El Parlamento andaluz acelera la reforma del reglamento: ¿es por política o por dinero?

“Asombroso”. Es el calificativo que se descolgó de la boca de un exdiputado andaluz que ocupó importantes responsabilidades en la Cámara autonómica. Es lo que causa la reforma exprés del Reglamento del Parlamento: asombro. Una reforma pensada a la medida de la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines, que calca los aspectos más polémicos del Pacto Antitransfuguismo sellado en Madrid y que da más poder a los aparatos de los partidos, que podrán decidir unilateralmente expulsar al discrepante o a quien consideren un traidor.

Pero no solo eso, esa reforma garantiza las asignaciones económicas aprobadas para los grupos parlamentarios con fondos públicos, sin que pierdan dinero por las bajas de diputados tránsfugas, como hasta ahora. En juego está un pastizal para IU y Podemos, que se quedan en Adelante Andalucía. Ahora mismo cobran 1,7 millones de euros por 17 diputados. Con ocho, según el actual Reglamento, su asignación se reduciría más de la mitad. Con la reforma en marcha se quedarían con 1,7 millones, pero a repartir entre ocho diputados menos. Los números son claros.

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Según pudo saber este periódico, la Mesa de este miércoles aprobó además las nuevas asignaciones económicas a los grupos y conforme al actual Reglamento Adelante Andalucía cae de forma importante en recursos. Desde el Parlamento aseguran que se publicará en el boletín oficial en los próximos días y se reservan la cantidad. Según el cálculo estimado de este periódico pasarían de 1,7 millones anuales a unos 780.000 euros. En cuanto se apruebe el nuevo Reglamento, recuperarían todo el dinero.

Los partidos del Parlamento, a iniciativa de Izquierda Unida, han metido en el orden del día esa proposición de ley de reforma del Reglamento a pesar de que despierta dudas de inconstitucionalidad y de que la Mesa había decidido pedir un informe a los letrados de la Cámara para que el texto no genere inseguridad. Se verá en el pleno de la próxima semana después de que Vox impidiera que saliera adelante por lectura única.

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Primero, este miércoles, se decidió pedir esa opinión a los servicios jurídicos. Poco después, la Junta de Portavoces coló esa proposición en el orden del día del pleno de la semana próxima. Alegan que el informe no es preceptivo, que se limitará a dar consejo y que no tiene por qué tenerse en cuenta. La pregunta es clara: ¿a qué vienen tantas prisas?

Blindarse ante el TC

Hay dos argumentos que repiten todas las fuentes consultadas para explicar que esto se haga a las bravas y con tanto apremio. Uno es que el Parlamento quiere blindarse ante el recurso elevado al Tribunal Constitucional por Teresa Rodríguez y sus afines, que están convencidos de que su expulsión del grupo Adelante Andalucía es inconstitucional. Esa expulsión se hizo, el pasado octubre, tras muchas dudas y pasos atrás y adelante, conforme a la letra del Pacto Antitransfuguismo que en paralelo a lo que ocurría en Andalucía se sellaba en Madrid. La reforma del Reglamento traspone en la Cámara ese pacto político y le da rango de ley. Eso podría inclinar la balanza a favor del Parlamento, cuyos letrados entonces ya trataron de frenar las expulsiones y advirtieron de que había serias dudas sobre el procedimiento.

Sin embargo, varios juristas consultados por este periódico explican que esa decisión del Constitucional no se verá afectada por que el Reglamento se reforme con más o menos prisas. El Alto Tribunal, inciden, deberá decidir según la norma que estuviera en vigor en el momento en que IU y Podemos se quitaron de encima a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados.

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En este sentido, lo que explicaría con más acierto las prisas asombrosas de esta reforma exprés es el dinero. Más cuando este periódico ha constatado que se han aprobado las nuevas asignaciones. El pasado 5 de febrero de 2020, el Parlamento andaluz aprobó las asignaciones para los grupos parlamentarios en este ejercicio. Son cantidades que cubren “gastos de funcionamiento”, al margen de las nóminas de los diputados o de las subvenciones electorales. Un total de 10,6 millones de euros que se reparten entre los grupos en función de su número de diputados. El PSOE (33 diputados) cobra 3,2 millones de euros; PP (26) 2,5 millones; Cs (21) dos millones; Adelante Andalucía (17) 1,66 millones, y Vox (11) un millón.

En el caso de Vox, este acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Cámara, ya explica que se ha visto reducida su cantidad a percibir por la baja de una de sus 12 diputados. En concreto Luz Belinda Rodríguez, que se dio de baja en el grupo tras denunciar “acoso y discriminación” y que pasó a ser no adscrita. Esto ocurrió el 20 de enero y el 5 de febrero, de 2020, ya estaba ajustada la cantidad.