Los 'olvidados' por Yolanda Díaz: Luis y otros 25.000 investigadores, en un limbo laboral

Mientras los miembros del Gobierno trataban de explicar la nueva mayoría que sacaría adelante la contrarreforma laboral, en los campus universitarios de todo el país eran muchos los investigadores universitarios que estaban pendientes del proceso de tramitación. Y no precisamente porque les apasionara el cambalache parlamentario que surgía en torno a la aprobación del Real Decreto, sino porque 25.000 de ellos, según estima la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se adentran en un limbo laboral después de que el Ejecutivo haya eliminado el contrato por obra y servicio sin contemplar una fórmula que lo sustituya. Una falta de previsión que diluye el alegato contra la precariedad en el campo de la investigación que realizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Luis —nombre ficticio— es uno de los miles de investigadores universitarios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) que se vería afectado por este desliz gubernamental. Días atrás iniciaba un estudio en el ámbito de la Psicobiología para determinar "cómo el proceso de aprendizaje afecta a que se genere una adicción a la cocaína desde los contextos de consumo y sus estímulos". El trabajo se encuentra en una fase de experimentación animal y lidera a un equipo de profesionales que cada mañana realiza una recogida de datos tras analizar a los ratones de laboratorio y extraer conclusiones.

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Tiene 32 años y este es el tercer contrato de investigación que firma. "El primero fue de seis meses, después accedí a otro de dos años y este será de tres", detalló a El Confidencial. Los dos anteriores habían sido de obra y servicio, pero en el tercero "me percaté de que habían cambiado el código de contratación". "Antes tenía el 401 —que correspondía al modelo eliminado— y esta última vez era el 420, que hasta donde yo sabía era un contrato de prácticas, pero creo que ahora le han cambiado el nombre".

En ese momento no quiso buscar muchas explicaciones al cambio, pues suficiente era haber sido seleccionado para encabezar el proyecto. Ha sido estas últimas horas cuando ha comenzado a ser consciente de las implicaciones que para el desarrollo de su trabajo puede tener el cambio normativo aprobado el pasado jueves en una controvertida votación.

Subirats y Morant palparon la inquietud de los rectores antes de la aprobación de la norma

"No sé qué va a pasar conmigo, porque desconozco cuánto tiempo podrán mantenerme el tipo de contrato que tengo actualmente", afirmó, para vaticinar que, "si esto no se soluciona rápido, lo que está claro es que los compañeros que ahora quieran acceder a un proyecto de investigación, no van a tener las mismas oportunidades que yo". "No todo el mundo puede tener acceso a una beca estatal con financiación europea".

Si la contrarreforma laboral se hubiese aprobado con estos mismos términos dos años antes, "creo que me habría quedado en la calle", piensa Luis, que bromea al afirmar: "Ahora soy un doctor en prácticas".

El discurso de la ministra

La experiencia relatada por este investigador difumina parte del discurso que Yolanda Díaz construía desde el atril de la Cámara Baja. Llevaba casi 40 minutos de intervención cuando se dirigió al resto de parlamentarios para decirles que "este Real Decreto representa la gran oportunidad de que también en el ámbito de la ciencia y la investigación, en nuestras universidades, podamos darle la espalda a la temporalidad y, lo que es más importante, retener el talento de la juventud".

"¿Saben cuál es la mejor fórmula para impedir la fuga de cerebros?", preguntaba a los asistentes al Pleno de este jueves, "pues ofrecer buenas condiciones de trabajo y posibilidades de vida en nuestro país a una joven comunidad científica investigadora", se respondía obviando la situación de intranquilidad en la que actualmente se encuentran miles de estos estudiosos.

Díaz realizó esta apasionada exposición un día después de que dos de sus compañeros en el Consejo de Gobierno, el ministro de Universidades y la de Ciencia, Joan Subirats y Diana Morant, respectivamente, palparan la inquietud de la comunidad universitaria ante el hecho de que el Ejecutivo impulsara el nuevo marco laboral sin encontrar una solución para los numerosos investigadores que desconocen qué va a suceder con sus contratos de trabajo.

Fuentes de la CRUE explicaron a El Confidencial que, "actualmente, el modelo de contrato empleado por las universidades para los investigadores y los técnicos es el de obra y servicio, que está ligado a la duración y fondos de los proyectos". "No estamos en contra de la reforma laboral, en absoluto, solo hemos advertido de que, si se suprime esa figura sin una alternativa para dar continuidad a nuestro personal investigador, y sin pensar en las características propias de la investigación, paralizaría el 60% de los contratos actuales de obra y servicio, que son unos 25.000".

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Lo positivo, destacaron, es que hay una posible solución, una alternativa que sí contempla la reforma de la Ley de la Ciencia —pendiente de aprobar—: el "contrato para actividades científico-técnicas". Se trata de una modalidad de relación laboral indefinida, pero sujeta a los fondos asignados al proyecto que sustenta la vinculación contractual entre la universidad y el investigador.

Los rectores, durante la posterior reunión del Consejo de Universidades, reclamaron una vía que permita poner en práctica esta fórmula y así "evitar el colapso del sistema entre el 31 de marzo y la entrada en vigor la reforma de Ley de la Ciencia".

La propuesta lanzada, y que están estudiando ambos ministerios, es que esta última norma, así como la Ley Orgánica del Sistema Universitario, generen un "marco coherente e integrador" para todos los agentes del Secti. Pero para reducir el periodo de desprotección en el que podrían quedar los investigadores entre su tramitación parlamentaria y la entrada en vigor de la contrarreforma laboral, sería necesario acelerar los plazos de aprobación.

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Las citadas fuentes apuntan a que el cambio de la Ley de la Ciencia es algo que reclaman "desde hace mucho tiempo" los actores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y consideran que su puesta en marcha sería la mejor opción para acabar con la "incertidumbre" que existe ahora mismo. Si no, otra posibilidad, "y así se lo hemos solicitado al Gobierno, es que el Ministerio de Hacienda emita una instrucción antes del 31 de marzo que nos permita hacer los contratos como hasta ahora".

Yolanda Díaz apoyó la desaparición del contrato por obra y servicio en favor de la figura del fijo discontinuo para dotar de mayor estabilidad a la comunidad científica. "No se puede seguir defendiendo la contratación precaria en nuestro sistema de investigación", señaló. Esta postura es compartida por los rectores, que piensan que el acuerdo de la contrarreforma laboral "repercutirá de manera positiva en la Universidad", pero reclaman que se debe subsanar esta "disfunción" que "no se ha tenido en cuenta" y que "podría generar un impacto muy negativo en el ámbito de la investigación".

"Confiamos en que el Ejecutivo solucione este asunto cuanto antes con el fin de que no se vean comprometidos los proyectos que se realizan en nuestras universidades", expresó la CRUE, que recordó: "Necesitamos atraer y retener talento investigador y competir con el resto de sistemas de investigación europeos en igualdad de condiciones". Unas palabras que pronunciaban antes de la polémica votación del nuevo texto laboral.