga realizó una autopsia psicológica que demostró el calvario de una fallecida

Miguel Ángel Román explica que una labor así necesita “ventanas emocionales” que sirvan de descompresión. El humor es un aliado estratégico, pero la mayoría se refugia en algún hobby. Él, por ejemplo, se decanta por el karate —es segundo dan—, aunque el grueso del equipo apuesta por los lápices y los pinceles. Porque, como explica Eva Bolívar, “este trabajo es como cuando comienzas a hacer deporte”. “Al día siguiente, tienes muchas agujetas; pero, conforme continúas practicándolo, se van pasando”. “Pero eso no quiere decir que se hayan acabado, porque con el tiempo vas descubriendo nuevas”.

El teléfono de emergencias suena. Son algo más de la diez y media y todos comentan la extraña tranquilidad que ha acompañado la conversación. La primera usuaria espera. Sorprende su juventud. Los nuevos tiempos, las nuevas víctimas. “No hace falta pedir cita, pueden venir desde cualquier sitio, no esperarán más de 10 minutos”, recalca la directora. Es víspera del 25-N. El SAVA no descansa.

Las intervenciones por violencia de género volvieron a crecer en 2021

El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, se inspiró en un recurso similar habilitado por Cataluña y País Vasco, pero que promovió notablemente el actual magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro cuando estaba al frente de la Audiencia Provincial de Alicante.

Sus resultados se plasman en las estadísticas. Según la memoria de 2021 —la última difundida—, aproximadamente la mitad de los expedientes abiertos en la comunidad andaluza —6.977— fueron por casos de violencia de género. La cifra absoluta superó ampliamente los tres ejercicios anteriores y el crecimiento interanual fue de 1.731. Las atenciones por este motivo también son mayoritarias con respecto al resto de delitos cuyas víctimas son atendidas en el SAVA, mientras que las órdenes de protección tramitadas por violencia machista ascendieron a 2.859.

El perfil de la maltratada que se extrae de todos estos casos es claro: mujer, de 30 a 44 años, soltera y con estudios primarios. Suele encontrarse en paro y su victimario es mayoritariamente la expareja. Los daños psicológicos son el perjuicio ocasionado más común.