Abengoa mantiene la fe en su resurrección

El Jueves Santo expiró el plazo que los proveedores de Abenewco 1 (la nueva filial operativa del Grupo Abengoa) le habían dado para firmar la refinanciación de la empresa, que mantiene una deuda comercial vencida de 323 millones de euros. Sin embargo, una vez más al límite del tiempo, la dirección los ha convencido para que acepten un acuerdo que evite uno de los peores escenarios: la insolvencia de esta filial en la que la compañía tiene puestas todas, o buena parte, de sus esperanzas de resurrección.

La multinacional sevillana de ingeniería y energías vive en un laberinto desde hace cinco años, que se ha agudizado este invierno después de que el anterior presidente de la firma, Gonzalo Urquijo, no consiguiera sacar adelante el Plan Vellocino, pactado en agosto, que incluía importantes ayudas del Gobierno –230 millones en avales del ICO y 300 millones de CESCE– y acuerdos con acreedores y proveedores.

La deuda global del grupo Abengoa supera los 6.000 millones de euros, lo que supone un enorme lastre para una empresa que, sin embargo, todas las partes consideran que tiene un futuro viable y en progresión por el sector al que se dedica y por sus conocimientos tras 80 años de historia –nació en 1941–. La compañía está presente en 17 países y cuenta en estos momentos con 14.000 empleados en todo el mundo, de los que más de 2.500 trabajan en España –el 80% en Andalucía, incluidos los 1.100 en su sede central de Palmas Altas (Sevilla)–.

La deuda global del grupo Abengoa supera los 6.000 millones de euros, lo que supone un enorme lastre para la empresa

Sin embargo, el plan Urquijo, que se dio por muerto en enero, falló en dos puntos principales. Por un lado, no fue capaz de convencer a la Junta de Andalucía de que firmara un aval por 20 millones de euros. El Ejecutivo de Juanma Moreno asegura que no tiene “instrumentos legales” para hacerlo si bien la realidad es que tampoco los ha querido crear en todos estos meses porque PP y Cs, actualmente en San Telmo, han criticado durante años al Gobierno socialista por “enterrar millones” en empresas en crisis. Ambos partidos son ahora rehenes de sus palabras.

Pero el mayor escollo al que se ha enfrentado el plan de refinanciación es la rebelión de los pequeños accionistas. Toda la operación pasaba por una compleja ingeniería societaria para traspasar los activos y gestión desde Abengoa a una filial operativa –Abenewco 1–, dejando morir a la matriz del grupo pero salvando su actividad principal y sus recursos para volver a revivir.

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Esto garantizaba su futuro pero a costa de los accionistas de Abengoa, que veían diluirse su participación desde un 77% a un 2,7% en Abenewco 1. Varios miles de pequeños inversores particulares se organizaron a través de internet para rechazar ese plan y lo canalizaron a través de la plataforma AbengoaShares.

Este grupo consiguió reunir más de un 15% del accionariado y forzó una junta extraordinaria de accionistas para cesar a Gonzalo Urquijo y su equipo. Además, contrató al exvicepresidente mundial de Coca Cola y exdiputado de Cs, Marcos de Quinto, para sustituirle; si bien el directivo, tras su mediación inicial, decidió apartarse y consideró que el Plan Vellocino era el adecuado para salvar Abengoa.

No fue el único que opinó así. Los consejeros propuestos por De Quinto –incluida su cuñada, Margarida de la Riva– en representación de AbengoaShares también cambiaron de opinión una vez que conocieron internamente la situación de la empresa. Esta nueva dirección, presidida ahora por Juan Pablo López-Bravo, llegó a remitir el 24 de diciembre una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explicando su posición a favor del Plan Vellocino como “la mejor y única solución para el grupo”.

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Esto fue considerado como una “traición” por la plataforma de pequeños accionistas, que acusó al nuevo consejo de administración de haberles vendido ante los acreedores –encabezados por Banco Santander y el fondo KKR–, que dirigen la hoja de ruta de la compañía sevillana desde las anteriores reestructuraciones.

Por ello, volvieron a forzar la convocatoria de una nueva junta extraordinaria de accionistas a principios de marzo para sustituir de nuevo al consejo e impedir que el antiguo plan Urquijo saliera adelante. En esta ocasión, la persona elegida para abanderar esta plataforma fue Clemente Fernández, expresidente de la empresa Amper.

Sin embargo, el 22 de febrero, apenas unos días antes de la celebración de la junta, y cuando ya se habían emitido los votos telemáticos, Abengoa se declaró en concurso de acreedores, justificando su decisión en que la Banca, el ICO y los acreedores no aceptaban más prórrogas para la firma del acuerdo de refinanciación, que debía haberse cerrado antes del 31 de diciembre.

Ese movimiento ha impedido a los representantes de AbengoaShares hacerse con la dirección de la empresa, ya que el Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla anuló la convocatoria de la junta hasta nombrar un administrador concursal. El magistrado Miguel Ángel Navarro daba conocimiento a la CNMV para que propusiera un candidato, al ser una empresa cotizada en el Ibex 35 –aunque está suspendida desde el mes de julio–.

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La CNMV recibió una cifra récord de 45 propuestas para el mayor concurso de acreedores que se ha vivido en España desde el de la constructora Martín-Fadesa, si bien finalmente se lo ha adjudicado esta semana a la multinacional Ernst & Young (EY), que conoce el terreno porque ha sido administrador concursal de varias filiales de Abengoa, un grupo que ha llegado a contar con 325 sociedades.

En cualquier caso, todo hace indicar que, por las dimensiones de este concurso, podría nombrarse una terna de administradores, incluido un representante de la Agencia Tributaria, a la que el magistrado le ha hecho el ofrecimiento, y otro administrador auxiliar.

Una vez nombrados estos responsables, el juez tendrá que decidir si sigue adelante con la junta extraordinaria de accionistas aplazada y en qué condiciones –si admite los votos ya emitidos u obliga a su repetición–.

Miradas a la Moncloa

La situación de Abengoa pasa en estos momentos por ese juzgado mercantil, pero también por el Palacio de la Moncloa. Allí, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la Comisión Delegada de Asuntos Económicos son perfectamente conocedores de la situación de la compañía sevillana, que ha pedido nuevas ayudas adicionales a las que acordó en agosto con la Administración central.

Así, la actual dirección de la empresa mantiene su intención de separar la matriz de la filial operativa Abenewco 1. Esta última ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ayudas por 249 millones de euros –máximo sin que la UE tenga que dar su visto bueno–, que se sumarían a los créditos ICO (230 millones) y avales de CESCE (300 millones).

Esa petición se realiza tras anunciar a la CNMV el acuerdo con un fondo norteamericano, TerraMar Capital, para invertir 200 millones de euros –50 millones en capital y 150 en préstamos– a cambio de hacerse con el 70% de Abenewco 1, mientras que el 30% restante se iría a manos de los actuales acreedores, entre ellos Banco Santander, CaixaBank-Bankia, KKR, Blue Montain y Melqart.

En concreto, el préstamo de 150 millones de euros se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 millones de euros que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo y 115 millones de euros adicionales, y estaría sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes no especificadas, pero que pasan por la aprobación previa del Gobierno de esas ayudas.

La ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, ha nombrado esta semana a la nueva directora de la SEPI, la granadina Belén Gualda, hasta ahora presidenta de la empresa pública de astilleros Navantia, que deberá decidir sobre esos 249 millones solicitados por Abenewco 1 para poder cerrar su operación con TerraMar. El plazo estándar para la decisión puede alargarse hasta seis meses, pero Abengoa ha presentado trámite de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, por lo que podría estar resuelta en junio.

Según ha podido saber El Confidencial, los equipos ya están conformados y trabajando. Además, las partes confían en avanzar a cierta velocidad, pues los técnicos del Gobierno ya avalaron en agosto la “elegibilidad de la empresa” para acogerse a sus ayudas. Ahora, desde SEPI podrán acogerse a esos informes y profundizar en algunas cuestiones como los criterios de viabilidad y analizar el plan de negocio para concluir que la compañía tiene potencial para seguir y devolver las ayudas.

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Por su parte, la plataforma AbengoaShares se muestra contraria a esta operación que considera "una tomadura de pelo" y ha advertido al Gobierno de que el fondo norteamericano fue constituido en 2016 con un capital de 10.000 euros y de que en este tiempo ha realizado tres operaciones por 25 millones de euros en sectores que nada tienen que ver con Abengoa.

Clemente Fernández pide al Gobierno que no avale con sus ayudas de "hasta 749 millones de dinero público" para que Abengoa quede en manos de un “fondo buitre” cuya intención en despiezar la compañía.

Nuevas movilizaciones

Por su parte, los trabajadores han anunciado una nueva movilización para el próximo 8 de abril ante el Parlamento de Andalucía para reclamar el mantenimiento del empleo. Así, esta será la cuarta concentración del colectivo en Sevilla tras las dos que mantuvieron en la sede de Palmas Altas y una manifestación por el centro de la ciudad.

Los trabajadores de Abengoa han reclamado a la compañía la documentación relativa al empleo que figura en su plan de reestructuración presentado tanto a la SEPI como a la CNMV. Han reprochado que "se deje fuera del plan de viabilidad al trabajador actual". El colectivo también ha solicitado una reunión con la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, para pedir que el plan de Abengoa incluya el compromiso con el mantenimiento del empleo actual.

Por último, han vuelto a exigir a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien afirmó que los atendería y que podían estar tranquilos porque se estaba buscando una solución para Abengoa, que agilice la reunión con los trabajadores, que son “el principal activo de la compañía y debemos estar dentro del acuerdo financiero y de reestructuración presentado dentro del plan de viabilidad por la compañía a la SEPI”.

Por su parte, la representación de la empresa les ha ofrecido información que indica un crecimiento del empleo del 25 por ciento aproximadamente desde 2022 a 2023.