La directora de los forenses de Melilla embalsamó cadáveres sin permiso oficial

La directora interina del Instituto de Medicina Legal (IML) de Melilla, Raquel Carbajo Ramos, ha embalsamado cadáveres sin el permiso oficial del Ministerio de Justicia. Carbajo Ramos, con número de colegiada 525200827, firmó el acta de embalsamamiento de un hombre que murió ahogado en aguas próximas a Melilla el 5 de noviembre de 2018 y del que había hecho también la autopsia, una práctica expresamente prohibida para un forense.

En esta acta, que obra en poder de El Confidencial, aparece en tres ocasiones (en una de ellas incluida su firma) el número de colegiada de Carbajo Ramos y se explica el método del embalsamamiento con la técnica del cateterismo vascular. El cadáver se trasladó a Bamako (Mali). El embalsamamiento se produjo el 13 de diciembre de 2018.

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No hubo carácter de urgencia en el embalsamamiento ya que había pasado más de un mes de la autopsia, practicada el 6 de noviembre. La Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública consideró que se trataba de una intervención tanatológica realizada "de manera excepcional y altruista… ante la urgencia de la situación y la existencia de razones humanitarias y por supuesto sin ánimo de lucro".

Interina desde 2016

Según una denuncia presentada ante la Fiscalía de Melilla a la que ha tenido acceso este periódico, la responsable del IML de la ciudad autónoma ha realizado prácticas tanatológicas desde 2014 a 2018. "Al margen de su puesto de trabajo como directora del Instituto de Medicina Legal de Melilla, no puede desempeñar alguna otra actividad, profesión o cargo, público o privado, y en su caso, sin haber solicitado la autorización de la compatibilidad al órgano competente para emitirla", explica el documento.

El Instituto de Medicina Legal de Melilla pertenece a territorio nacional y está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. El documento que ya tramita la Fiscalía especifica que Carbajo Ramos, directora del IML de Melilla desde 2016, fecha de la creación de este instituto, está sujeta al régimen de incompatibilidades. Así lo establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal de servicio de las administraciones públicas.

Este periódico ha comprobado con varias fuentes que Carbajo sí llegó a cobrar por esta práctica, pero habría reembolsado el dinero y dejó de hacer embalsamamientos ante la presentación de una denuncia ante el Ministerio Fiscal. "Aunque hubiera devuelto todo lo que cobró con los embalsamamientos, el hecho es irregular, sin permiso oficial y sobre todo al tratarse de una actuación en el mismo cadáver (como funcionario público) y luego embalsamándolo (como actividad privada)", subrayan expertos forenses consultados por este periódico.

"Me reservo lo que tenga que declarar para el Ministerio Fiscal con el fin de no interferir en las investigaciones que se estén llevando a cabo"

Esta actividad, fuera de compatibilidad, figura en la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal y también por registro el 11 de junio de 2019 con destino la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Distintas fuentes consultadas por El Confidencial han confirmado que la directora interina del IML de la ciudad autónoma realizó embalsamamientos en Melilla en febrero de 2014, octubre de 2015 y mayo de 2016.

Sanidad Exterior

Carbajo Ramos se limitó a expresar, tras preguntas de El Confidencial sobre sus actas firmadas, los embalsamamientos y la denuncia ante la Fiscalía que se reservaba "lo que tenga que declarar para el Ministerio Fiscal con el fin de no interferir en las investigaciones que se estén llevando a cabo al respecto por parte de esa institución".

Todas las actas de estos embalsamamientos se encuentran en el Registro del Departamento de Sanidad Exterior de Melilla, organismo encargado de asegurar "el cumplimiento de los requisitos sanitarios en el traslado internacional de cadáveres, exigibles tanto para la entrada como para la salida de España".

Aviso de actualización: La Fiscalía de Melilla en escrito fechado el 11 de febrero de 2020 y al que ha tenido acceso El Confidencial, a pesar de admitir irregularidades concluyó que los hechos "no son constitutivos de ningún ilícito penal".