El jefe de los forenses de Málaga lleva años embalsamando cadáveres sin permiso oficial

El médico forense Sebastián Díaz Ruiz, director en funciones del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga desde el pasado mes de abril, se ha lucrado embalsamando cadáveres de modo privado en la funeraria Francisco Camero SL de Benalmádena. Lo ha hecho sin permiso oficial de la Junta de Andalucía, como él mismo ha reconocido a la Consejería de Justicia tras las preguntas de El Confidencial. "No nos consta que se le haya concedido la compatibilidad", admitieron a este diario fuentes oficiales de la Administración autonómica.

Como ha comprobado El Confidencial, Díaz realizó la autopsia de un fallecido y su embalsamamiento, una práctica no permitida según la Ley de Incompatibilidades 53/1984 del personal de servicio de las administraciones públicas. El Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprobó el reglamento orgánico del cuerpo médico de forenses, detalla en el punto D del artículo 50, que analiza las incompatibilidades, que la intervención como particular del forense será “incompatible” en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.

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David Fernández

En las diligencias previas 318/16 del juzgado número 1 de Torremolinos, a las que ha tenido acceso El Confidencial, consta que el jefe de los forenses de la provincia de Málaga fue quien el 30 de marzo de 2016 practicó la autopsia, como colegiado 292906952, de un joven irlandés, de 21 años, que murió ahogado en una piscina de unos apartamentos situados en la calle Jaén de Torremolinos, según fuentes policiales consultadas.

El 1 de abril de 2016, como médico tanatólogo, procedió al embalsamamiento del cadáver. Esta práctica sería al menos irregular, al haber incurrido en incompatibilidades consideradas como “falta grave o muy grave” para los funcionarios, como consta en el Real Decreto 796/2005, de 1 de julio.

El precedente del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ya dictó sentencia el 12 de junio de 2001 contra una enfermera que ejercía en la sanidad pública y en la sanidad privada a la que no se le reconoció su compatibilidad (artículo 11.8 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril). En su caso, su actividad profesional privada se ejercía “respecto de personas a quienes se está obligado a atender en el puesto público o que han sido atendidas en el curso del mismo proceso patológico en el hospital en que se desempeña la actividad pública”.

Este caso sería similar al de Díaz Ruiz, según fuentes consultadas por El Confidencial de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, que calificaron como “irregular” la actuación del director del IML de Málaga. En su perfil de LinkedIn, figura que ha realizado “más de 1.000 autopsias”. La provincia de Málaga es líder en Andalucía en estas disecciones de cadáveres por la alta concentración de residentes extranjeros que mueren en circunstancias violentas.

Ha embalsamado cadáveres al menos durante varios años, como consta en los documentos que posee este periódico

El acuerdo internacional de Berlín (1937) hace preceptivo el embalsamamiento para atravesar fronteras (ratificado por España), y el Acuerdo de Estrasburgo establece un documento único (salvoconducto) que debe llevar todo cadáver e incluye la obligatoriedad del embalsamamiento. Desde la creación en 2003 de los institutos de Medicina Legal en Andalucía, se incide en su reglamento la prohibición a los médicos forenses de las prácticas tanatológicas en las instalaciones de los IML.

Este diario también ha podido comprobar de otras fuentes próximas a la investigación policial que Díaz Ruiz ha actuado como médico tanatológico embalsamando cadáveres al menos durante varios años, como consta en los documentos que posee este periódico. El forense expresó a este periódico que tenía concedida la compatibilidad para ser funcionario del Instituto de Medicina Legal y embalsamar cadáveres. “No lo sé desde cuándo la tengo… Desde hace 15 años, pero no recuerdo la fecha”, dijo de modo impreciso Díaz Ruiz, tras negarse a enviar a este diario la prueba de la compatibilidad. “No tengo que enseñársela”, indicó. Este diario le pidió concreción en el mes y año de la compatibilidad y no la ofreció.

Desestimado el silencio administrativo

Cuando se le preguntó sobre cómo pudo hacer la autopsia y el embalsamamiento de un mismo cadáver, ofreciendo este diario datos exactos del nombre del fallecido, nacionalidad y nombre de la funeraria, se calló. El forense no quiso seguir hablando con El Confidencial a pesar de las reiteradas cuestiones planteadas sobre su trabajo y ‘modus operandi’.

Solo cuando la Consejería de Justicia requirió información a Díaz Ruiz sobre este asunto, a instancias de El Confidencial, contestó que solicitó la compatibilidad "hace 14 o 15 años a la delegación de Málaga, sin obtener respuesta alguna. "Pasado un tiempo por silencio administrativo, entendió que la respuesta era positiva", señalaron fuentes oficiales de la Junta de Andalucía tras descartar conocimiento de cualquier denuncia de irregularidades sobre Díaz Ruiz. "No se ha reclamado ningún tipo de responsabilidad porque no se ha recibido nada al respecto".

Pidió la compatibilidad "hace 15 años, sin obtener respuesta. Por silencio administrativo, entendió que era positiva". La norma indica justo lo contrario

La guía informativa sobre incompatibilidades de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía detalla con claridad que las solicitudes de compatibilidad "podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo si, transcurrido el plazo máximo establecido, no se hubiera dictado y notificado la resolución".

En el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, no figura la petición de compatibilidad de este médico forense para poder compaginar su actividad como funcionario del Estado, con competencias derivadas a la Junta de Andalucía, y el embalsamamiento de cadáveres. En el portal figuran las resoluciones de compatibilidad desde 2014, fecha de la entrada en vigor de la ley de transparencia andaluza. Anteriormente a este año no hay constancia digital de acceso público.

Díaz fue nombrado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, controlada por Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. El sindicato CSIF ha denunciado el incumplimiento del principio de publicidad en el nombramiento. La Administración autonómica resalta que el nombramiento es en calidad de comisión de servicios, pero ni siquiera el documento de su puesto ha sido difundido en el portal Adriano de la Junta, donde se recogen todos los nombramientos de las comisiones de servicio de la secretaría general de Justicia de la Junta.

El 17 de mayo se publicó en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) la convocatoria para la provisión de este puesto de trabajo de libre designación. Fuentes del sindicato CSIF han señalado que en la consejería tienen claro que la plaza se adjudicará al actual director en funciones del IML. “Quien haya pensado presentarse sabe que el puesto será para Sebastián. Tiene el apoyo político. Eso es lo importante, a pesar de las irregularidades denunciadas. Se están dando toda la prisa posible para que su nombramiento salga publicado en el BOJA”.

Ejerce como profesor universitario en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, pero no ha pedido la compatibilidad, según la Ley de Transparencia

El director en funciones del Instituto de Medicina Legal de Málaga también ejerce como profesor universitario de la asignatura Toxicología Forense del Grado de Criminología en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, como figura en la web de la universidad y en la guía docente de la asignatura consultada por este diario del curso académico 2018/2019.

Un funcionario con otra actividad diferente a la de su cargo solo puede optar a una plaza de profesor asociado en el ámbito docente. Díaz Ruiz no ha solicitado la compatibilidad para ejercer la docencia, al menos en este curso, según la información del portal de transparencia de la Junta de Andalucía. El forense también figura, como indica en su propio perfil de LinkedIn, como docente del Sindicato Unificado de Policía y profesor de la Academia General de la Guardia Civil. En esta propia red ha ocultado su docencia en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla.

Díaz Ruiz tenía que haber solicitado esta compatibilidad si quería ejercer en este centro universitario. No le valdría, en el caso de que su compatibilidad estuviera solicitada, esa autorización. Para ejercer la docencia tenía que haber procedido a una nueva solicitud.

Sobre este asunto tampoco quiso responder el director del Instituto de Medicina Legal de Málaga a este diario mediante llamadas telefónicas del 24, 25 y 26 de junio, varios mensajes de WhatsApp a su móvil, y tres envíos de solicitud de información y aclaración de datos a su correo electrónico corporativo de la Junta de Andalucía. El Confidencial también se puso en contacto con la delegada de la Consejería de Justicia en Málaga, Nuria Rodríguez, para recabar su información sobre Díaz Ruiz.

El Instituto de Medicina Legal de Málaga ya se enfrentó a una polémica con su antiguo director, José María Caba, que estuvo 10 años en el puesto a propuesta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entonces dirigida por el PSOE. La Fiscalía denunció en 2013 cómo Caba derivó cadáveres a una empresa de prácticas tanatológicas donde participaba su mujer. ‘El Mundo’ publicó en julio de 2013 que en el reglamento del cuerpo de médicos forenses existía una “incompatibilidad absoluta para ejercer actividades tanatológicas privadas o embalsamamientos para el director del IML”.