QUERELLA CONTRA EL DIPUTADO

La Fiscalía denuncia que los 2,5 millones fueron a una cuenta del exdiputado de Vox

Serrano se concertó con su socio en Biowood Niebla SL y falseó ante notario la escritura pública de la sociedad “con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas”

Foto: El juez en excedencia Francisco Serrano. (EFE)
El juez en excedencia Francisco Serrano. (EFE)

La querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra Francisco Serrano y su socio, Enrique Pelegrín, por un presunto fraude de ayudas públicas denuncia que fue el exdiputado de Vox en el Parlamento andaluz, ahora no adscrito tras dejar el partido por este escándalo, quien recibió los 2,5 millones de euros del Ministerio de Industria en una cuenta bancaria a su nombre. Desde ahí, en diferentes movimientos y operaciones, el dinero se repartió en otras cuentas a nombre de la empresa Bio Wood Niebla SL, tras cancelarse la que tenía a su nombre el juez en excedencia. La empresa nunca llegó a poner en marcha el proyecto por el que había recibido esa subvención y Hacienda reclamó el dinero, del que se ha perdido el rastro.

La Fiscalía “considera indiciariamente acreditado” que en 2016 los dos socios querellados “se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas”. El ministerio público asegura que se actuó “con finalidad defraudatoria”, empezando por que ambos socios constituyeron ante un notario en Sevilla la sociedad Biowood Niebla SL “haciendo constar en la escritura pública de constitución aportaciones no dinerarias inexistentes”. Aseguraron que la empresa cuenta con un patrimonio que incluye un secadero con caldera de biomasa y tres máquinas granuladoras.

Ese patrimonio nunca existió, pero fue clave para que el Ministerio de Industria, a través del programa Reindus, les concediera un préstamo de 2,48 millones de euros. El dinero fue traspasado a una cuenta bancaria a nombre de Serrano y posteriormente los fondos se desviaron a otras cuentas a nombre de la sociedad constituida.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, de ese montante público está reconocido que 438.000 euros se dedicaron a “diversas operaciones” como “préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios” sin que ninguna de ellas estuviera relacionada con la finalidad con la que el préstamo fue concedido.

Dos posibles delitos

La Fiscalía apunta a dos posibles delitos. Un delito de fraude de ayudas públicas por haber “falseado las condiciones requeridas”, es decir, por “obtención fraudulenta” de una subvención. El otro sería destinar ese dinero “a fines distintos de los fondos obtenidos”.

“La empresa Bio Wood Niebla no llegó a ser constituida, habiéndose apropiado en su beneficio los querellados [Serrano y Pelegrín] del importe total del préstamo recibido”, señala la Fiscalía.

Serrano, que fue candidato de Vox en Andalucía en 2015 y 2018 y que fue una de las voces más potentes del partido en su discurso contra el feminismo y “los 'lobbies' de género”, compareció voluntariamente ante la Fiscalía Provincial de Sevilla el pasado 2 de junio.

Días después, trascendió la querella de la Fiscalía tras haberse remitido el caso, por su condición de aforado, al TSJA. Serrano, que como el resto de candidatos de Vox había firmado con su partido un documento en el que se comprometía a entregar su acta de diputado en caso de causar baja en el partido, incumplió el código que había firmado, se despidió de la formación de extrema derecha y se convirtió en diputado no adscrito. Fue una maniobra, según fuentes de la que fue su formación, para garantizarse su aforamiento.

La gran incógnita es saber adónde fue a parar ese dinero concedido por el Ministerio de Industria y que nunca se destinó a esa fábrica de pellet que supuestamente iban a montar Serrano y su socio. La firma electrónica que se empleó para solicitar la subvención del programa Reindus fue la de Francisco Serrano.

Las penas para los delitos de los que acusa el ministerio público a los dos querellados suponen pena de cárcel de uno a cinco años y multa del séxtuplo del importe recibido.

Andalucía

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