Andalucía penalizará a los funcionarios que no cumplan: sanciones y traslados forzosos

La Junta de Andalucía premiará a aquellos funcionarios que desempeñen con buena praxis su trabajo, y penalizará a aquellos que no lo hagan. El anteproyecto de Ley de Función Pública, aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno, prevé la evaluación del personal de la Administración con complementos retributivos extra para aquellos que obtengan una calificación positiva, por el contrario se contemplan sanciones, traslados a otras localidades y pérdida de complementos para los que no cumplan. El texto sustituirá a la actual ley, de 1985, y ha sido pactado con los sindicatos.

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"Va a suponer un cambio radical en la forma de concebir y ordenar la administración pública andaluza", apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, según recoge Europa Press. Para el Ejecutivo de Juanma Moreno esta es una de las leyes clave de la legislatura y el objetivo es que se tramite en el Parlamento regional por la vía de urgencia para acortar plazos.

La Ley, según apuntó Nieto, se sustenta sobre varios ejes, entre ellos, "reforzar la formación continua, agilizar los procesos selectivos, profesionalizar la figura del personal directivo, mejorar la carrera profesional de los empleados públicos, incentivar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar regulando, entre otras cosas, el teletrabajo". El objetivo último es "atraer, desarrollar y retener el talento".

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Así, una de las novedades de la norma es la regulación de los puestos directivos, que se seleccionarán por capacidad, competencia y conocimiento. El texto contempla un sistema de selección para estos cargos por convocatoria pública. Para la elección se creará una comisión independiente y estos trabajadores percibirán una variable en función de una serie de objetivos. La evaluación de las metas alcanzadas determinará además su continuidad en el puesto. La premisa de la Junta es garantizar transparencia en los procesos de selección.

Sobre la evaluación de los propios funcionarios, la ley contempla un sistema de tramos en función de los resultados obtenidos. La máxima es "incentivar y reconocer el trabajo productivo teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación" y para ello se establecer un procedimiento de calificación "transparente, objetivo, fiable e imparcial".

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Aquellos trabajadores públicos cuya labor sera evaluada de forma positiva tendrán un complemento retributivo, que se sumará a los correspondientes de su carrera profesional. Sin embargo, los que no actúen con buena praxis deberán someterse a un programa de formación específica, además podrán enfrentarse a sanciones o a un traslado forzoso, según especificó el consejero.

Por otro lado, con esta ley se incorpora la posibilidad de teletrabajar, cuando el puesto lo permita, reconociendo además la "necesaria desconexión digital". Otro aspecto que no estaba regulado en la anterior ley es la formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias, cuyos conceptos se definen y se recogen tanto como derecho y como deber, además el texto pretende adecuar el tipo de prueba que superarán los funcionarios con el desempeño de las funciones que deberán desarrollar en los puestos de trabajo convocados. Asimismo, se establecen procedimientos que permitan agilizar la provisión de puestos, como por ejemplo una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución.