Gibraltar vota si suprime la pena de cadena perpetua para las mujeres que aborten

Hoy, jueves 24 de junio, en pleno siglo XXI, por increíble que pueda parecer, Gibraltar ha convocado a las urnas a sus ciudadanos para decidir si derogan la ley que condena a cadena perpetua a las mujeres que interrumpen su embarazo y a los médicos que las ayuden. Un cambio normativo que impulsa el Gobierno de Fabian Picardo, que apoya parte de la oposición, pero que cuenta con la oposición, entre otros, del obispo de la colonia, Carmel Zammit, y de un activo movimiento provida.

Si en los 60 y 70 eran las españolas las que viajaban a Londres para abortar, desde que los distintos ejecutivos de PSOE y PP cambiaron la legislación a este respecto han sido muchas las gibraltareñas que viajaban a La Línea de la Concepción o Algeciras para someterse a esta intervención, según explicaron fuentes consultadas por El Confidencial, que esperan que la colonia deje de tener una de las leyes provida más duras de Europa.

Esta norma se incluye dentro de Delitos contra las Personas y advierte que el ciudadano que la viole “está sujeto a pena de prisión por vida”. En este escenario sitúa, tanto a la mujer que pretende interrumpir su embarazo como a la persona que lo facilite administrándole fármacos o empleando cualquier instrumental, en clara referencia a los profesionales sanitarios.

La colonia británica tiene una de las leyes provida más duras de Europa

La condena será de un máximo de cinco años de cárcel para quien proporcione “veneno, sustancias nocivas o instrumentos” a otra persona “con la intención de que se utilice o emplee ilegalmente para procurar el aborto espontáneo de una mujer”.

“No se comete delito cuando el acto que ocasiona la muerte del niño se realiza de buena fe y con el único fin de preservar la vida de la madre”, recoge la ley sobre el único supuesto en el que se despenaliza la interrupción de la gestación.

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EFE

Joseph García, del Partido Liberal, y Marlene Hassan-Nahon, de Together Gibraltar, se han unido a Picardo, líder del GSLP, para apoyar una ampliación de supuestos que se incluyó en la Ley de Crímenes de 2019 aprobada por el Parlamento y cuya aplicación estaba paralizada. “En este referéndum se pregunta si esa norma debería entrar en vigor o no”, explicaron fuentes del Gobierno gibraltareño, que detallaron que el censo lo componen 23.343 personas mayores de 16 años.

Nuevos supuestos

La nueva legislación aún se sitúa lejos de las que han impulsado otros países de la Unión Europea, España, sin ir más lejos, pero supone una evolución. Esta exige la tutela y el criterio de dos médicos del sistema sanitario, que para apoyar la interrupción deberán confirmar que se produzca uno de estos cuatro supuestos: el embarazo “no supera las 12 semanas”, el aborto “es necesario para evitar lesiones graves y permanentes en la salud física o mental de la embarazada”, proseguir con la gestación pone en riesgo la vida de la madre y “existe un riesgo sustancial” de que se haya producido una “muerte fetal”. Los últimos tres casos no cuentan con limitación temporal: se podrán aplicar si los facultativos así lo estiman, tanto al principio como al final del embarazo.

El texto legislativo reconoce con limitaciones la objeción de conciencia entre el personal sanitario al recordarles que “una persona que tiene el deber de actuar no puede negarse a salvar vidas”, en referencia a las situaciones en las que la salud de la mujer corra peligro.

En la colonia nunca se ha impuesto la pena de cadena perpetua por abortar, como recuerdan fuentes del Ejecutivo gibraltareño, pero no es menos cierto que ha sido así, en buena parte, porque muchas de sus ciudadanas optaban por desplazarse a España para hacerlo. Lejos de una comunidad reducida en la que todos se conocen y que cuenta con un fuerte colectivo antiabortista.

Opositores al proyecto

El Movimiento Pro-Vida de Gibraltar —Gibraltar Pro-Life Movement— es sin duda uno de los más activos. Sus redes sociales han sido un hervidero en los últimos días, con numerosas publicaciones en las que animaban a la gente a votar no y la difusión de vídeos e intervenciones en medios de sus rostros más visibles.

En una de sus últimas comunicaciones decía: “Nuestra decisión de hoy determinará si Gibraltar legaliza el aborto a lo largo de los meses completos de embarazo o si continuamos protegiendo el derecho a la vida de los no nacidos. La decisión es tan dura. ¡Por favor, vota ‘No’ hoy y anima a tres amigos a hacer lo mismo! Vamos a mantener el latido del corazón de Gibraltar”.

En su ‘bando’ tienen un fuerte aliado: Carmel Zammit, el obispo católico de la colonia, quien hizo pública una pastoral en la que se mostraba partidario de mantener la actual legislación y en la que justificaba su postura afirmando que en la Constitución de Gibraltar se defiende “enfáticamente el derecho a la vida”.

Frente a ellos, los citados políticos, y los componentes del ¡Gibraltar por el Sí! —Gibraltar for Yes!—, un movimiento ciudadano que también se ha volcado en las redes para que se actualice la normativa sobre la interrupción de embarazo.

Una de las cuestiones que recuerdan a los ciudadanos que este jueves tienen la opción de votar es que “las mujeres gibraltareñas siempre han abortado, pero no en Gibraltar. Esto no terminará votando no. Solo brindará una falsa seguridad a aquellos que están en contra del aborto, una percepción de moralidad colectiva”.

Sea cual sea el resultado, habrá un buen número de ciudadanos descontentos

El debate ha sido encarnizado y ha dividido más a la colonia que el surgido del Brexit, por eso se presupone que, sea cual sea el referéndum, habrá un número elevado de ciudadanos descontentos.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Gibraltar, a las 21:30 había votado el 52,18% —12.180 personas— y la previsión era que el resultado definitivo se conociese recién comenzada la madrugada de este viernes. No obstante, señalaron que dependerá del ritmo de votación.