No solo los sanitarios: Jerez abre la puerta a reclamar a las familias de fallecidos por covid

Homenajes, aplausos, condecoraciones... La primera ola del coronavirus había pasado y España se encargaba de reconocer la labor de los sanitarios, con un recuerdo especial para los que habían fallecido. Jesús Clavijo recibió la llamada de un periódico local para reconstruir la historia de su padre, pero declinó la propuesta: "No quiero más homenajes, quiero que el problema se solucione".

Su padre, M. Clavijo, había muerto por coronavirus a los 59 años. Trabajador del hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante más de 20 años, limpiaba las instalaciones contratado por la empresa Clece. En las primeras semanas de la pandemia se encargaba de la desinfección del centro, pero el acta del fallecimiento consideraba que el motivo de la muerte era una “enfermedad común”.

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Aunque la Seguridad Social no lo reconocía, su familia siempre lo tuvo claro: M. Clavijo había muerto por culpa de su trabajo. En aquellos días sacaron fuerzas para denunciar e iniciar un procedimiento que esta semana ha dado lugar a una sentencia pionera en España: por primera vez un juez ha considerado "accidente de trabajo" el fallecimiento por covid de un profesional no sanitario.

"Ellos lo veían muy difícil, pero siguieron adelante", recuerda Antonio Ortega, graduado social del Grupo Laborum y representante de la familia en este procedimiento. El decreto ley aprobado por el Gobierno central contemplaba como "accidente de trabajo" el fallecimiento de los sanitarios adscritos al centro en el que se hubieran contagiado de coronavirus, siempre que contaran con un informe favorable de los servicios de prevención. Sin embargo, en esa norma no se incluía al personal no sanitario.

"Muchos ni siquiera llegaron a reclamar porque la norma les dejaba fuera, aunque nosotros pensamos que era discriminatorio: ¿Por qué se excluía a los trabajadores que no eran sanitarios? ¿Acaso no estaban expuestos igual?", se pregunta Ortega.

Sindicatos como Unión Sindical Obrera (USO) han reclamado al Gobierno que dé una solución a las familias afectadas, aunque de momento no ha habido cambios normativos ni sentencia del Tribunal Supremo que siente jurisprudencia. “Cuantas más personas denuncien, más cerca estaremos de ello”, apunta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo.

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La sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Jerez abre la puerta de la reclamación a cientos de familiares de víctimas del covid que podrían haberse contagiado en el trabajo. Y no solo en centros sanitarios, sino en todos los sectores, especialmente en los que fueron considerados esenciales durante los primeros meses de la pandemia.

"Esta sentencia puede abrir el camino a considerar como contingencias profesionales las bajas producidas por la incidencia del covid en unas circunstancias similares a las que han determinado este fallo", explica María José Cervilla, profesora y directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz (UCA).

Pero, ¿cómo demostrar que el contagio se dio en el centro de trabajo? Hasta ahora parecía difícil, aunque el caso de M. Clavijo puede servir de ejemplo.

Familiares sin contagiar

Son varios los hechos probados que llevaron al juez a relacionar la enfermedad con el lugar de trabajo. En primer lugar, que "ningún familiar del entorno del trabajador fallecido sufrió infección de coronavirus en esos días", lo que descartó que el origen del contagio estuviera en el domicilio habitual.

M. Clavijo "estuvo prestando servicios de limpieza en el edificio de consultas externas del Hospital de Jerez de la Frontera en fecha 11 de marzo de 2020, siete días antes de la primera baja por nasofaringitis aguda", apunta la sentencia, que destaca un brote en el personal de consultas externas de Dermatología "cuatro días después". La defensa sostenía que, cuando se notificaron esos contagios, el trabajador fallecido estaba de descanso, sin embargo, el juez remarca "el periodo de incubación" de la enfermedad, que invalida ese argumento.

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Además, "el protocolo especial de limpieza en áreas covid no se estableció" hasta un mes después de la baja. M. Clavijo se contagió "cuando aún no se seguían protocolos específicos de cómo usar los equipos de protección, tales como guantes y mascarillas".

De esta forma, el caso muestra el camino para demostrar que el contagio se dio en el trabajo: contar con pruebas que acrediten que en el momento de la enfermedad había más casos de covid en el centro y que no había familiares convivientes infectados.

"Muchos procedimientos están a la espera de juicio y esta sentencia se utilizará para seguir esta línea", explica Ortega, quien reconoce que en determinados sectores puede ser más complicado aportar pruebas.

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La profesora Cervilla advierte de que la sentencia responde a un contagio producido en los primeros momentos de la pandemia, cuando "ni siquiera estaban activos los protocolos específicos de limpieza y prevención de riesgos". Eso ha justificado "mucho más" la "relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo". "En caso de que se planteen demandas por contagios más posteriores en el tiempo, cuando ya los protocolos de prevención se han implementado en casi todos los sectores de actividad, demostrar la causalidad puede ser más difícil, máxime si en el entorno familiar del trabajador ha habido contagios", apunta.

Desde el sindicato USO también lamentan la dificultad de demostrar el origen laboral del contagio. "Durante los meses más duros de la pandemia, estos trabajadores esenciales podían contagiarse en el desplazamiento a su centro de trabajo o con el contacto con compañeros o clientes", apuntan.

Recurso

El abogado del caso está seguro de que la empresa Clece y la mutua elevarán el caso al TSJA y posteriormente al Tribunal Supremo, debido a los elevados costes que deberán asumir. Tal y como destacan desde USO, la familia del fallecido por accidente laboral tiene derecho a "una indemnización a tanto alzado compatible con el auxilio por defunción o la pensión que corresponda según el parentesco con el fallecido, todas ellas reguladas en la Ley General de Seguridad Social".

Además, en la mayor parte de los convenios colectivos se negocian pólizas para la plantilla para estos casos, así como otras mejoras que correrían a cargo del seguro de la empresa. En caso de incumplimiento empresarial o de recargo de prestaciones, impuesto por Inspección o un juez, también es la empresa quien se hace cargo del pago.

En cualquier caso, los expertos consultados consideran "poco probable" que otro tribunal tumbe los hechos probados. "La sentencia demuestra claramente la relación de causalidad entre la enfermedad y el desarrollo de la actividad profesional, sobre todo por el momento temporal en que la enfermedad se produce, sin medidas de protección ni protocolos de prevención de riesgos laborales. Entiendo que, en caso de recurso, la consideración del fallecimiento como accidente de trabajo debería mantenerse", apunta Cervilla.