La última gran batalla por el ladrillo se libra en el paraíso de los atunes
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SE ACELERAN NUEVOS PROYECTOS

La última gran batalla por el ladrillo se libra en el paraíso de los atunes

Una urbanización de lujo, golf, hotel y centro comercial entre Atlanterra y Tarifa pone en pie a los ecologistas mientras políticos y vecinos celebran la gran oportunidad económica

Foto: Una excavadora retira arena de la duna de Valdevaqueros. (EFE)
Una excavadora retira arena de la duna de Valdevaqueros. (EFE)

La última batalla por el ladrillo se libra en el paraíso de los atunes. El proyecto urbanístico Atlanterra Golf vuelve a la primera línea con mucho ruido, entre la estupefacción del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), en manos del PSOE, y la Junta de Compensación, propietaria de los suelos, y el grito airado de las asociaciones ecologistas, que irán a los tribunales. Los primeros, gestores y promotores, no salen de su asombro porque advierten de que “no hay nada nuevo” y aseguran que fue en 2008, hace 13 años, cuando se aprobó el plan parcial urbanístico que permite construir en esta bolsa de suelo.

Una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados frente al hotel Meliá Atlanterra, para un millar de viviendas, las mismas plazas hoteleras y un campo de golf. Los ecologistas y partidos como Adelante Andalucía o Más País alertan de un “suicidio ecológico” y de la “colmatación” del litoral gaditano en un modelo que consideran obsoleto y directamente “ilegal”, alimentado, dicen, por la Junta de Andalucía.

El detonante ha sido que el Gobierno andaluz, de PP y Cs, en su reunión del pasado miércoles, acordó incluir el proyecto Atlanterra Golf en la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico para Andalucía. Forma parte de las acciones de recuperación económica poscovid. Los promotores confirman que hace semanas que están en contacto con el Gobierno andaluz para que este proyecto, que defienden supondrá un revulsivo económico en una zona deprimida y castigada por el paro, tenga un ‘project manager’ y se agilicen todos los trámites burocráticos para que vea la luz.

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz (PSOE), advierte de que en este proyecto urbanístico “no hay nada nuevo” más allá de que la Junta, de la mano del ayuntamiento y del Consorcio de Aguas de Cádiz, se ha comprometido a agilizar las infraestructuras que hacen falta para solventar un problema que ya existe en la urbanización de Atlanterra: la falta de agua. Ese diseminado urbanístico, que el alcalde admite que quizás hoy no tendría mucho sentido tal y como fue concebido, existe desde los años noventa. En realidad, es más antiguo, fue construido por Franco en los setenta como centro de interés turístico nacional. La falta de agua es un problema que ya existe para los miles de viviendas, 2.500, en una zona de segundas residencias, habituadas los veranos a los cortes de suministro. “El principal fin de la entrada en la Unidad Aceleradora es dar solución definitiva a la carencia de infraestructuras de aguas de toda la zona, potenciándose una solución definitiva, no solo para toda Atlanterra, sino también para la cercana población de Zahara de los Atunes (Barbate)”, insisten desde la propiedad de los terrenos.

El alcalde asegura que el ayuntamiento se limita “a dar licencias conforme a actos reglados por la ley” y que en 2008 se aprobó y publicó, con un consistorio entonces del PP, la modificación del plan parcial de la zona, que recogió entonces ya algunas alegaciones de los ecologistas, y que daba vía libre al proyecto Atlanterra Golf. Ecologistas en Acción asegura que ya presentó entonces cientos de folios de objeciones que cayeron en saco roto y con las que acudirá a los tribunales para demostrar que el proyecto es “ilegal”. “Sinceramente, pensábamos que estaba ya enterrado, no tiene sentido”, añaden, recordando que la burbuja inmobiliaria estalló en 2008 y demostró que “no era una solución”. “Son las pocas zonas del litoral gaditano que quedaron libres del tsunami del ladrillo y la especulación urbanística de aquellos años”, se lamentan.

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Además de por la crisis económica, el proyecto lleva varado desde entonces por el problema del agua. El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana se ha comprometido a un trasvase del Guadalete a Barbate, otro de los temas que los ecologistas denunciarán en los tribunales. Desde la Junta de Compensación, entidad urbanística propietaria de los suelos, defienden que en ese Sector SA-1 el suelo residencial “ocupa solo 273.949 m²”, “con una densidad de 10 viviendas/hectárea incluyendo las parcelas hoteleras”. Alegan además que el proyecto “lleva una importante bolsa de equipamientos colindantes con la zona consolidada de Atlanterra, que mejorará los servicios de toda la zona”. “Se preservan 148.826 m² de zonas verdes, conservando gran parte de la vegetación autóctona”, agregan, insistiendo en que el proyecto no es nuevo y que “hay aproximadamente un 55% de la urbanización ejecutado y un 50% de las viviendas en pie”.

Ecologistas en Acción critica que “la Junta no vea más futuro para Andalucía que los campos de golf rodeados de urbanizaciones de lujo”. En la provincia de Cádiz, señala que se han incluido en esta Unidad Aceleradora tres macrourbanizaciones: El Següesal, en Barbate, Castellar Golf, en Castellar de la Frontera, y el Plan Parcial del Sector SA-1 Cabo de Plata, ahora rebautizado como Atlanterra Golf, en Tarifa. “Los tres adolecen de graves irregularidades legales”, alertan. “Es el desarrollo en el siglo XXI de la política urbanística del franquismo”, señalan desde la organización medioambiental.

Foto: Duna de Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz). (EFE)

Juan Clavero, portavoz de Ecologistas, no muestra dudas de que tumbarán esta urbanización en los tribunales igual que lograron frenar la construcción prevista junto a la duna de Valdevaqueros, también en Tarifa. El TSJA y luego el Supremo tumbaron el proyecto por carecer de evaluación ambiental estratégica, y fijaron en la sentencia que era preceptiva desde 2006. Es por lo mismo que aseguran que caerá el proyecto de Atlanterra Golf.

En contra de esta versión, los promotores aseguran que su planeamiento se aprobó en 2008 y que ese trámite es preceptivo desde 2015, cuando la Junta de Andalucía cambió la ley. Clavero insiste en que está acreditado que la norma estatal obligó a esa evaluación medioambiental desde 2006 y que la Junta optó eximir de ese trámite a los proyectos en Andalucía en 2007, “cuando Andalucía decidió convertirse en república independiente del ladrillo”. Entonces el Gobierno era socialista.

“El Supremo ha fallado que esa evaluación estratégica es obligatoria desde que el Estado la aprobó. Hay muchos precedentes. Tumbó el Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella, el de Jaén capital, Chiclana, El Puerto y el proyecto de Valdevaqueros”, alega el portavoz de Ecologistas para defender que ocurrirá igual en Atlanterra. Tras los varapalos judiciales, el Gobierno andaluz, en 2015, cambió la ley. Los promotores aseguran que no están obligados a pasar esa evaluación estratégica con carácter retroactivo, pero los ecologistas están seguros de que el proyecto es “ilegal” por este motivo.

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Desde las asociaciones en contra del proyecto, aseguran que no es solo Atlanterra y que Tarifa prevé “hasta cinco urbanizaciones en el litoral que suponen un crecimiento urbanístico del 170%, cuando el decreto de protección del litoral de 2012 no permite más allá del 40%”. Ecologistas denunció este sábado en un acto en la localidad tarifeña la vuelta al modelo del ladrillazo y que Tarifa se rija por un planeamiento urbanístico que, denuncian, es “una trampa”, no está adaptado al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), de 2006, y permite un urbanismo de los años noventa.

La nueva urbanización Atlanterra Golf se encuentra colindante con el Parque Natural del Estrecho y Reserva de la Biosfera, junto a Sierra Plata, alertan los ecologistas. Están convencidos de que traer agua desde Los Hurones, en la sierra de Grazalema, es “otra locura”, señala Clavero. “La ley de trasvase del Guadiaro al Guadalete, que trasladó agua desde Málaga a Cádiz, restringió que fuera para uso exclusivo de 15 municipios y no para regar campos de golf. El último en la costa es Conil y el trasvase sería ilegal hasta Tarifa o Barbate”, señalan desde la organización. “Si hay que ir a los tribunales, iremos también”. La guerra del ladrillo vuelve a estar más viva que nunca en Andalucía.

La última batalla por el ladrillo se libra en el paraíso de los atunes. El proyecto urbanístico Atlanterra Golf vuelve a la primera línea con mucho ruido, entre la estupefacción del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), en manos del PSOE, y la Junta de Compensación, propietaria de los suelos, y el grito airado de las asociaciones ecologistas, que irán a los tribunales. Los primeros, gestores y promotores, no salen de su asombro porque advierten de que “no hay nada nuevo” y aseguran que fue en 2008, hace 13 años, cuando se aprobó el plan parcial urbanístico que permite construir en esta bolsa de suelo.

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